Las reyertas judiciales tras las elecciones en Ecuador

El pasado 23 de Febrero se celebraron elecciones municipales en Ecuador. El resultado fue contundente en contra de Rafael Correa, cuyo partido perdió en la gran mayoría de los distritos del país, incluidos Quito, Guayaquil y Cuenca. Sin embargo, Correa ha decidido desoír la frustración de los ecuatorianos. En lugar de abrir espacios para el diálogo, el presidente parece continuar firme en su estrategia de criminalizar al periodismo, a la oposición, la protesta e incluso el humor.

Esta estrategia de persecución judicial tiene su origen en la consulta popular del año 2011, a través de la cual, Correa pudo desintegrar la anterior Corte Nacional de Justicia, y crear un Consejo Transicional de la Judicatura que estaría a cargo de la selección de los nuevos jueces. Este proceso de selección se vio viciado por un sin número de irregularidades, las cuales fueron denunciadas por el exjuez Español Baltazar Garzón, quien a pedido del gobierno, tuvo a su cargo la misión de observación internacional del proceso.

Gracias a este proceso, hoy Rafael Correa controla las Cortes del Ecuador a su conveniencia. Las trágicas consecuencias están a la vista en cada una de las sentencias que estos jueces emiten, constantemente, en contra de periodistas, dirigentes opositores y líderes sociales. Veamos algunas:

La primera sentencia poselectoral ocurrió el pasado 17 de marzo, cuando la Jueza Lucy Blacio ratificó la condena a 18 meses de prisión, una multa y un pedido de disculpas públicas al presidente, en contra del Asambleísta Clever Jiménez, el periodista Fernando Villavicencio y el Doctor Carlos Figueroa. Esta ratificación ocurrió inmediatamente después de que los conjueces en la causa rechazaran el pedido de recusación contra la Jueza.

A estos tres individuos se les acusa de haber “abusado” del sistema judicial, por el simple hecho de haber pedido al fiscal que inicie una investigación en contra el presidente de la República, por su responsabilidad en las muertes durante las protestas policiales del 30 de septiembre de 2010. La Corte Nacional de Justicia archivó dicho pedido, calificándolo de “malicioso y temerario”. Posteriormente, el presidente Correa inició un juicio contra ellos por el “delito” de injuria judicial.

El perfil de la jueza Blacio merece un párrafo aparte. Su llegada a la Corte Nacional se vio viciada por la irregular asignación de puntajes. El concurso para acceder a la Corte se basaba en dos etapas: una etapa de méritos, y una entrevista personal. En la etapa de méritos, los puntajes de Blacio fueron decepcionantes, ubicándola en el puesto 45 (solo 21 jueces entraban a la Corte). Sin embargo, durante la entrevista personal, se le asignó una puntuación de 10 sobre 10, lo cual la posicionó inmediatamente en el puesto 21, ingresando así a la Corte Nacional en el último lugar. Esto fue denunciado por el asambleísta Andrés Páez y señalado por el informe de observación internacional del exjuez Baltasar Garzón. Además, Blacio posee una trayectoria dentro de la Administración de Rafael Correa, habiendo sido miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

La segunda sentencia poselectoral fue en contra de Alejandra Cevallos, joven de 27 años, madre, abogada y estudiante de Ciencias Políticas. Días atrás, un Juez ratificó la condena a cuatro años de prisión en contra ella por el presunto delito de “terrorismo y sabotaje”, luego de supuestamente haber interrumpido la señal al aire de Ecuador TV, el día 30 de septiembre de 2010, cuando en realidad, ella había sido invitada en vivo por el director de noticias del canal.

Al igual que ocurrió con el juicio contra el diario El Universo y contra Emilio Palacio, y con el juicio contra Clever Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, la sentencia en contra de Cevallos constituye un nuevo intento del presidente Correa de suprimir cualquier tipo de investigación sobre los hechos ocurridos aquel 30 de Septiembre.

Pocos quizás recuerden que el inicio del avance de Rafael Correa sobre los medios de comunicación comenzó en el año 2008, cuando a través de una acción administrativa, ordenó la incautación de más de 200 empresas del Grupo Isaías, entre ellas, tres de los canales de televisión más importantes del país. El día siguiente a la incautación, Correa logró la aprobación del Mandato Constituyente No. 13, el cual ratifica la validez de la incautación y la blinda ante cualquier disposición legal que pueda revertirla, declarándola no susceptible de acción de amparo constitucional, ordenando archivar cualquier acción de ese tipo y destituyendo a cualquier juez que pudiese dar lugar a la misma.

El pasado Jueves 13 de Marzo, el Juez Paúl Iñíguez sentenció a los hermanos Isaías a 8 años de prisión, en un procedimiento que, una vez más, se encontró plagado de irregularidades, como por ejemplo el delito de prevaricación, pues el propio Juez, tiempo antes de emitir la sentencia, había anticipado cual sería el dictamen.

La llegada de Iñíguez a la Corte Nacional también se encuentra afectada por graves irregularidades. Luego de la etapa de méritos del concurso, Iñíguez se encontraba en el puesto 41, con lo cual no le tocaba ingresar a la Corte Nacional. Sin embargo, en la entrevista, se le dio un puntaje de 9.9/10, lo cual lo hizo saltar hasta el puesto 20, y por tanto, ingresar a la Corte. Iñiguez no oculta su afiliación partidaria a Alianza País, el partido del presidente, habiendo sido precandidato a Alcalde de Gualaceo en el año 2009. Del mismo modo, ocupó diversos puestos en el Gobierno de Correa, dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como asesor durante la Asamblea Constituyente del 2008, y asesor en la Asamblea Nacional.

Estas “Sentencias poselectorales” son solo el comienzo. Días atrás la policía de escolta presidencial detuvo a David Mármol, un joven recolector de firmas para la campaña “Yasunidos”. De acuerdo con sus propias declaraciones, la razón de la detención fue el haber “bajado el pulgar” al presidente Correa durante una caravana presidencial. Mármol dijo haber sido amenazado con hasta 6 años de prisión si no pedía disculpas públicas al presidente.

El 15 de Marzo, el ministro del Interior de Ecuador, José Serrano, anunció a través de su cuenta de Twitter, el inicio de una querella judicial contra el abogado Joffre Campaña Mora por supuestas injurias a través de su cuenta de Twitter. Joffre Campaña fue uno de los abogados que representó a El Universo en el juicio que el presidente Correa la siguió a dicho diario.

El descontento ante esta situación de persecución judicial ya se ha trasladado a las urnas. Sin embargo, los ecuatorianos carecen de mecanismos legales ante los cuales presentar sus denuncias y hacer frente a esta situación. A través de la persecución Rafael Correa ha logrado ir cerrando los espacios para la disidencia, criminalizando la oposición, la protesta, el periodismo, e incluso el humor, tal como se vio en la acción en contra de el caricaturista Xavier Bonilla. Ante esta situación, queda por preguntarse: ¿Existe la democracia en Ecuador?

Ezequiel Vázquez-Ger es consultor y analista político basado en Washington DC. Twitter: @Ezequielvazquez | www.ezequielvazquez.com