Los funcionarios chinos no podrán escudarse en los secretos de Estado

China ha dado un nuevo paso destinado a cumplir su promesa de incrementar la transparencia gubernamental, al mismo tiempo que ha reforzado el control sobre la información que considera de máxima importancia. El primer ministro, Li Keqiang, ha firmado la normativa, compuesta de 45 artículos, que regirá la ley de secretos de Estado a partir del 1 de marzo. “Los órganos y unidades (del Gobierno) han recibido instrucciones para que no califiquen de ‘secretos de Estado’ elementos que deberían ser hechos públicos, y no deberían hacer públicos aquellos relacionados con secretos de Estado”, señala la agencia oficial Xinhua en una información recogida este lunes por el diario en inglés China Daily.

Los funcionarios chinos, en especial a nivel local, se escudan a menudo en supuestos secretos para eludir informar a sus superiores sobre problemas y escándalos que podrían provocar su castigo, como abusos policiales o contaminación.

La nueva regulación define también el proceso para salvaguardar la información sensible y clarifica los diferentes niveles y tiempos de confidencialidad y las condiciones de desclasificación.

China es conocida por la vaga definición de sus leyes de secretos de Estado, que incluyen desde el número de personas que ejecuta cada año a bases de datos industriales e incluso cifras sobre la contaminación. En el pasado, las ha utilizado para encarcelar a empresarios extranjeros, activistas y disidentes.

La cuestión tuvo un gran impacto en 2009, después de que un ciudadano australiano y tres colegas chinos que trabajaban para la compañía minera Rio Tinto fueran detenidos por robar supuestos secretos de Estado durante unas tensas negociaciones sobre mineral de hierro. Pero en los últimos años ha crecido la presión pública sobre las autoridades para sean más transparentes, en especial en temas relacionados con el medio ambiente, que no afectan a la seguridad nacional.

La nueva normativa ordena el etiquetado de forma destacada como “secreto de Estado” en el proceso y los equipos de transmisión, y da instrucciones sobre cómo destruir este tipo de datos. También insta a los correspondientes departamentos a que en caso de fuga de secretos informen en menos de 24 horas, y promete castigar a aquellos funcionarios afectados que no cumplan de forma adecuada con su labor.

Xinhua asegura que la decisión es “un esfuerzo para incrementar la transparencia del Gobierno”. Sin embargo, la normativa no explica qué tipo de información pública no puede ser llamada secreto de Estado, informa Reuters. De forma vaga, afirma que “el alcance de lo que es secreto será ajustado de forma oportuna según la situación”.