Cuarta baja en el equipo de Bachelet a tres días de asumir el Gobierno

A tres días de su toma de posesión y a solo horas de que comiencen a arribar a Santiago los primeros invitados internacionales para participar en el cambio de mando de este martes, Michelle Bachelet ha debido tomar una decisión sobre el caso que marcó la agenda política chilena en las últimas semanas: la presidenta electa ha aceptado este sábado la renuncia de Carolina Echeverría, elegida para la Subsecretaría de Defensa, que había sido cuestionada por asociaciones de derechos humanos por los vínculos de su padre con casos de represión en la dictadura.

No es la primera baja del Gobierno de Bachelet antes de asumir. El proceso de nominaciones de nuevas autoridades ha sido complejo para la médico socialista que ha debido aceptar cuatro renuncias por diferentes situaciones desde que a fines de enero anunció los nombres de sus colaboradores en este segundo mandato (2014-2018).

Una semana después de ser nominada subsecretaria de Educación, la economista Claudia Peirano declinó asumir después de ser cuestionada por los líderes estudiantiles por no apoyar la gratuidad en el sistema y acusada de conflictos de interés. Luego de un mes de presiones externas y debate público, otros dos subsecretarios tuvieron que presentar sus renuncias: Hugo Lara, de Agricultura, por haber enfrentado dos querellas por delitos económicos, y Miguel Moreno, de Bienes Nacionales, condenado por tocarle los glúteos a una mujer en el metro.

El caso de Echeverría, sin embargo, tenía una connotación especial por apuntar a un tema sensible para el centroizquierda chileno y para la propia Jefa de Estado electa, que a comienzos del Gobierno de Pinochet fue víctima de prisión y tortura junto a su madre y luego, como ministra de Defensa (2004-2004), llevó adelante un proceso de modernización de las Fuerzas Armadas y acercamiento con el mundo civil.

Las organizaciones de derechos humanos acusaron a su padre, Víctor Echeverría, oficial de Ejército en retiro, de haber sido torturador después del Golpe de septiembre de 1973. Era el capitán a cargo del regimiento Buin, utilizado como centro de detención y tortura y, aunque ha declarado ante la Justicia, no ha sido procesado por los tribunales. “Dirigía las torturas, fue un violador y un asesino”, acusó la escritora Mónica Echeverría, una de las presuntas víctimas del militar que hicieron público su testimonio en las últimas semanas.

Bachelet y su equipo reaccionaron con escueta alusión: “Sabemos su compromiso en materia de derechos humanos”, señaló el lunes 24 de febrero el futuro ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo. La presión pública, sin embargo, no se detuvo con las declaraciones del hombre de confianza de la Presidenta electa y ni con las explicaciones de esta semana de la propia Echeverría, que en una entrevista concedida al periódico La Segunda señaló que “ningún hijo en Chile debe cargar con las responsabilidades ni privilegios que correspondan a sus padres”.

Las asociaciones de derechos humanos exigieron su renuncia y no solamente por las responsabilidades del padre de Echeverría sino, sobre todo, por supuestos conflictos de interés mientras se desempeñó como subsecretaria de Marina en la primera Administración de Bachelet, que esta semana también la defendió públicamente en un programa de televisión.

La toma de posesión de la médico socialista de 62 años está programada para este martes al mediodía en el Congreso de Valparaíso, a unos 120 kilómetros de la capital chilena. Previamente, el lunes, tanto el presidente Sebastián Piñera como Bachelet sostendrán encuentros con las delegaciones extranjeras en Santiago. Entre los invitados internacionales se encuentran los presidentes Enrique Peña Ñieto (México), José Mujica (Uruguay), Cristina Fernández (Argentina), Ollanta Humala (Perú), Evo Morales (Bolivia), Juan Manuel Santos (Colombia). La ceremonia también será presenciada por el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el Príncipe Felipe de Borbón.