Egipto condena a muerte al líder de los Hermanos Musulmanes

Los Hermanos Musulmanes recibieron un duro golpe este lunes. Un tribunal de la provincia de Minia sentenció a muerte a su Guía Supremo, Mohamed Badie, así como a otras 682 personas, supuestamente seguidores de la Hermandad, por los actos de violencia que tuvieron lugar en la localidad de Adua, y en los que murió un policía. Los hechos sucedieron en las horas siguientes al brutal desalojo por parte de la policía del campamento islamista de Rabá al Audawiya, a mediados de agosto, y que se saldó con la muerte de centenares de personas.

La Hermandad calificó el veredicto de “espeluznante” y aseguró que “continuará usando todos los medios pacíficos para acabar con el gobierno militar”, según una nota que difundió desde Londres, informa Reuters. Miles de hermanos musulmanes han sido encarcelados tras el golpe de Estado del verano pasado.

El juez, Said Youssef, es el mismo que a finales de marzo ya condenó a muerte a 529 personas acusadas de cargos muy parecidos: el asalto a la comisaría de Matay y el linchamiento y asesinato de su director. De acuerdo con la ley egipcia, toda condena de muerte debe ser revisada por el muftí de la República -una autoridad religiosa- antes de ser firme. En la misma sesión en la que Youssef dictó la sentencia a muerte de Badie, y una vez recibida la opinión del Gran Muftí de la República, que no es vinculante, decidió conmutar la pena de muerte a cadena perpetua para 492 personas, mientras que mantuvo la pena capital para el resto. Según se había filtrado a la prensa los días anteriores, el Gran Muftí aconsejó conmutar la pena a todas aquellas personas que no estuvieran directamente relacionadas con el asesinato del agente.

Además de Guía Supremo de los Hermanos, entre los condenados se cuentan otros prominentes líderes de la Hermandad, como Saad Katatny, el que fuera presidente del primer Parlamento electo tras la revolución que depuso a Hosni Mubarak.

Los dos procesos de hoy forman parte de un total de cuatro macrojuicios con más de 2.000 personas encausadas, todas ellas en el mismo distrito judicial, en Minia, y por cargos muy parecidos que van desde la destrucción de la propiedad , a incitación a la violencia, y asesinato. Las condenas han suscitado una gran polémica tanto dentro de Egipto, como sobre todo a nivel internacional. Tanto EEUU, como la Unión Europea y la ONU censuraron la falta de garantías de un juicio cuyo veredicto, por la gravedad de la pena y el número de los imputados, no tiene precedente en la historia contemporánea.

Además de la severidad del veredicto, suscitó una lluvia de críticas el hecho de que no se hubieron respetado unas garantías procesales mínimas. Por ejemplo, en ambos juicios se han celebrado solo dos sesiones, la de apertura y la de emisión del fallo, y esta última tuvo lugar tan solo unos días. A varios de los abogados de la defensa no se les permitió la entrada a la sala, y otros no pudieron presentar sus argumentos. Asimismo, tampoco estuvieron presentes la mayoría de los imputados, ya sea porque se encuentran huidos de la justicia, o porque su traslado a la corte esta considerada arriesgada desde el punto de vista de la seguridad.

“Es dudoso que el Estado egipcio va realmente a ejecutar a cientos de personas en un caso judicial. Pero el daño a las familias ya está hecho”, opinó el analista H. A. Hellyer, de la Brookings Institution. Muchos observadores políticos coinciden en augurar que las penas de muerte serán revocadas en el tribunal de casación. Aunque en Egipto la pena de muerte es legal, durante los últimos años, el Estado ha pospuesto su aplicación en la mayoría de casos.

El duro veredicto se enmarca en una campaña de represión cada vez más intensa contra los Hermanos Musulmanes que se inició después del golpe de Estado del pasado verano. Los medios de comunicación afines a la cofradía islamista han sido clausurados y la práctica totalidad de sus líderes están encarcelados. A finales de diciembre, el Gobierno declaró “organización terrorista” al histórico movimiento islamista, que a pesar del hostigamiento recibido, continúa organizando manifestaciones de protesta de forma periódico que son reprimidas duramente.

Sin embargo, no solo los islamistas padecen el hostigamiento de policía y tribunales, sino que toda voz disidente es susceptible de ser acusada de traición a la patria. Este es el caso del movimiento juvenil del 6 de Abril, que desempeñó un papel central en la Revolución que destronó al ex dictador Hosni Mubarak. Un tribunal de El Cairo ha ordenado el lunes su ilegalización al considerarlo culpable de los cargos de “espionaje” y de “difamación del Estado egipcio”. Este tipo de acusaciones, junto con la de recibir fondos del extranjero, eran habituales durante el antiguo régimen de Mubarak.

El falló insta al presidente interino, Adly Mansur, y al primer ministro, Ibrahim Mahlab, y al ministro del Interior, a congelar los activos de la organización, prohibir cualquiera de sus actividades, y confiscar sus locales. Uno de sus fundadores, y su líder más carismático, Ahmed Maher, se encuentra entre rejas desde diciembre y con una condena a tres años de cárcel por haber organizado una manifestación ilegal. A pesar del acoso, los jóvenes del 6 de Abril han mantenido sus protestas, y el pasado sábado se congregaron frente al Palacio Presidencial para pedir la anulación de la draconiana ley de manifestaciones.

Más de tres años después de la rebelión que relanzó la llamada Primavera Árabe, Egipto vive un periodo de gran polarización política. Las autoridades surgidas del golpe militar diseñaron una hoja de ruta cuyo punto culminante es la celebración de elecciones presidenciales los próximos días 26 y 27 de mayo. Los dos únicos candidatos en liza son Abdelfattá al-Sisi, ex ministro de Defensa y hombre fuerte del nuevo régimen, y Hamdin Sabbahi, un político nasserista que quedó tercero en las últimas presidenciales en las que venció el ex raïs Mohamed Morsi. La campaña de Sabbahi se ha quejado en repetidas ocasiones del hecho que el aparato estatal no es neutral, sino que favorece a Sisi.