Un grupo de expertos exige a El Salvador que investigue una matanza

La masacre del río Lempa, cuando 400 mujeres y niños huían del ejército salvadoreño, no quedará en el olvido; tampoco la muerte de Adelaida Alemán y del hijo que llevaba en su vientre, embarazada de ocho meses, mientras se negaba a delatar a su marido: le sacaron el feto, lo echaron al aire y lo atravesaron con un cuchillo. Digna, que entonces era una niña de 12 años, sobrevivió a las matanzas de campesinos salvadoreños acaecidas en los años ochenta en este país centroamericano y lo contó ante el V Tribunal Internacional para la aplicación de la Justicia Restaurativa en El Salvador.

Este grupo de expertos considera que "El Estado salvadoreño es culpable, por acción y omisión, del bloqueo del rescate y la difusión de la memoria histórica del período de guerra civil". Por todas las víctimas arriba mencionadas se pide la responsabilidad internacional del Estado de El Salvador en un momento en el que en el Gobierno español está tramitando de urgencia un cambio de legislación que impedirá la acción de la justicia universal.

Por tercera vez se presenta en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia (España) una sentencia para reparar las injusticias cometidas tras la guerra civil de El Salvador. Se trata de la quinta resolución dictada para reparar las injusticias que sufrió la población salvadoreña y que nunca tuvieron respuesta por el Estado. Durante el acto, el magistrado y Presidente de la Fundación por la Justicia, que también ha presidido este tribunal, José María Tomás Tío, volvió a sentir el mismo nudo en la garganta como cuando escuchó los testimonios de las víctimas, en marzo del pasado año y, de nuevo al escuchar el testimonio de Digna por videoconferencia.

En esta sentencia, se pide que la justicia investigue, por encima de la Ley de Amnistía de 1993, que tiene pendiente un recurso de inconstitucionalidad. El director del Instituto de Derechos Humano de la Universidad Centroamericana (Idhuca), Benjamín Cuéllar, participó en la presentación en directo por videoconferencia y fue muy explícito al declarar que “el Estado no puede limitarse a pedir perdón.

Entre las atrocidades que se denuncian en esta sentencia está la masacre del río Lempa, donde murieron más de 400 mujeres y niños, que huían de la guerra. “Los militares abrieron las compuertas del río para que no pudieran huir cruzando hasta Honduras. Los que llegaron tampoco se salvaron. El Obispo de Honduras dijo de ellos que no les ayudaban porque eran comunistas”, relató uno de los jueces de este tribunal, José Ramón Juániz, miembro de la Asociación Valenciana de Juristas Demócratas. Juániz señaló durante la presentación de la sentencia que “el dolor es universal y no puede ser olvidado”, tras apelar a una justicia reparativa y universal.

Precisamente, el Gobierno español está tramitando en estos momentos en el Parlamento una modificación legislativa con carácter urgente para recortar drásticamente la denominada jurisdicción universal. La mayoría conservadora del Partido Popular intenta así evitar conflictos diplomáticos con algunos Estados.

Esta sentencia, dictada en Ciudad de San Salvador hace unos meses e inédita hasta hoy, pretende restaurar la justicia para un elevado número de víctimas en El Salvador por ejecuciones extrajudiciales, privación de libertad, torturas, desaparición forzada y por la masacre del río Lempa. Durante su presentación, una de las sillas en el estrado permaneció vacía en representación de las víctimas.

Belisario Dos Santos, ex Secretario de Justicia y Defensa de la Ciudadanía del Estado de Sao Paulo y miembro de la Comisión Internacional de Juristas de Sao Paulo (Brasil), declaró en directo por videoconferencia: “La justicia restaurativa para el Salvador es un ejemplo de justicia para todos”.

Así detallan los expertos la historia de Adelaida: "El 19 de junio de 1980, tras un nutrido ametrallamiento en sus alrededores, miembros del ejército gubernamental ingresaron al cantón Santa Marta, municipio de Victoria, departamento de Cabañas. Los soldados ingresaron a la casa familiar de Adelaida y Angelita, ambas de apellido Alemán. Como solo había mujeres, niñas y niños, exigieron la presencia de los hombres, al no encontrarlos ni recibir respuesta satisfactoria, le dispararon a Angelita y así le cercenaron un brazo; posteriormente le dispararon al pecho, dándole muerte. Instantes después exigieron respuesta a su hermana Adelaida, que tenía ocho meses de embarazo, al no satisfacerles las explicaciones que les dio, los militares le abrieron el vientre con un “cuchillo grande” –en palabras de una sobreviente– para sacarle al feto que luego ensartaron en la misma arma blanca".