Un magnate mexicano, imputado por financiación ilegal en EE UU

Su nombre llevaba semanas en el epicentro de un escándalo de financiación ilegal de varias campañas de políticos de San Diego, entre ellos la del antiguo alcalde Bob Filner, pero ha sido este jueves cuando un juez federal ha imputado al millonario mexicano José Susumo Azano, acusándolo de haber contribuido, a través de testaferros, con 500.000 dólares a las carreras electorales para la alcaldía de la localidad californiana y para el Congreso nacional de distintos candidatos. De acuerdo con la prensa local, Azano quería garantizarse, a cambio, la construcción de un complejo de apartamentos, conocido como Miami West, en la bahía de la ciudad.

El empresario mexicano sin embargo no pasó la noche en prisión. Azano pagó la fianza de cinco millones de dólares que le impuso el magistrado y se encuentra en arresto domiciliario en su mansión en la isla de Coronado, en San Diego. Las autoridades han requisado su documentación y su avión particular para asegurarse que el magnate no abandona el país.

Azano, propietario de una compañía de software de vigilancia, es el hijo de Susumo Azano Moritani, fundador del grupo Azano con el que la Secretaría de Defensa de México ha firmado contratos millonarios para provisión de alta tecnología de vigilancia de telecomunicaciones. El empresario imputado apenas es conocido en Estados Unidos pero sus trayectoria profesional y sus negocios han sido escrutados por la prensa mexicana. Actualmente, la Procuraduría General de México tiene abierta una investigación sobre Azano por supuesto fraude y lavado de dinero a través de la compañía Security Tracking Devices.

El nombre del magnate millonario empezó a sonar a raíz de una investigación iniciada a finales del pasado mes de enero por un tribunal del Sur de California contra el experto en marketing político por internet, Ravneet Singh, el expolicía de San Diego, Ernesto Encinas, y el lobbista, Marco Polo Cortés. Los tres estaban acusados de ocultar el origen de una fuente extranjera de financiación de las campañas electorales de 2012 de, entre otros, el excalcalde Filner y el congresista Juan Vargas.

En EE UU está prohibido que los ciudadanos extranjeros contribuyan económicamente a las campañas de políticos estadounidenses. Finalmente, durante un interrogatorio, Encinas reveló el nombre del titular de los fondos. El miércoles, el FBI registró las propiedades que Azano posee en la isla Coronado, en San Diego –ninguna directamente a su nombre-, y detuvo al empresario. Un día después, se le han leído sus cargos.

Los medios locales sostienen que Azano habría accedido a donar fondos a las campañas de determinados políticos de San Diego para asegurarse la construcción de un complejo de lujo en la bahía de la localidad. De acuerdo con la fiscalía, Filner le explicó que él no tenía jurisdicción sobre la ensenada pero que trataría de demorar el desarrollo del proyecto para que el empresario pudiera tener más tiempo para poder adquirir los terrenos.

Azano ha amasado una importante fortuna gracias al sinuoso mundo de la ciberseguridad privada, desarrollando importantes conexiones en el ámbito político y militar, no sólo de su país, sino de otros Estados como Israel o EE UU, de cuya Secretaría de Seguridad Nacional tiene “su bendición”, según reconoció el periodista mexicano Raymundo Riva Palacio, en una entrevista sobre el magnate en Univisión hace unos días.