la violencia del narcotráfico en México

Peña Nieto exige que las autodefensas se sometan a un examen para ser legales

El presidente de México condiciona la incorporación de comunitarios a la policía rural a la aprobación de una prueba de confianza

Un integrante de las autodefensas apunta al cuerpo de un 'narco' abatido
Un integrante de las autodefensas apunta al cuerpo de un 'narco' abatidoREUTERS

El presidente Peña Nieto ha aplaudido el acuerdo alcanzado este lunes entre su Gobierno, el Ejecutivo michoacano y los grupos de autodefensa -civiles armados- de la entidad para que estos se legalicen, pero con condiciones.

A pocos minutos de aterrizar en La Habana para participar en la cumbre de la CELAC, el mandatario mexicano expresó a los periodistas que había sido informado del pacto y abogó por que estos grupos tengan un cauce institucional, siempre y cuando antes realicen las llamadas pruebas de confianza. En México, este sistema de evaluación, previsto en el reglamento de la ley orgánica de la Procuraduría General de la República, comprende una serie de exámenes para detectar vulnerabilidades en el personal: evaluación médica, toxicológica, de aptitudes físicas, psicológica, del entorno social y situación patrimonial,  poligráfica (el detector de mentiras) y del desempeño. "Quienes quieran integrarse deberán aprobar exámenes de confianza y podrán formar parte de las guardias rurales", manifestó.

Unas horas antes de las declaraciones del presidente, representantes de las autodefensas de Michoacán, al suroeste de México, y de los gobiernos federal y estatal habían llegado a un acuerdo para permitir la incorporación de los grupos de civiles armados a la "vida institucional".

Pese a la firma del pacto, en la mañana del martes un grupo de hombres armados comenzó a patrullar en el municipio de Yurécuaro, de unos 30.000 habitantes, en los límites de Michoacán y Jalisco. Algunos miembros de las autodefensas han señalado que no dejarán las armas ni los planes de avance. "Hay personas que no están satisfechas, pero nosotros queremos legalizarnos, que no piensen que somos un cártel", aseguraba este martes Arturo Barragán, portavoz de las guardias comunitarias de Tepalcatepec.

El documento, sellado tan solo dos semanas después de que el Ejecutivo de Peña Nieto y el Gobierno de Michoacán acordaran una intervención de las fuerzas de seguridad en la entidad para frenar la escalada de violencia, se presentó el mismo día en que la Secretaría de Gobernación anunciaba la captura de uno de los principales líderes de cártel de Los Caballeros Templarios, Dionisio Loya Plancarte, conocido como El Tío. El texto, que contempla la integración de los civiles a los cuerpos de defensa rurales, supone un punto de inflexión en la batalla librada durante los últimos once meses en una entidad azotada por la violencia del narcotráfico.

El 24 de febrero de 2013, vecinos de varios municipios de la región económica de Tierra Caliente, una zona pobre dedicada fundamentalmente al cultivo del limón, decidieron levantarse en armas contra los abusos de los Templarios, una escisión de la Familia Michoacana que domina la zona desde 2011. Tras años de extorsiones, secuestros y asesinatos, en junio pasado, José Manuel Mireles, uno de los portavoces del movimiento de autodefensas, denunció en los medios que la situación estalló cuando el crimen organizado empezó a llevarse a sus mujeres. Después de echar a los Templarios y a los presidentes municipales de las poblaciones organizadas, en el último trimestre del año, las guardias comunitarias habían tratado de avanzar hacia territorios bajo el dominio del narco. La toma de varios municipios provocó el rechazo de las autoridades, que aseguraron ya en noviembre que no permitirían que las autodefensas siguieran tomando la justicia por su mano. 

"El acuerdo es un primer paso, pero resulta decisivo para el cumplimiento de la estrategia en favor de la seguridad y el desarrollo de Michoacán; ya que permitirá devolver progresivamente la normalidad a la entidad", aseguró el lunes en un comunicado Alfredo Castillo, comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, un cargo creado hace apenas 15 días con la misión expresa de negociar la paz en el Estado. 

El texto enviado por el Gobierno contempla ocho puntos para hacer efectiva la legalización de las guardias comunitarias:

1. Las autodefensas se institucionalizan al incorporarse a los Cuerpos de Defensa Rurales. Para este fin, los líderes de las autodefensas presentarán una lista con todos los nombres de sus integrantes, los cuales serán validados con la formación del expediente respectivo, controlado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Estos cuerpos serán temporales y estarán bajo el mando de la autoridad en los términos de las disposiciones aplicables.

2. Para la protección de sus comunidades, personal de las autodefensas podrá formar parte de la Policía Municipal siempre y cuando acrediten los requisitos de ley y cuenten con el aval del Cabildo de su Ayuntamiento para ser propuesto para formar parte de dicha policía.

3. Las autodefensas se obligan a registrar las armas que actualmente poseen o portan ante la Secretaría de la Defensa Nacional. Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública o, en su caso, la Secretaría de la Defensa Nacional, se comprometen a dotarlos de las herramientas necesarias para su comunicación, traslado y operación.

4. Se acuerda que en los municipios en conflicto se llevará a cabo una auditoría del uso de los recursos públicos, conforme a las disposiciones legales aplicables.

5. Se establece la rotación de los Agentes del Ministerio Público Federal y Local, así como la instrumentación de unidades móviles de Ministerio Público.

6. La Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán se compromete a mantener comunicación permanente con las autoridades municipales de la zona para ofrecerles el apoyo conforme a las facultades que tiene dicha Comisión.

7. Para el caso de las personas que fueron detenidas por portación de arma de fuego y que se encuentran en libertad provisional bajo caución, se harán las gestiones pertinentes para que puedan firmar en el estado de Michoacán, sin tener que trasladarse a otras entidades federativas.

8. En el caso de los servidores públicos municipales y estatales que tengan responsabilidad penal o administrativa, y que se encuentre totalmente acreditada, se les aplicará todo el peso de la ley.

Sobre la firma

Paula Chouza

Periodista de Política en EL PAÍS. Participó en el lanzamiento de EL PAÍS América en México. Trabajó en el Ayuntamiento de A Coruña y fue becaria del Congreso de los Diputados, CRTVG o Cadena SER. Es licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela, Máster en Marketing Político y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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