El Gobierno mexicano busca la conciliación con las autodefensas

El Gabinete de Seguridad y el Gobierno de Michoacán se reúnen con representantes de las milicias en Apatzingán, epicentro de la violencia de los últimos días

El cartel de los "Caballeros Templarios" siembra el caos en Michoacán.Foto: atlas

Las señales más evidentes de que Apatzingán, una ciudad de 80.000 habitantes, ha sido el epicentro de la violencia en Tierra Caliente, Michoacán (suroeste de México) son dos: la multitud de soldados y federales que patrullan desde ayer sus calles, y el olor a quemado que todavía desprende su alcaldía, atacada el sábado pasado.

Las cicatrices de Apatzingán (decenas de tiendas cerradas, vidrios cortados en la calle) muestran porqué esta ciudad fue elegida para que ocurriera aquí la reunión del gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, y representantes del Gabinete de Seguridad de México con líderes de autodefensas, civiles armados que pelean contra supuestos miembros del cártel de Los Caballeros Templarios, que domina la zona.

De acuerdo con fuentes del Gobierno michoacano, Vallejo se ha reunido con Estanislao Beltrán, representante del grupo de autodefensas de Tepalcatepec (el grupo al que pertenece uno de los líderes más conocidos del movimiento, José Manuel Mireles), e Hipólito Mora, jefe del grupo de autodefensas de La Ruana.

El encuentro se interpreta como un intento de las autoridades mexicanas a rebajar la tensión con los autodefensas, después de los enfrentamientos registrados la noche del lunes, cuando grupos armados se opusieron al intento de desarme del Ejército en dos comunidades: Antúnez y Nueva Italia.

Derivado de los choques murieron al menos dos personas: Roberto Benítez, de 27 años, y Mario Torres Pérez, de 56, los dos habitantes de Antúnez. Sus discretos funerales se celebraron en humildes casas en la localidad, de 8.000 habitantes. Los familiares de las víctimas afirmaron que no pertenecían a los autodefensas, pero que sí los apoyaban moral y económicamente. La madre de uno de ellos subrayó una y otra vez que no pedía venganza: solo paz.

El intento de desarme ocurrió después de que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunciara el lunes que las fuerzas federales tomarían el control de la seguridad de los municipios de Tierra Caliente, la región más conflictiva de Michoacán, y que pidiera a las autodefensas a abandonar las armas y volver a sus pueblos.

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Las milicias respondieron que no dejarían la lucha a menos que se detuviera a los líderes de Los Caballeros Templarios, el cártel que domina la zona, y al que acusan de extorsionar, asesinar y violar con total impunidad.

El Ejército ha desarmado también hoy a decenas de policías municipales de Apatzingán, que habían sido acusados en reiteradas ocasiones de actuar bajo la amenaza y/o soborno de Los Caballeros Templarios. El gesto se interpreta como otro intento de conciliación con las guardias comunitarias.Operativo similar ocurrió en Uruapán, otra importante ciudad de esa zona.

La jornada del lunes fue particularmente confusa. Al anuncio del secretario de Gobernación siguió la llegada de cientos de soldados y 2.000 policías federales a Michoacán, el intento de desarme de dos de los 11 municipios que controlan los autodefensas y dos anuncios, a través de sendos videos, contradictorios de José Manuel Mireles, el carismático líder de las autodefensas de Tepalcatepec, que sufrió un accidente de avioneta el sábado 4 de enero. Mireles dijo según se difundió en televisión nacional que apoyaba la petición de autodefensas, y horas más tarde, en otro vídeo que circuló en las redes sociales el médico de profesión matizaba esa postura y afirmaba que solamente pedía que regresara el Estado de Derecho a Michoacán, condicionando la renuncia a la vía armada a la detención de líderes templarios.

La violencia en Michoacán no es nueva, pero ha aumentado con velocidad en los últimos días. La toma de Parácuaro, una localidad de 20.000 habitantes a 20 kilómetros de Apatzingán, aceleró las hostilidades en la región, que ha vivido sus jornadas más turbulentas en años. El Estado es el mayor productor de marihuana y metanfetamina del país y un punto estratégico del trasiego de droga. En 2013 murieron 990 personas, la cifra más alta en 15 años.

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