La ralentización económica complica la nueva presidencia de Bachelet

La popularidad del presidente ha sido baja y parece subir solo ahora, hacia el final. Se le felicita por la buena economía, un terreno cíclico donde los gobiernos siempre se adscriben las victorias y huyen de las derrotas. En este tema, la segunda presidencia de Michelle Bachelet promete tener tan mala suerte como la primera.

A parte de la baja del cobre y de la moneda chilena, el nuevo Gobierno encontrará un Estado con cajas menos que llenas. La actual presidencia no ha llevado la política contracíclica que hubiera frenado la inflación y aumentado las reservas. Al contrario, ha bajado los impuestos y ha hecho planes para la infraestructura que pueden atar a sus sucesores durante años.

Hay particularmente tres sectores preocupantes en la inversión pública: educación, energía y comunicaciones. Son carencias que datan de la primera presidencia de Michelle Bachelet y que tampoco Sebastián Piñera ha podido remediar.

A pesar de la digna tradición chilena en materia de educación desde los tiempos de Andrés Bello, el tema lleva décadas siendo su talón de Aquiles. El sistema escolar del Estado fue debilitado por la dictadura, tanto por su municipalización como por el crecimiento de las escuelas privadas. Lejos de remediarlo, los gobiernos de centroizquierda lo agravaron, creando un sistema de educación terciaria dominada por empresas privadas. Universidades con o sin comillas hicieron buenos negocios, pese a una supuesta prohibición de lucro, y generaciones de jóvenes de clase media quedaron endeudados de toda la vida para pagar una educación que no da lo que prometía en términos de empleos y carreras.

Era demasiado esperar que el Gobierno de Piñera remediara el problema, y no lo hizo. Mientras tanto, las manifestaciones callejeras se han multiplicado—con su inevitable porcentaje de violencia—y han sido intensamente reprimidas. La tarea nada envidiable de Michelle Bachelet y su ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, será resolver este problema. No está claro si tendrán los recursos económicos y el tiempo político para hacerlo. Máxime si el problema de la calidad y la desigualdad educacionales comienza al nivel de guardería y sigue en la primaria. Los jóvenes en la calle son de la secundaria y de las universidades, y siguen teniendo el apoyo moral de una mayoría de chilenos.

A pesar de tener tantos ríos caudalosos, Chile usa carbón y petróleo para más de la mitad de su producción de energía, cuya demanda crece más rápido que la oferta. Ya van dos presidentes sin poner en marcha los planes para largas plantas hidroeléctricas y los necesarios sistemas de distribución. A la resistencia popular—la escasa pero politizada población local y las ONG medioambientales (¡!)—hay que añadir que ninguno de los países de la subregión, todos ricos en fuentes de energía, se ha mostrado proclive a crear la red energética que es tan factible como deseable.

Las inversiones del presidente Ricardo Lagos en comunicaciones fueron una inyección decisiva para el desarrollo del país. Desde entonces, la cantidad de automóviles y camiones se ha redoblado. Las calles de Santiago están tan trabadas que se plantea pagar el acceso a las calles más traficadas. Las carreteras de la Región Metropolitana ya no bastan para el tránsito, y la nacional norte-sur (ruta 5) resulta inadecuada en secciones importantes para la economía. ¿Cuándo se podrá soñar con los avances nuevos, como la reinvención de los trenes o el túnel transandino?

Mensaje reciente de Twitter: “Los dueños de Chile comunican a sus malagradecidos clientes que a partir del 12 de marzo no se ocuparán más de la administración.” Sin embargo, Chile sigue cargando con el freno del sistema electoral que le dejó la dictadura. El malhadado “binominal” garantiza que ningún presidente puede contar con una mayoría efectiva en el Congreso.

Dada la distribución de patrimonios e ingresos del país, muchos dudaban en 2010 del nuevo Gobierno del presidente electo Sebastián Piñera. ¿Sabría distinguir entre sus propios intereses económicos y los intereses del Estado? El presidente finalmente ofreció una solución, poniendo sus empresas en un “trust ciego”. Varios ministros optaron por diferentes maneras de afirmar su credibilidad en este sentido.

Al mismo tiempo, tras veinte años en el frío, los duros de la derecha estaban afilando los cuchillos ante “el desalojo” de sus adversarios. La administración del Estado fue tomada por una nueva generación reclutada de las empresas y las facultades privadas, acostumbrada a sueldos generosos y a “beneficios marginales”, sabedora de la gerencia de empresas y careciente de experiencia en la gestión pública.

El “desalojo” consistió en echar a una gran cantidad de funcionarios públicos contratados por anteriores gobiernos pero sin condición de “planta”. Fueron sustituidos por los protegidos del nuevo Gobierno según la tradición de “spoils” que las constituciones latinoamericanas han heredado de la tradición estadounidense. Garantiza lealtad pero dificulta el desarrollo de competencias profesionales en la administración pública. Que haya más funcionarios “a contrata” que “de planta” no sólo es fruto de cálculos clientelistas; también se debe a que la oposición haya podido frenar los gastos estatales en el equilibrio parlamentario impuesto desde 1990 por la constitución ideada por la dictadura.

Ahora que se acerca el final de los cuatro años, el Gobierno hace lo que puede para atar a sus contratados en sus cargos, y la nueva administración hará lo que puede para que vuelvan los talentos que fueron echados en su día. Ni la derecha ni la izquierda parecen considerar la posibilidad de establecer un sistema que asegure un mayor profesionalismo a largo plazo. El sistema para nombrar altos cargos administrativos no ha cambiado nada en este sentido, ya que sigue asegurando al presidente de turno que “su” candidato estará en la nómina final —y hasta prohíbe la candidatura de funcionarios de más experiencia, precisamente por trabajar en las instituciones respectivas—.

Hace cuatro años, en un artículo en la revista Forum de la Fundación Euroamérica, describí la nueva presidencia como prometedora. Veía y veo en Sebastián Piñera un hombre no solo competente pero también moderno, deseoso de mudar la derecha más cerca del centro de la opinión pública. Si sus esfuerzos en este sentido han tenido algunos éxitos, es sobre todo por haber expuesto y profundizado las divisiones de la derecha.

Los herederos ideológicos del pinochetismo, que siguen no sólo en la UDI (Unión Democrática Independiente) sino también en parte de la RN (Renovación Nacional), el partido del Presidente, han frenado gran parte de sus iniciativas como antes frenaban las de sus predecesores. Tras su derrota en las últimas elecciones, ambos partidos se encuentran en un caos. Ambos tendrán que cambiar de liderazgo y tratar otra vez de ganar votos del centro. Cuando por fin cambie el sistema electoral, habrá más aperturas para nuevas combinaciones políticas en el Congreso.

Otra buena noticia es que la presidenta Bachelet tendrá la mayoría en el Congreso que ninguno de sus predecesores ha tenido. Para cambiar la Constitución necesitará algunos votos de la nueva oposición, pero para cambiar el sistema electoral bastaría con sus propios parlamentarios. Y también para otras muchas reformas urgentes.

Al país más estable y exitoso de América Latina le esperan cuatro años interesantes.