Los grupos de autodefensa de Michoacán encaran divididos su disolución

Las autodefensas de Michoacán, al oeste de México, tienen las horas contadas. El movimiento civil espontáneo, sin reglas ni registro, que nació el 24 de febrero de 2013 fruto del hartazgo de una sociedad violentada por el crimen organizado, desaparecerá este sábado cuando se cumpla el plazo acordado con el Gobierno federal para “guardar las armas”. El comisionado para la Seguridad en el Estado, Alfredo Castillo, antiguo procurador del consumidor y antes fiscal del Estado de México cuando ahí gobernaba el hoy presidente Enrique Peña Nieto, ha anunciado esta semana que no habrá ninguna prórroga. El movimiento se acerca a la fecha, además, dividido por las tensiones internas entre sus propios líderes. El dirigente de los comunitarios en Tepalcatepec, José Manuel Mireles, fue detituido en las últimas horas del Consejo General de las Autodefensas.

“Lo que pasa el día 10 es que cambiamos de camiseta, pero la lucha es la misma”, explicaba Mireles en una entrevista reciente. “Nuestras camionetas ya no dirán autodefensas sino policías rurales”. El pañuelo amarillo y la playera blanca que portaban como distintivo en sus ofensivas serán sustituidos ahora por el uniforme oficial, pero no es lo único que cambia. A partir del día 11, y según lo pactado, todo aquel que posea un arma que no esté registrada, pasará a disposición de las autoridades.

“La fecha es tan solo un punto de partida para volver al orden, que los comunitarios asuman su condición de ciudadanos en cumplimiento de la ley y el Gobierno haga la tarea que le corresponde de garantizar la seguridad”, dice el michoacano Erick López Barriga, exdiputado federal, y exsecretario técnico en el Gobierno del Estado, actualmente investigador de la Universidad de Berkeley.

Hasta el momento, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha recibido, registrado y devuelto un total de 6.086 armas para tener una base de datos de las autodefensas. Y no se trata de pistolitas ni de rifles de la revolución. Además, hasta el jueves, 3.316 personas habían solicitado ante la Secretaría de Seguridad Pública estatal su registro para formar parte de la Fuerza Rural michoacana, que permitirá a los civiles participar en la vigilancia de sus comunidades, pero sin recibir un salario a cambio. El plazo para la inscripción acaba este viernes y las cifras son difíciles de valorar debido a la ausencia de registros previos. En alguna ocasión, los líderes de las autodefensas hablaron de unas 15.000 personas dentro del movimiento, pero el número no es, ni mucho menos, oficial.

La fotografía actual de Michoacán es todo menos nítida. Por un lado en tan solo 120 días, la comitiva enviada por Peña Nieto ha logrado desarticular a los principales capos del cártel de Los Caballeros Templarios. A falta de Servando Gómez La Tuta, la lista de los caídos incluye hasta al ideólogo de la banda, Nazario Moreno El Chayo, abatido en marzo después de haber sido dado por muerto en 2010 durante un enfrentamiento con la Policía Federal de la Administración de Felipe Calderón (2006-2012). Los enviados del presidente han emprendido también acciones legales contra varios alcaldes. Y en más altos niveles, el extesorero de la entidad Humberto Suárez (acusado de peculado y abuso de autoridad) y el exgobernador interino y secretario de Gobierno de Michoacán, Jesús Reyna (presuntamente relacionado con el crimen organizado), han sido enviados a prisión en estos cuatro meses.

Asimismo, la presencia de militares, marinos y agentes de la Policía Federal ha facilitado el desbloqueo de regiones y carreteras que durante meses fueron intransitables para los vecinos de los municipios alzados. En Lázaro Cárdenas, puerto estratégico para la entrada de mercancías por la costa del Pacífico que hasta noviembre pasado estaba en manos de templarios, las autoridades intervinieron minas ilegales. Además, a comienzos de febrero, Peña Nieto anunció una inversión de 3.400 millones de dólares para la recuperación de Michoacán, una cantidad superior a la destinada nunca a ningún otro estado.

En el extremo opuesto de la balanza, los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que pese al plan de paz acordado con el Gobierno estatal la violencia no cesa. Según las cifras, los homicidios dolosos subieron este año un 55 % entre enero y marzo en comparación con el mismo período de 2013 (272 frente a 175). Aumentaron también los robos con violencia, 788 frente a los 688 de 2013. Las sustracciones de ganado -Tierra Caliente es una región dedicada al cultivo de algunas frutas y a la ganadería- casi se duplicaron y las denuncias por secuestro y violación sexual se incrementaron (56 frente a 39 en el primer caso, y 108 frente a 84 en el segundo). Además, en declaraciones a este diario hace unas semanas Estanislao Beltrán, vocero de los comunitarios, aseguraba que parte de la estructura criminal no se ha desarticulado, sino que se ha movido a las entidades colindantes, fundamentalmente al Estado de México. Aunque el comisionado Alfredo Castillo lo niega, algunas informaciones apuntan también al surgimiento de un nuevo cártel que contaría con el apoyo del grupo del narco Nueva Generación (de Jalisco): La Tercera Hermandad o H3.

Por otro lado, sea un éxito o fracaso para el Gobierno federal, el movimiento civil está ya atomizado y enfrenta varios problemas. En las últimas horas, las declaraciones públicas del doctor Mireles han desatado una nueva crisis dentro de las filas de las autodefensas. Las revelaciones del cirujano sobre la existencia de grupos paralelos dentro de los comunitarios que estarían abusando de su condición y la sugerencia de los nexos de algunos integrantes con el crimen organizado han provocado que el Consejo General de Autodefensas no lo reconozca como portavoz.

Además, el fundador de las autodefensas y líder en la comunidad de la Ruana, Hipólito Mora, lleva desde el pasado mes de marzo en prisión, acusado del homicidio de Rafael Sánchez y José Luis Torres, dos vecinos del municipio. Desde su detención, el miedo y la censura informativa –los periodistas no pueden pisar la zona- han vuelto a La Ruana, una comunidad de 10.000 habitantes perteneciente al municipio de Buenavista Tomatlán, controlada ahora por Luis Antonio Torres, más conocido como El Americano.

La situación del hasta ayer líder, José Manuel Mireles, es bien distinta. Algunas fuentes aseguran que el cirujano podría presentarse como diputado federal por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática en las elecciones de 2015 (el proceso comienza en noviembre de este año) y la presencia mediática y el liderazgo ejercido aún después de un accidente de avioneta que casi le cuesta la vida galvanizan esa tesis.

Aunque el 10 de mayo marca un punto de inflexión en el conflicto michoacano, quedan muchos cabos por atar. "El tejido social sigue fracturado, las condiciones para el desarrollo económico de la población todavía son negativas y las estructuras institucionales continúan quebradas", reflexiona López Barriga. "Difícilmente se podrá desarmar en el corto plazo a todos los grupos de autodefensa y de igual manera será muy complicado que el Gobierno garantice de forma efectiva la seguridad en el conjunto del Estado", añade. Una cuestión sí es clara: el tiempo en el que el Gobierno dejaba hacer a los civiles armados terminó. Y aún no se sabe si ese retorno es una buena noticia o no.

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