La UE teme a un gobernante reforzado

La UE teme nuevas andanadas del más controvertido de sus primeros ministros. Tras los previsibles mensajes de felicitación que enviarán las instituciones comunitarias a Viktor Orbán se esconde el recelo hacia un líder que ha desafiado a Bruselas. Sus deslices autoritarios colmaron la paciencia del presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, y de la vicepresidenta Viviane Reding, ambos de su misma familia política, el Partido Popular Europeo.

Bruselas ha aprendido una importante lección en Hungría. Hasta que Orbán comenzó a laminar los principios del Estado de derecho, los europeos creían que la democracia estaba garantizada por el hecho de pertenecer al club comunitario. Los sucesivos cambios en la Constitución húngara para apartar a jueces molestos, limitar la libertad de prensa y controlar al banco central del país encendieron todas las alarmas en el Ejecutivo comunitario, impotente ante un desafío como el que planteaba Orbán.

Tres años después de que la Comisión comenzara a censurar los cambios legislativos en Budapest, el proceso dista de ser un éxito. El Ejecutivo comunitario alzó la voz cuando comprobó que Orbán pretendía deshacerse de los jueces que consideraba más molestos obligándolos a retirarse a los 62 años. Por ello le abrió un procedimiento de infracción.

Bruselas también censuró la potestad que se daba a la fiscalía para transferir casos de un juzgado a otro, presumiblemente con la intención de adaptar las sentencias al gusto de la Administración. Y se escandalizó ante la ocurrencia de Orbán para responsabilizar a los ciudadanos de su desprecio a los cánones europeos: imponerles una tasa si el país recibía alguna multa por incumplir los preceptos comunitarios.

Con cruces de cartas y retoques en las normas, Hungría logró salir más o menos indemne de esta ofensiva. Algo similar ocurrió con los ataques a la libertad de expresión. Las autoridades húngaras suavizaron sus propuestas, aunque ni en este caso ni en los anteriores la Comisión es capaz de decir si las modificaciones restablecen el respeto al Estado de derecho. Formalmente, solo queda pendiente un caso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, relativo al golpe a la independencia de la autoridad nacional de protección de datos.

La involución de Hungría ha puesto a prueba el escaso margen de maniobra de Bruselas, enfrentada a un primer ministro que incluso se presentaba como víctima de los ataques comunitarios. Convencida de que faltan instrumentos legales para atajar las erosiones al Estado de derecho, el Ejecutivo comunitario presentó el mes pasado una herramienta de alerta temprana para frenarlas. A pocas semanas de las elecciones europeas, está por ver que los jefes de Estado y de Gobierno accedan en la próxima legislatura a crear un instrumento que permita escrutar su nivel democrático.