La sospecha de corrupción planea sobre algunos líderes del Congreso mexicano

Al menos una decena de alcaldes mexicanos afirma que algunos diputados del Congreso de México les obliga a pagarles “comisiones” (sobornos) a cambio de mayores recursos públicos para sus municipios. El escándalo, que estalló hace cuatro meses, ha vinculado la práctica a líderes del oficialista PRI (Partido Revolucionario Institucional) y el conservador PAN (Partido Acción Nacional), que ocupó la presidencia de México durante los últimos 12 años. Los medios locales se refieren a la trama ilegal como “los moches”. “Mocharse” en mexicano significa exigir un favor a cambio de otro y los moches que salpican a los legisladores del Congreso de México es lo que el resto del mundo llama corrupción.

Las primeras informaciones, publicadas en noviembre pasado en el diario Reforma, detallaban que los alcaldes debían contratar a empresas fantasma vinculadas a los legisladores a cambio de que enviaran mayores recursos para la sanidad, educación y urbanización de sus municipios. La trama de corrupción involucraba, supuestamente, al coordinador de los diputados del PAN en el Congreso, Luis Alberto Villarreal, legislador por Guanajuato (centro del país).

La práctica descrita dibuja una sofisticada corruptela que funcionaba en dos etapas: Villarreal se reunía con los alcaldes y les ofrecía el apoyo de su bancada para conseguir el apoyo federal. Días después, un diputado “de toda su confianza” se aparecía para informar al presidente municipal que podía contar con el dinero, pero que necesitaba antes “ayudar” al legislador. El dinero de los contribuyentes mexicanos es pagado a empresas fantasma relacionadas con los políticos.

El alcalde de Celaya, una ciudad guanajuatense situada a 260 kilómetros al noroeste del Distrito Federal, Ismael Pérez Ordaz (PRI), describía así en noviembre la red de corrupción: “Ustedes se dieron cuenta que para la parte de obra pública llegó una aportación de 160 millones de pesos [12 millones de dólares] para pavimentaciones [asfaltar]. Estos recursos llegaron promocionados por las fuerzas políticas de los diputados [del PAN]”. El moche, la extorsión, consistía en que el municipio contratara a una empresa señalada por los diputados y exigían un sobrecoste de un 35% “para que pudiera ser solventado el asunto”, dinero que se quedaba en manos de los políticos. La reunión fue grabada y el audio fue difundido por Reforma en enero.

El escándalo ha salpicado a los líderes en la Cámara baja del oficialista PRI y el conservador PAN

Los involucrados negaron con firmeza la práctica e incluso algunos han anunciado denuncias judiciales contra las acusaciones. Marcos Aguilar, diputado por Querétaro, afirmó que se trataba de una campaña “de desprestigio” en contra de su partido. “Esta campaña de mentiras obedece a un tema nacional que atiende a intereses que pretenden dañar la imagen de integrantes del PAN”, declaró entonces.

En respuesta, el PAN ha anunciado también que propondrá cambios en la legislación para evitar cualquier desvío del gasto federal que gestionan los diputados La polémica, además, ha atizado la contienda en el interior del partido, que está por elegir a su nuevo dirigente nacional. Gustavo Madero, el actual líder que busca la reelección, es considerado como un mentor de algunos de los señalados.

Pero aunque el escándalo estalló en noviembre, la tormenta arreció la semana pasada, cuando una investigación elaborada por el periódico AM, de León (Guanajuato) y también publicada en Reforma, reveló que empresas presuntamente vinculadas al líder de los diputados del PRI en la Cámara baja, Manlio Fabio Beltrones, habían recibido millonarios pagos de municipios guanajuatenses. Según el artículo, de nuevo el alcalde de Celaya, Ismael Pérez Ordaz, dijo en la misma reunión privada en noviembre que Beltrones también le llegó a ofrecer 160 millones de pesos (12 millones de dólares) de dinero público a cambio de su “comisión” y de, igualmente, contratar a las empresas que le indicaran.

Los legisladores piden  que los municipios contraten a las empresas que ellos elijan con un sobrecoste del 35% pagado con dinero público

Las empresas que recibieron el dinero público de las alcaldías se sitúan en Hermosillo, Sonora, el estado del que es originario Beltrones, al norte del país y a 1.600 kilómetros de Celaya, a una distancia similar a la que separa a París de Madrid. Además están a nombre del hijo de un colaborador del líder de los diputados priístas. El PRI es el partido del presidente Enrique Peña Nieto.

Beltrones, por su parte, ha rechazado rotundamente las acusaciones y señaló que no se sustentan con pruebas. “Espero que esta nota tomada de una ‘supuesta investigación’, sea eso y no una escalada de intentos de desprestigio a su servidor o a otros miembros de la Cámara de Diputados”, escribió en una carta pública dirigida a Reforma. El PRI ha cerrado filas en su apoyo. El coordinador de los priístas en el Senado mexicano, Emilio Gamboa, calificó ayer de “mentiras” las acusaciones contra su compañero de partido. “Rechazo esa calumnia que busca manchar el nombre de un hombre que sabe trabajar por México y por su patria”, afirmó. El también priísta Pérez Ordaz ha negado tener contacto con Beltrones.

México es, según Transparency International, uno de los países más corruptos de América Latina. Seis de cada 10 empresarios mexicanos reconocen que, para obtener contratos en el país, es necesario pagar al menos un soborno a algún representante del Gobierno, según una investigación realizada en julio pasado por la consultoría Ernst & Young. La falta de transparencia y la impunidad en las corruptelas causaron que México quedara fuera del listado de los 10 países idóneos para invertir por las grandes empresas extranjeras, según la firma Chief Executive Officer. La corrupción deja pérdidas a las empresas de al menos un 5% y, en la opinión de los directivos entrevistados, las autoridades están dispuestas a atajar el problema pero “no son muy eficaces”.