Concluye en Venezuela el plazo para cumplir la ley de Precios Justos

A los comerciantes de Venezuela les ha llegado la hora. La medianoche local del lunes expira uno de los ultimátum a los que tan dado se muestra estos días el presidente Nicolás Maduro. En este caso, dedicado a manufactureros, distribuidores y detallistas, oficios en rápida extinción en el marco del poschavismo. “A partir del lunes al lugar al que lleguemos y esté acaparando y especulando se va a aplicar la ley. Nadie tendrá excusas porque la ley ya tiene tres semanas de publicada", advirtió el viernes pasado.

El mandatario venezolano se refería a la reciente Ley Orgánica de Precios Justos, promulgada por el propio Maduro el 23 de enero en el marco de los poderes extraordinarios que le fueron concedidos por el parlamento para legislar por decreto durante un año.

El sucesor de Hugo Chávez en la conducción de la autodenominada Revolución Bolivariana concedió a la nueva normativa un valor de “inicio de la segunda fase de la ofensiva económica”. Se trata de un instrumento por el que el gobierno socialista se abroga la potestad de establecer el margen de ganancia en toda la cadena de comercialización de cualquier producto, con un máximo del 30% sobre la estructura de costos del bien, que se revisará cada año.

La ley prevé penas draconianas a quienes la infrinjan, incluyendo medidas de prisión de entre 2 a 14 años, retiro de licencias para comerciar, expropiación y multas. Tipifica hasta 15 delitos que van desde la usura, nebulosamente definida en el cuerpo del decreto, hasta la renuencia a inscribirse en un registro único de comerciantes o la difusión “por cualquier medio de noticias falsas (…) para alterar los precios de cualquier bien o servicio”.

En la narrativa chavista, la revolución venezolana libra actualmente una guerra económica que le ha sido impuesta por sus enemigos internos y externos. Las municiones de esa guerra serían la escasez crónica de productos de primera necesidad y una tasa de inflación de 56% anual, de las que el gobierno de Maduro no acepta responsabilidad alguna excepto, quizás, la de haber subestimado la perfidia del adversario.

Un baluarte de la contraofensiva está en la nueva ley, que dibuja para los comerciantes un panorama de pesadilla. Aunque la recientemente creada Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos ha anunciado que entrena a 480 fiscales para seguir la aplicación de la ley, el decreto prevé que representantes de comunas y grupos de base subordinados al oficialismo hagan inspecciones y denuncien a los especuladores. En la práctica, así podría producirse una réplica, algo más caótica y arbitraria, de la “primera fase” de la ofensiva gubernamental, cuando en noviembre del 2013 funcionarios civiles y militares ocuparon locales comerciales –en especial de aparatos electrodomésticos- y confiscaron sus inventarios para rematarlos hasta agotar las existencias.

“Ya mañana van a salir los de Fedecámaras y Venamcham a quejarse”, dijo este lunes Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea nacional y número dos del chavismo, en alusión a la patronal venezolana y a la Cámara de Comercio con Estados Unidos. “El pueblo va a hacer las inspecciones; si el abasto, sea de quien sea, está especulando y acaparando alimentos, se actuará de acuerdo a la ley”. Otro tanto vaticinó Maduro la noche del lunes: “Mañana la burguesía va a chillar”.