El Gobierno de Ucrania cae en pleno ante la protesta de los opositores

La oposición al presidente Víctor Yanukóvich ha ganado una batalla pero no la guerra este martes cuando la Rada Suprema de Ucrania (parlamento) abolió en bloque 9 de las 12 leyes aprobadas a mano alzada el pasado 16 de enero, que recortaban las libertades cívicas, entre ellas las de manifestación y expresión. Al iniciarse la jornada, el primer ministro de Ucrania, Mikola Azárov, presentó su dimisión, que fue aceptada pocas horas más tarde por el presidente, lo que acarreó la caída en bloque del Ejecutivo. En una alocución oficial, Azárov dijo que había renunciado al puesto por el bien de Ucrania. Provisionalmente actuará como primer ministro en funciones el viceprimer ministro Serguéi Arbúzov.

Por la abolición de las leyes votaron 361 diputados (la cámara tiene 450) pertenecientes tanto a la formación gubernamental (el partido de las Regiones, RP), como a los partidos de oposición Patria, Libertad y Udar y al grupo de los independientes. Dos de los legisladores de RP votaron en contra y los comunistas, sin embargo, se abstuvieron.

A pesar de que Yanukóvich y los líderes de la oposición habían negociado el lunes durante varias horas y que la ministra de Justicia había anunciado el logro de un acuerdo, en realidad se necesitaron dos horas de conversaciones en la comisión de concertación de la Rada para que la sesión votara por fin la anulación del polémico paquete. Entre otras cosas, las leyes anuladas obligaban a pedir permiso para los cortejos motorizados de más de cinco coches y prohibían la participación de enmascarados en manifestaciones. También incrementaban las multas y penalizaciones por enfrentamientos con las autoridades, convertían la calumnia, regulada ahora administrativamente, en delito penal y obligaban a las ONG con financiación internacional a a someterse a un régimen especial como “agente extranjero”.

La oposición pidió hoy que Yanukóvich firme inmediatamente la anulación de las leyes. El procedimiento legal podría demorarse en teoría hasta diez días, los cinco de los que dispone el jefe del parlamento para someter el documento al presidente y los cinco de los que dispone el jefe del Estado para firmarlo o rechazarlo.

La cámara reanudará mañana sus sesiones, que fueron interrumpidas hoy por la tarde sin que se hubiera podido someter a votación la ley de amnistía. El jefe de la Rada, Vladímir Ribak, admitió que el trabajo sobre esta ley avanza “con dificultad”. Según explicó Oleg Tiagnibok, el líder del partido nacionalista Libertad, el gobierno quiere que la ley entre en vigor al cabo de quince días durante los cuales la oposición debería desalojar los edificios administrativos ocupados en Kiev y desmonte las tiendas y tribunas callejeras.

La abolición del paquete legislativo y el cese del primer ministro son solo una parte de las reivindicaciones de la oposición y se quedan muy por debajo de lo que piden los participantes en el mitin permanente en la plaza de la Independencia de Kiev desde noviembre pasado. La negativa de Yanukóvich a firmar el acuerdo de Asociación con la Unión Europea fue el motivo inicial de las protestas, pero éstas tienen un espectro más amplio y aspiran a una remodelación del sistema y a la dimisión del presidente. Pero Yanukóvich es un duro negociador, capaz de defender su campo centímetro a centímetro y de aprovechar cualquier debilidad del contrario para recuperar el terreno perdido o para irrumpir en el de su adversario.

El presidente, que se crió y se curtió en la región minera de Donbás, es también un gran especialista en ganar tiempo y en crear obstáculos artificiales que concentran las energías de sus oponentes. La aprobación del paquete de “leyes dictatoriales” —por sorpresa y transgrediendo el procedimiento de trámite— creó una tensión suplementaria, que eclipsó los problemas y reivindicaciones acumulados antes. Al anularse las leyes, los problemas de entonces vuelven a estar en primer plano, solo que se han hecho más serios porque se ha vertido sangre por ellos y porque el malestar se ha traducido en disturbios y ocupaciones en una amplia zona del país.

Yuri Lutsenko, que fue ministro del Interior de Ucrania en el gabinete de Yulia Timoshenko, consideró insuficiente el cese de Azárov. “La principal reivindicación del Maidán es poner fin a la usurpación del poder por Yanukóvich”, dijo. Opinó el exministro que los diputados de la oposición no deben involucrarse en comisiones sin sentido, sino votar en la Rada un proyecto de ley que restablezca la constitución de 2004. Aquel documento contemplaba un sistema parlamentario-presidencial y daba más poderes e independencia al Gobierno en relación al sistema actual, en el que el presidente es el árbitro de todo.

Sin embargo, Lutsenko opinó ante los manifestantes del Euromaidán que las concesiones de ayer fueron reales, que la decisión de la Rada fue “histórica” y que por primera vez esta actuó “como parlamento y no como bolsa para los negocios”.

Según Lutsenko, la Rada debe votar por un nuevo gobierno técnico y una nueva comisión electoral y decidir sobre unas elecciones presidenciales anticipadas. Durante las negociaciones, Yanukóvich había propuesto a Arseni Yatseniuk que aceptara el puesto de primer ministro, y a Vitali Klichkó, el de viceprimer ministro encargado de asuntos sociales. Ambos políticos rechazaron la oferta.

Yatseniuk manifestó que la oposición no ha hecho concesiones para que sean anuladas las leyes dictatoriales. Sin embargo, no está claro cómo reaccionará el Euromaidán ante los resultados de la sesión de la Rada. Del ambiente entre los manifestantes daban cuenta las declaraciones de Andrei Parubí, el diputado del partido de Yulia Timoshenko, que en calidad de “comandante del Euromaidán” responde por la seguridad y los destacamentos de defensa del mitin permanente coordinado desde la central de los Sindicatos.

Parubí manifestó que los manifestantes abandonarán los edificios presidenciales cuando los miembros del PR abandonen los edificios administrativos, tales como la sede de la presidencia y el consejo de ministros. Antes, el PR se había pronunciado a favor de amnistiar a los manifestantes que desalojen los edificios ocupados, pero el planteamiento de Parubí equivale a considerar como ilegítimas a las autoridades actuales de Ucrania.