Las agendas de Sarkozy seguirán en manos de la justicia

El Tribunal Supremo francés ha decidido hoy que las agendas oficial y privada de Nicolas Sarkozy sigan en manos de la justicia, sin pronunciarse sobre si están o no sometidas al estatuto de inmunidad legal presidencial. La decisión, que afecta solo al caso Bettencourt, no aclara si los dietarios podrán ser usados por los jueces como prueba en otras investigaciones que la justicia mantiene abiertas al exjefe del Estado. En su auto, el Supremo ha confirmado también la legalidad de casi toda la instrucción del caso Liliane Bettencourt, lo que abre la puerta a la celebración del juicio este mismo año. La decisión de la Corte supone en todo caso una primera derrota para Sarkozy y su entorno, que reclamaban la devolución de las agendas y la anulación de la instrucción del caso L’Oréal.

La defensa del expresidente conservador galo había requerido la devolución de las agendas utilizadas por el juez del caso Bettencourt apelando al artículo 67 de la Constitución francesa, según el cual el jefe del Estado “no puede ser objeto de ninguna acción, acto de información, de instrucción o de diligencias judiciales” durante su mandato.

Pero la Sala de lo Penal del Supremo no ha entrado a valorar el fondo del asunto, y se ha limitado a afirmar que no puede estimar el recurso de Sarkozy porque el juez Jean-Michel Gentil le retiró la imputación del caso Bettencourt.

La cuestión de la validez de las agendas sigue por tanto pendiente de resolver. “La cuestión podrá plantearse quizá en otros casos donde las agendas pueden ser requeridas”, ha dicho el abogado de Sarkozy, Patrice Spinosi. “De momento no sabemos si podrán ser utilizadas”.

Sarkozy presentó este recurso ante el Supremo porque teme que los magistrados usen sus dietarios en el proceso Tapie, en el que el expresidente y su círculo de colaboradores más próximo son sospechosos de haber habilitado un arbitraje privado que acabó concediendo al empresario Bernard Tapie 403 millones de euros de indemnización estatal para zanjar su largo contencioso con el banco Crédit Lyonnais por la venta de Adidas.

El exjefe del Estado anotó al menos una decena de citas personales con Tapie entre 2007, mientras se decidía y se dirimía el arbitraje, y también en 2008, cuando el empresario recibió como propina un cuantioso descuento fiscal sobre la indemnización ya cobrada.

Además, los jueces podrían utilizar como elemento probatorio las citas anotadas por Sarkozy para la instrucción del caso Gadafi, en el que se investiga al exjefe del Estado y a dos de sus ministros del Interior por haber recibido varios millones de euros del dictador libio y haber incurrido en una presunta financiación ilegal de la campaña electoral de 2007. Los dos magistrados que instruyen esta causa decidieron pinchar los teléfonos de Sarkozy, de Claude Guéant y de Brice Hortefeux en abril de 2013.

El fallo del Supremo afecta en menor medida a Sarkozy en lo que atañe al caso Bettencourt. Sarkozy, sospechoso de haber abusado de la debilidad de la anciana heredera, la tercera fortuna de Francia, y de haber recibido dinero de esta en metálico, dejó de estar imputado por decisión del juez Jean-Michel Gentil en octubre de 2013, tras haber sido imputado meses antes. Aunque su estatuto actual de testigo asistido permite en teoría a los magistrados volver a imputarle si aparecen nuevos “indicios graves y concordantes”, el juez Gentil ya consultó las agendas en su día y no logró hallar las pruebas necesarias para enviar a juicio a Sarkozy.

La validación de los dietarios es una gran preocupación para Sarkozy, según se deduce de la última investigación judicial -por tráfico de influencias y violación del secreto judicial-. Los jueces creen que el magistrado del Supremo Gilbert Azibert informó a Sarkozy y a su abogado, Thierry Herzog, sobre dos asuntos: la marcha de la decisión de la Corte sobre las agendas y el pinchazo de sus teléfonos.

A través de esas escuchas, los policías encontraron indicios de que Sarkozy y Herzog podían estar presionando al magistrado Azibert para que les facilitara información a cambio de favorecer su carrera judicial con un cargo en Mónaco.

El pinchazo del teléfono al expresidente y las escuchas de sus conversaciones con su letrado, así como la redada policial en las casas y los despachos de Herzog, han generado agria polémica entre los abogados en Francia, que denuncian una posible vulneración del secreto profesional y del derecho a la defensa y han solicitado al presidente, François Hollande, que se pronuncie. La ministra de Justicia, Christiane Taubira, zanjó ayer el asunto diciendo que no se puede garantizar la impunidad de nadie porque ejerza una profesión en particular. Hollande ha prometido que responderá a la carta de los abogados.