El Congreso mexicano aprueba un Código de procedimientos penales único

La Cámara de Diputados de México ha avalado este miércoles la creación de un Código Nacional de Procedimientos penales que sustituirá a los 32 textos que existen, uno por cada Estado del país. La discusión que antecedió a la aprobación duró siete horas. La izquierda reservó 72 artículos tras señalar que algunas partes del nuevo código eran violatorias de los derechos humanos. Las propuestas de modificación fueron desechadas por los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el derechista Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Verde (PVEM). Después de su aprobación en el Congreso el Código será enviado al Ejecutivo para su publicación.

“Es una buena noticia”, asegura el doctor en Derecho Miguel Carbonell, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Este era un viejo reclamo de los expertos en el sistema de justicia. “Este código es una apuesta para refundar los principios procesales del sistema penal”, dice. De esta forma se crea una serie única de reglas que deberán obedecer los policías preventivos, ministerios públicos y jueces.

El nuevo texto facilita la implementación del nuevo sistema de justicia penal, que México emprendió desde 2004, para trasladar del viejo modelo judicial inquisitorio al modelo acusatorio con juicios orales. En este se garantiza la presunción de inocencia en cada proceso que comienza y da igualdad de circunstancias frente al juez a la defensa y a la parte acusatoria. “Hay una mayor transparencia, desincentiva la corrupción y moderniza el procedimiento”, explica Carbonell.

México es un país donde solo siete de cada 100 denuncias obtienen una sentencia condenatoria. Según la Procuraduría General de la República (Fiscalía), entre 2000 y 2012 se registraron 19.9 millones de denuncias. Solo 1.4 millones llegaron a convertirse en sentencias condenatorias. El 93% de las denuncias se quedan en la impunidad. Toda esta falta de eficacia del sistema de justicia ha provocado que en el país el 92.1% de los delitos no sean reportados.

El fiscal general, Jesús Murillo Karam, ha recalcado que el nuevo código "garantizará a los ciudadanos el derecho a la justicia verdadera y a un debido proceso". Los Estados tendrán como fecha límite el 19 de junio de 2016 para poner en vigor el texto votado hoy. 

Con él se quieren extirpar muchos de los vicios que corroen al sistema de justicia mexicano. Ahora serán los elementos de la policía quienes, con la guía del Ministerio Público, lleven la batuta en la investigación de un delito. Todo eso será supervisado por un Juez de Control que aprobará y dará seguimiento a las diligencias y medidas cautelares en las pesquisas. El código se pone como objetivo capacitar a las autoridades locales para, entre otros temas, resguardar la escena del crimen, conformar carpetas de investigación, ser más eficaz en la recopilación de pruebas y conservar la cadena de custodia de estas.

Enrique Peña Nieto había contemplado, desde el primer día de su mandato, la homologación de este texto. “Hay en el país 33 códigos penales sin considerar el Código Penal del Ejército, o de fuero militar, que castigan de manera distinta los mismos delitos. Ello dificulta la acción de la justicia”, señaló el presidente el uno de diciembre de 2012 en su discurso de toma de protesta. Ha cumplido una de sus promesas, el Código de Procedimientos penales, aún queda pendiente el Código Penal único, un tema que ha encontrado resistencia por parte de los Estados porque sienten que pierden independencia en la administración de Justicia.