La sangre enturbia los cañaverales de Nicaragua

Los cañaverales de la localidad de Chichigalpa, en las costas del Pacífico de Nicaragua, se tiñeron el sábado de sangre, cuando la Policía Nacional de este país reprimió brutalmente una protesta pacífica que centenares de excortadores de caña de azúcar mantenían a unos metros del Ingenio San Antonio, propiedad del poderosísimo Grupo Pellas, productor del famoso Ron Flor de Caña.

El asalto policial se produjo, según testigos, en horas de la noche, cuando la protesta había mermado un poco. Entonces, una patrulla policial abrió fuego. Las balas dejaron, por lo menos, tres heridos de gravedad y un muerto: Juan de Dios Cortés, de 48 años, quien junto a sus compañeros exigía una indemnización por estar enfermo de Insuficiencia Renal Crónica, una mortal epidemia que se ha ensañado con los cortadores de caña, y que ha dejado más de 3.400 muertos en Nicaragua. En Centroamérica, las muertes suman más de 14 mil. Los cañeros de Chichigalpa culpan al Grupo Pellas por la enfermedad, aunque todavía no se han establecido las causas directas que expliquen la mortandad. Producto de la represión también resultó herido un niño de 14 años, quien recibió una bala en la cabeza. El muchacho era atendido en el hospital La Mascota de Managua, con pronóstico reservado.

En la Colonia Jiménez de Chichigalpa, los vecinos velaron el domingo a Cortés. La colonia es una chabola de calles polvosas y casas desvencijadas, donde los niños corretean descalzos y perros famélicos husmean la basura. La colonia se levanta detrás del viejo cementerio de Chichigalpa, lleno ya de muertos, muchos de ellos por IRC. El cuerpo de Juan de Dios Cortés yacía en un ataúd regalado por la Policía de Nicaragua, una pírrica indemnización por la muerte del hombre a manos de sus oficiales. El ataúd fue colocado en la salita de la casa, en una esquina, justo al lado donde el techo no se ha venido abajo: la casa de adobe y viejos tablones se mantiene en pie de milagro. “Lo mataron como a un animal”, dijo María del Carmen Chévez, esposa de Cortés, con quien tuvo dos hijas. “Es una injusticia lo que han hecho. Ellos estaban reclamando sus derechos, no buscando pleito. Él (su esposo) quería que le respondieran, porque se sentía enfermo y necesitaba su dinero, pero en lugar de eso lo que le dieron fue la muerte”, agregó la mujer.

Afuera de la casa los vecinos comentaban los hechos de la noche del sábado. José Daniel Espinoza Soto, también excortador de caña, contó que él vio caer muerto a Cortés: Cuando la policía abrió fuego, ambos hombres intentaron esconderse, pero una bala impactó a su compañero de protesta, que cayó al suelo. Espinoza carga con él, en una bolsita de plástico transparente, el casquillo de la bala que supuestamente mató a Cortés. “Ando este casquillo como prueba, porque a mí no me van a venir a decir que lo que digo es mentira”, sentencia el hombre, quien cuenta lo sucedido la noche del sábado: “Vino una patrulla de la Policía de Chichigalpa con tres policías y el chófer. Tomaron sus pistolas de reglamento y comenzaron a disparar”.

Los vecinos de la Colonia Jiménez escucharon el relato de Espinoza y la ira se contagió de uno en uno. Los gritos comenzaron a salir de sus bocas: “¡Justicia!”, clamaba alguien. “¡Asesinos!”, gritaba otro. Hasta el lugar del velatorio se trasladó Luis Mariano Morales, secretario político del gobernante Frente Sandinista en la provincia de Chinandega, a cuya jurisdicción pertenece Chichigalpa, pero los vecinos lo sacaron a gritos. “Ustedes son los culpables”, le espetó uno de los vecinos. Hacía referencia a las negociaciones que representantes del FSLN, el alcalde de Chichigalpa, Víctor Sevilla, también sandinista, y miembros de la policía mantuvieron con los dirigentes de los cañeros, para que abandonaran la protesta que se desarrollaba desde hacía 15 días en las cercanías del Ingenio San Antonio. El 11 de enero los manifestantes accedieron a retirarse bajo el compromiso de que los políticos y funcionarios intercederían con el ingenio para lograr una indemnización de 26 mil dólares por persona, de un total de 479 demandantes. Los excañeros pusieron como fecha límite el día 18 para obtener una respuesta, pero al no recibirla volvieron a protestar en las instalaciones del ingenio. Esa noche, la Policía abrió fuego contra ellos. “Fue una masacre, nos tiraron a matar”, dijo José Daniel Espinoza.

