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Erdogan aviva la purga entre policías al relevar a 800 agentes

Más de 5.000 oficiales y unos 200 fiscales han sido relevados o asignados a otros puestos desde el 17 de diciembre

El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, este miércoles durante una visita a Irán. Ampliar foto
El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, este miércoles durante una visita a Irán. AP

El Gobierno turco ha continuado su campaña de purgas en la Policía y en la Judicatura. Sólo ayer relevó a cerca de 800 agentes, que fueron despedidos o trasladados a otros puestos, según ha informado la prensa local.

Entre los policías relevados había oficiales y altos cargos de la capital, Ankara. Más de 500 agentes de esta ciudad y unos 270 de la importante localidad portuaria de Esmirna perdieron sus puestos en esta última purga. Además, varias decenas de policías en Estambul y en la ciudad de Gaziantep, en el sur del país, también fueron relevados.

En total, más de 5.000 agentes de policía y unos 200 fiscales y jueces han sido despedidos o asignados a otros puestos desde el 17 de diciembre. Ese día, se inició un enorme escándalo de corrupción en Turquía, con la detención de más de 50 personas cercanas al jefe del Gobierno, Recep Tayyip Erdogan, incluyendo los hijos de tres ministros y el director de un banco de propiedad pública.

Esos tres ministros y un cuarto se vieron obligados a dimitir y, además, el Ejecutivo de Erdogan respondió iniciando una campaña de purgas policiales y judiciales que aún continúa. Así, el pasado 29 de enero el Gobierno también relevó de sus puestos a los dos fiscales encargados de la investigación sobre los supuestos casos de corrupción cercanos a Erdogan.

El primer ministro y sus aliados han culpado a los seguidores del clérigo islámico turco Fetullah Gulen de estar detrás de esta investigación con el objetivo de dañar al Gobierno. El propio Erdogan ha definido esta supuesta implicación de los gulenistas como un “golpe de Estado judicial”.

Gulen, que vive en un exilio autoimpuesto en Estados Unidos desde 1999, tiene millones de seguidores en todo el mundo y, particularmente, en Turquía, donde se cree que ocupan posiciones clave en la policía, la Judicatura y hasta en los servicios de Inteligencia.

Hasta 2010 o 2011, el Gobierno de Erdogan, en el poder desde 2002, y los seguidores de Gulen habían mantenido una alianza motivada por el deseo mutuo de avanzar una agenda social conservadora en Turquía y de dar más espacio público a la religión. Sin embargo, según coinciden expertos y analistas, hoy Erdogan y Gulen estarían enfrentados en una lucha política por monopolizar el poder en Turquía.

El primer ministro ha acusado al clérigo y a sus seguidores, conocidos con el nombre de El Servicio (Hizmet, en turco), de formar un “Estado paralelo” en Turquía para tratar de aumentar su poder. Según los expertos, las purgas policiales y judiciales del Gobierno irían destinadas a vaciar estos cuerpos de gulenistas.

Por su parte, tanto Gülen como sus seguidores han negado cualquier implicación en la investigación sobre los supuestos casos de corrupción. Además, el 28 de enero Gulen anunció que había interpuesto una demanda contra el ministro del Interior, Efkan Ala, por presuntas injurias contra su persona durante un discurso. Dos semanas antes, un grupo de 22 empresarios había anunciado su propia demanda contra Erdogan, a quien acusan de haber comparado El Servicio con la “Secta de los Asesinos” (o “Ḥashshashin”, en árabe), un grupo que, supuestamente, realizaba asesinatos políticos entre los siglos XI y XIII en lo que hoy es la región de Oriente Medio.

 Con las protestas del pasado verano apaciguadas, este escándalo supone la mayor crisis política a la que se enfrentan Erdogan y su Partido para la Justicia y el Desarrollo (AKP, en turco) desde su llegada al Gobierno en 2002. La cercanía de las elecciones locales previstas para el 30 de marzo ha aumentado la tensión política en el país y en los últimos días ha habido dos ataques con armas de fuego contra representantes políticos. Además, ha vuelto la represión policial contra la gente que salió a la calle para manifestarse por un proyecto de ley que daría al Gobierno un gran control sobre internet.