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Tribuna
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Continentes diferentes, una misma lucha

Sin presión internacional, Irán continuará encarcelando a trabajadores y defensores de derechos humanos

Como activista obrero iraní, comparto las aspiraciones de muchos en América Latina. Los esfuerzos de aquellos que han luchado por defender los derechos de los trabajadores y los pobres en la región siempre me han inspirado. A diferencia de mi país, los movimientos de trabajadores en América Latina han tenido éxito colocando a sus miembros en el gobierno y asegurando el paso de reformas a su favor.

En Irán, no tenemos aliados en el gobierno. De hecho, tenemos todo lo contrario. Tenemos un gobierno empeñado en aplastar a los sindicatos, activistas y defensores de derechos humanos. Como jefe del Sindicato de Conductores de Autobuses de Teherán, conozco esto por experiencia personal.

Para la mayoría de los iraníes, los salarios son peligrosamente bajos, la salud y la seguridad en el lugar de trabajo son inexistentes, y los programas sociales necesarios están siendo recortados. Abogar por los derechos de los trabajadores, sin embargo, está fuera de discusión. Incluso contemplar llevar a cabo reuniones sindicales o participar en huelgas puede traer consigo consecuencias terribles.

En Irán, hay por lo menos 900 presos políticos y prisioneros de conciencia, al menos 30 de los cuales son activistas laborales. Yo mismo estuve encarcelado durante más de cinco años, simplemente por defender el sindicato de conductores de autobuses y los salarios de sus miembros. Fui torturado físicamente, y amenazado constantemente. Mi esposa e hijos fueron acosados, encarcelados y maltratados.

A diferencia de lo que argumentan los esfuerzos de relaciones públicas del nuevo gobierno, la situación de los derechos humanos no ha mejorado desde que el presidente Hassan Rouhani asumió el cargo hace ocho meses. Y para los trabajadores, la situación es aún más sombría.

El salario mínimo establecido por el gobierno sólo cubre una cuarta parte de lo que las familias realmente necesitan para sobrevivir. Las medidas de seguridad en el trabajo son ignoradas; en promedio, cinco trabajadores mueren a diario en fábricas y obras de construcción inseguras. Quejarse de estas injusticias tiene consecuencias puesto que los trabajadores que protestan o critican el sistema son a menudo despedidos. Aunque las sanciones ciertamente han afectado a la economía iraní, la mayoría de estas y otras políticas antiobreras anteceden a las sanciones.

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Recientemente, las fuerzas de seguridad detuvieron ilegalmente a más de 28 trabajadores de la mina de Chadormalu en la provincia central de Yazd. En los últimos meses, más de 3.000 trabajadores han estado solicitando aumentos salariales compatibles con la inflación y el pago de horas extraordinarias debidas. Mientras que los funcionarios habían prometido abordar estas cuestiones, eventualmente decidieron detener a los individuos que tenían el mayor impacto en la organización, incluyendo al jefe y al secretario del sindicato, simplemente para evitar futuras protestas laborales.

Mientras que Irán continúa dando pasos hacia atrás, los países de América Latina han mejorado en materia de derechos laborales en la última década. Apenas el año pasado, el gobierno, los sindicatos y los líderes de industrias argentinas participaron en negociaciones y acordaron aumentar el salario mínimo un 25 por ciento. Después de sufrir un incidente minero devastador en 2010, el gobierno chileno ha estado llevando a cabo mejoras significativas en cuanto a la seguridad laboral, reduciendo el número de muertes en un 40% y alcanzando su nivel más bajo en 21 años. Venezuela aprobó una ley laboral que establece que los salarios deben incluir los aumentos de los convenios colectivos y concede pensiones de jubilación a todos los trabajadores, incluyendo a madres de tiempo completo y trabajadores autónomos.

Sin embargo, los trabajadores iraníes no sólo necesitan que los países de América Latina sean modelos a seguir con respecto a los derechos laborales. Países como Argentina, Chile y Venezuela también deben ser aliados en el cumplimiento de los derechos humanos.

Los líderes de América Latina conocen nuestra lucha; la han experimentado ellos mismos. El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un exprisionero de conciencia, logró aprobar importantes reformas y abogó por la dignidad de los trabajadores durante su régimen. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, un exconductor de autobús y sindicalista, es propenso a etiquetarse a sí mismo como el “primer trabajador-presidente de Venezuela.” La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, estuvo encarcelada y fue forzada al exilio durante el régimen de Augusto Pinochet. Regresó años después a Chile convirtiéndose en una prominente activista de derechos humanos.

Es lamentable que algunos de los estados latinoamericanos que más hablan sobre la importancia de proteger los derechos de los trabajadores y los pobres sean los que más firmemente defiendan a Irán en cuanto a violaciones de derechos humanos.

Pido que estos y otros líderes de América Latina, quienes han luchado por los derechos laborales en sus países, apoyen a los iraníes comunes. Espero que opten por renovar el mandato del experto independiente de las Naciones Unidas, el Relator Especial que monitorea específicamente la situación de los derechos humanos en Irán. En un país donde los derechos son limitados, tener un experto independiente que está encargado de abogar por nosotros nos da un micrófono para expresar nuestros sufrimientos y demandas.

Sin presión internacional, el gobierno iraní continuará intimidando y encarcelando a los trabajadores y otros defensores de los derechos humanos sin consecuencia alguna.

La presión internacional me ayudó a recuperar mi libertad hace unos años, demostrando el poder que la comunidad internacional puede tener cuando se insiste en la responsabilidad y la justicia. El 24 de marzo, los países de Latinoamérica volverán a tener el poder de influir en el voto del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Irán. Un voto a favor de la resolución les dará la oportunidad de demostrar globalmente su compromiso con los movimientos obreros y de honrar a los cientos de iraníes que luchan a diario por sus derechos humanos.

Mansour Osanlou es uno de los principales activistas de derechos de los trabajadores y de derechos humanos, quien estuvo encarcelado en varias ocasiones en Irán. Él fue el jefe del Sindicato de Conductores de Autobuses de Teherán y fue reconocido como prisionero de conciencia por Amnistía Internacional.

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