La Policía de Nicaragua emitió el domingo un comunicado en el que informaba que ha abierto una investigación para esclarecer los hechos de Chichigalpa. La institución asegura que los policías que dispararon contra los extrabajadores de la caña se encuentran suspendidos y detenidos, “a fin de poner a los responsables a la orden de las autoridades competentes para ser sometidos al proceso judicial y se impongan las sanciones que corresponden”. En Chichigalpa, el jefe de la policía Local, Francisco Ruiz, se negó a dar declaraciones al ser consultado. “No estoy autorizado para hablar”, dijo. También guardaron silencio las autoridades locales. Nora Chávez, vicealcaldesa de la localidad, se limitó a decir que investigaban lo sucedido.

El silencio de las autoridades policiales y municipales enardece los ánimos en Chichigalpa. El domingo y este lunes se mantenía la tensión en el poblado, que durante años ha enterrado, cada día, de uno en uno, a miles de extrabajadores de la caña enfermos de Insuficiencia Renal Crónica. El alcalde de la localidad lanzó en mayo pasado una alerta, espantado porque su poblado se queda sin hombres: un nuevo cementerio ha sido construido, porque en el anterior ya no cabía tanto muerto. En el nuevo cementerio todos los días es enterrado un enfermo de IRC, al fondo de camposanto, en la zona delimitada para los fallecidos por ese mal. La más reciente víctima fue Carlos José Martínez Rivas, de 50 años. La noche del domingo visité su casa, en la barriada La Candelaria, donde su madre, Guillermina, de ochenta años, y su esposa, Gilma, de 37, esperaban a que el hombre muriera. Carlos José yacía acostado en una cama de madera, en el centro del pequeño salón de la casa, respirando trabajosamente y lanzando sonidos ásperos. El hombre había trabajado desde los 15 años para el Ingenio San Antonio y hace doce le diagnosticaron IRC. “Le dijeron que ya no podía seguir trabajando para el ingenio. Lo sacaron con una pensión mensual de 2.800 córdobas (109 dólares aproximadamente)”, explicó su esposa. “Los médicos dijeron que no había nada que hacer, que esperáramos la voluntad de Dios”, dijo la mujer entre lágrimas. Esa voluntad llegó la madrugada del lunes.

La enfermedad es la pérdida de las funciones normales del riñón, que deja de filtrar toxinas y otros desechos del cuerpo. La IRC no tiene cura, a menos que el paciente se someta a un trasplante de riñón, si logra encontrar un donante y el dinero para pagar la operación que puede ascender a 14.000 dólares. Hasta ahora se desconocen las causas de esta severa epidemia que afecta principalmente las costas del Pacífico de Nicaragua, pero que castiga con furia a Chichigalpa. Una de las causas podría ser la exposición durante horas a las altas temperaturas en los cañaverales, que superan los 36 grados. Las jornadas pueden durar hasta 12 horas consecutivas. Recientemente, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió a los gobiernos de Centroamérica de la gravedad de la epidemia de IRC y, de forma sorpresiva, admitió que el uso de agroquímicos en las plantaciones de caña podría estar entre las causas, una hipótesis que el ingenio San Antonio niega rotundamente. El lunes, una fuente vinculada al ingenio dijo a la revista Confidencial, de Managua: “Ninguno de los estudios científicos que se han realizado hasta hoy ha establecido una relación directa entre la industria azucarera y el IRC. Hay mucha gente enferma por IRC, pero no solo en la zona de influencia del ingenio, también en otras zonas. Esto es un grave problema de salud pública”.

Y mientras el Grupo Pellas deslinda cualquier responsabilidad, el Gobierno del presidente Daniel Ortega calla sobre la epidemia. Varias solicitudes de información no han sido respondidas por el Ministerio de Salud de Nicaragua. Los cañeros culpan al Estado de la indefensión en la que se encuentran, y su indignación se tradujo en rabia el sábado, cuando una patrulla de la Policía disparó a mansalva contra un grupo indefenso y desarmado, que protestaba cansado de tanta indolencia, tanto oficial como de los diarios importantes de Managua, que han callado la protesta de los cañeros por vincular a un poderoso grupo empresarial que es un gran anunciante.

La tarde del domingo, en el velatorio de Juan de Dios Cortés, Martha Mercado Cruz, de 48 años, decía: “Lo mataron como perro. Es un gran pecado lo que le hicieron. Espero en Dios que todo esto va a tener castigo. El pueblo se va a levantar”. Martha fue quien cerró los ojos de Cortés cuando este murió en el hospital de Chichigalpa por una bala de la policía de Nicaragua.