La justicia, otra víctima de la violencia en Michoacán

Gustavo Reyes fue lapidado en septiembre de 2010. Su cuerpo fue encontrado en un camino rural de Uruapan, Michoacán (al suroeste de México) junto con el de Rafael Equihua. Ellos eran las autoridades interinas del municipio de Tancítaro. Gustavo era un profesor de artes marciales que asumió el cargo cuando el presidente municipal y el resto del cabildo electo renunciaron a su cargo por las amenazas del cártel de La Familia Michoacana. Los suplentes de los regidores declinaron tomar posesión del cargo. Fue Gustavo, un ciudadano de a pie poseído por una idea de que las cosas podrían mejorar, el único dispuesto a no dejar sin autoridades a este municipio de 26.000 habitantes enclavado en la región de la Tierra Caliente. El de Tancítaro es uno de los seis alcaldes asesinados en Michoacán desde 2008. La lista incluye también a María de los Santos Gorrostieta, presidenta municipal de Tiquicheo, que murió después de haber sobrevivido a dos atentados perpetrados por el narcotráfico. Ninguno de los seis homicidios ha sido resuelto por las autoridades.

Se han cumplido diez días desde que el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto irrumpió en el Estado de Michoacán (de más de cuatro millones de habitantes) para tratar de controlar una crisis de inseguridad provocada por la pugna entre narcotraficantes y grupos de civiles armados que se denominan autodefensas. Desde ese entonces se han detenido a más de 100 supuestos criminales, la gran mayoría, 83, son integrantes del cártel Los Caballeros Templarios. Alfredo Castillo, comisionado para Michoacán, comienza a darse cuenta de que más allá de un deterioro momentáneo en la seguridad púbica se enfrenta a un verdadero vacío que han dejado las instituciones del Estado. Esta semana, al tomar las riendas de la policía y la Procuraduría (Fiscalía) se ha encontrado, según relata el periódico Reforma “que no había expedientes…las denuncias ciudadanas no eran mecanografiadas… una aprehensión era inimaginable”.

Otros cuatro alcaldes de localidades de Tierra Caliente tuvieron que despachar parte de 2013 a salto de mata. Huyeron de sus localidades ante amenazas de grupos de autodefensas o de la delincuencia organizada. El alcalde de Buenavista Tomatlán había señalado en febrero pasado que no existían condiciones de seguridad para desempeñar su cargo. El de Tepalcatepec estuvo ausente de su municipio por tres meses. Su oficina estaba tomada por civiles armados. Esto también sucedió en Aquila y Aguililla.

El ejército ha retirado más de 2.000 armas a policías municipales de Michoacán. Esta es una muestra de desconfianza en las corporaciones encargadas de proporcionar la seguridad en los municipios. El desarme no solo lo han realizado los soldados, también las autodefensas han quitado sus pistolas a los policías de Parácuaro.

En octubre de 2013 se cumplió el plazo impuesto por el Gobierno del expresidente Felipe Calderón para que los Estados limpiaran sus cuerpos policiales mediante los exámenes de control de confianza. Michoacán, contrario a lo que se podría pensar, no se encuentra dentro de los casos más desastrosos pero tampoco ha sido un alumno aventajado en la materia. Es el número 12 (de 32) a nivel nacional. Las autoridades sometieron a las pruebas a 10.206 policías estatales, ministeriales y municipales entre 2010 y noviembre de 2013. Únicamente aprobaron 5.976 agentes. El resto, 4.230, suspendió. No quiere decir que los más de cuatro mil policías pertenezcan al crimen organizado, sino que están incapacitados por temas de salud o mentales para hacer su trabajo. El Gobierno no ha revelado cuántos agentes han sido dados de baja por colaborar con los narcotraficantes.

El lento avance del Gobierno del Estado en las pruebas de control de confianza ha tratado de ser subsanado por el Gobierno Federal. En la administración de Enrique Peña Nieto el ejército ha desarmado a policías de cuatro municipios. En el puerto de Lázaro Cárdenas los 156 agentes, la totalidad de la fuerza municipal, fueron llevados a capacitarse. Esto también sucedió en Vista Hermosa, Apatzingán y Uruapan, que hoy siguen siendo focos rojos en la región de Tierra Caliente.