Guatemala extradita a un capo del narcotráfico reclamado por EEUU

Chamalé está acusado de "conspiración para el tráfico de cocaína", se calcula que habría hecho llegar más de 40.000 kilos de esa sustancia hasta Estados Unidos, en connivencia con el Cártel de Sinaloa de Joaquín El Chapo Guzmán, a lo largo de por lo menos 10 años.

Según el expediente, Ortiz recibía la droga vía marítima directamente desde Colombia, la almacenaba en sus lujosas fincas ubicadas en el departamento (provincia) de San Marcos, fronterizo con México, desde donde la hacía llegar a sus socios del Cártel de Sinaloa quienes se encargaban de trasladarlas a territorio estadounidense.

Ortiz, cuya ingente actividad también le valió el mote de El amo del Pacífico, se encontraba en prisión desde marzo de 2011, cuando, atendiendo a una orden internacional de captura, fue detenido en un barrio de la ciudad de Quetzaltenango (oeste), la segunda capital en importancia del país. Desde entonces, sus abogados utilizaron cuanta argucia les permitía la ley para evitar su extradición.

Todo terminó la madrugada de este jueves, cuando Chamalé fue notificado por los guardias de la prisión de que sería entregado a las autoridades norteamericanas. Dada la peligrosidad del reo, las autoridades guatemaltecas implementaron un operativo de seguridad con ribetes de película.

Dos helicópteros de la Policía llegaron hasta el cuartel militar donde el reo estaba detenido. Uno de ellos aterrizó para ser abordado por Chamalé, mientras el otro sobrevolaba el recinto para evitar cualquier operativo destinado a liberar al prisionero. Ya con Chamalé a bordo, las dos aeronaves volaron directamente hacia el aeropuerto militar, donde un avión de la DEA aguardaba la entrega.

Luego de que los requisitos legales fueron llenados, el narcotraficante fue puesto en manos de las autoridades estadounidenses y llevado hasta Tampa, Florida.

Si Chamalé es encontrado culpable, podría enfrentar una condena de cadena perpetua. En tanto, los tribunales guatemaltecos agilizan los trámites para la expropiación de 10 fincas que el imputado habría comprado con el dinero obtenido con su actividad ilícita. No obstante, las autoridades locales enfrentan un obstáculo que no es de poca monta: Juan Alberto Ortiz tuvo tiempo suficiente para registrar esas propiedades a nombres de terceras personas, quienes las "vendieron" a otras, lo que complica el proceso de expropiación.