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El talante de Solís se enfrenta a las urgencias populares de Costa Rica

En sus primeras horas del gobierno, atiende una protesta por atrasos salariales, decreta intervención de red vial y hace un nombramiento polémico

Luis Guillermo Solís, en su primer día en la oficina presidencial
Luis Guillermo Solís, en su primer día en la oficina presidencial EFE

Una multitudinaria huelga de educadores que reclaman atrasos salariales, la necesidad de preparar la vulnerable red vial para la entrada de las lluvias tropicales y las vísperas de una negociación salarial de los burócratas con la presión del déficit fiscal. Estas son tres de las demandas populares que han recibido esta semana al nuevo presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. 

Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), echa mano del capital político que obtuvo sepultando medio siglo de bipartidismo después de haber ganado la presidencia con holgura (una diferencia de 55% con el candidato oficial). En su primer decreto ordenó una intervención inmediata de las carreteras nacionales, para evitar el colapso de puentes y alcantarillas con las lluvias de la época húmeda que comienza en mayo y que provocó graves apuros al gobierno de Laura Chinchilla. Solís lo firmó mientras un aguacero tupido daba la nota final a la ceremonia de investidura de este jueves.

Al día siguiente, el presidente apenas tuvo posibilidad de pisar su despacho nuevo cuando llegaron dirigentes sindicales de los maestros. Acompañados por miles de manifestantes, intentaron negociar sin éxito una salida a la huelga vigente desde la última semana del gobierno de Laura Chinchilla. La protesta, con la cual el presidente y los diputados se han solidarizado, continúa hasta que se pongan al día los pagos atrasados por un aparente problema en el programa informático. Solís, hijo de maestra, ha dicho ser consciente de la importancia del gremio de unos 60.000 trabajadores en este país que se ufana de su red de educación pública.

Estas fueron las primeras 36 horas del gobierno de “cambio” que se ha propuesto Solís, aferrado a cumplir con la promesa de transparencia y de combate a la corrupción que hizo en su discurso del 8 de mayo. Uno de esos gestos fue mandar a cortar una fila de arbustos que impedía a los ciudadanos ver qué ocurría al otro lado de las rejas del edificio presidencial, ubicado en el distrito Zapote, al este del casco capitalino. El presidente insiste en llamar “casa de cristal” a la sede del Gobierno.

Mientras un jardinero derrumbaba el muro vegetal, Solís tenía reunidos a todos sus ministros para resolver asuntos administrativos propios de quienes no están familiarizados con los vericuetos de la burocracia. Tuvieron que volver a juramentar a los miembros del equipo de Gobierno para evitar algún error de legalidad.

Vienen las pruebas.

Este caudal de apoyo popular “no es un cheque en blanco”, como pronunció Solís en su discurso, pero sí un fuerte respaldo para encarar decisiones duras como la próxima negociación salarial de junio pese al déficit fiscal cercano al 6% del PIB. Será una difícil prueba de la capacidad de negociación del Gobierno, a pesar de que recoge el apoyo de organizaciones sindicales.

“El presidente sigue congruente con el espíritu de su campaña, con medidas simbólicas que le pueden ayudar a mantener el capital político mientras va tomando las primeras decisiones de su gobierno, algunas de las cuales pueden generar controversias”, opinó el analista Constantino Urcuyo, profesor de actualidad política en la Universidad de Costa Rica (UCR). El académico está convencido de que la llegada de Solís al poder representa el inicio de una nueva era política en Costa Rica. 

Una de esas controversias sobrevino el mismo jueves de la investidura presidencial. El mandatario casi acababa su primera conferencia de prensa cuando anunció algo sorprendente. No solo mantendrá en funciones la cuestionada Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) que su partido pretendía cerrar por considerar que se prestaba para el espionaje político. Confirmó que la pondrá en manos de Mariano Figueres, hermano del expresidente José María Figueres Olsen (PLN, 19094-1998), ambos hijos de José Figueres Ferrer, máximo caudillo del siglo XX en Costa Rica, fundador del ahora mayor partido opositor, tres veces gobernante y autor de la abolición del ejército en 1948.

Mariano Figueres se autodefinió este viernes como “un chancletudo” (de chancleta o sandalia). La DIS, según sus palabras en un programa radiofónico de opinión, ha hecho daño a los chancletudos y por eso es bueno que un chancletudo llegue ahí. Es un hombre resuelto, a quien no se le conoce por florituras. En 2010, cuando se detonó el conflicto entre Costa rica y Nicaragua por una disputa territorial, Figueres cuestionó la respuesta jurídica de Chinchilla y propuso tomar las armas a pesar de que su padre abolió el ejército hace 65 años.

“De todos los nombramientos, este es el más espeluznante”, dijo el analista libertario costarricense Juan Carlos Hidalgo, miembro del Instituto Cato, uno de los principales centros de pensamiento en Washington. El equipo de Gobierno de Solís es una mezcla de académicos debutantes en la función pública, antiguos jerarcas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC, contraparte del PLN durante el bipartidismo) y militantes del PAC, con un solo ministro heredado del gobierno de Chinchilla, el de Seguridad. Todos están coordinados por el ministro de la Presidencia Melvin Jiménez, un obispo de la iglesia luterana, activista social y hombre de confianza del mandatario.

Solís mencionó la necesidad de cumplir con una inversión en educación del 8% del PIB, como establece la Constitución Política, aunque ya es el país centroamericano que más recursos dedica al sector. Los maestros, aún en huelga, son solo uno de los gremios que están a la expectativa del cumplimiento de estas metas más allá del buen talante presidencial en sus primeros días. Aún en las calles muchos corren por una foto selfie con él.

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