La guerra de los 220 millones de dólares

La violencia en Michoacán es un incendio que no ha podido extinguirse con el gasto de recursos públicos federales. El presupuesto destinado a la seguridad pública de este Estado en el occidente de México ha ido en aumento desde 2004 sin que se aprecien visos contundentes de mejoría en la paz pública. Hasta el momento se libra una guerra que ha costado al Gobierno federal más de 222 millones de dólares (2.900 millones de pesos). Hace falta algo más que dinero para poder ganar terreno a los criminales.

En México, los Estados y municipios cuentan con fondos especiales otorgados por el Gobierno federal. Los recursos están etiquetados para diferentes destinos. El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) es el que más dinero concentra. Sus recursos deben usarse para depurar los cuerpos policiales, pagar a policías y personal judicial y a comprar armas y vehículos, etc.

En el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) el fondo para el Estado de Michoacán aumentó seis millones de dólares, de 14 millones en 2006 a 20.5 en 2012. De hecho, desde 2004 el FASP no ha sufrido recortes, lo que sí sucedió en 2002 y 2003. En 2008, cuando la violencia comenzó a recrudecer a raíz del combate a los grupos de la delincuencia organizada por parte de las fuerzas del Estado, la cifra aumentó y rebasó los 15 millones de dólares. Un informe de la Cámara de Diputados estima que entre 1999 y 2008 Michoacán ha recibido más de 122 millones de dólares únicamente por este fondo. Otros 100 millones han sido destinados en los últimos seis años.

“No hay relación entre un  mayor gasto y disminución de la violencia", explica la analista Edna Jaime

Ese fondo y otros (SUBSEMUN, FORTAMUN) son complementarios a una serie de gastos que se realizan en la materia. Cada Estado prevé cada año el presupuesto que destinará a combatir a la delincuencia. En Michoacán, los recursos disponibles para la Secretaría de Seguridad Pública también han ido en crecimiento constante desde 2010. En ese entonces el Gobierno de Leonel Godoy, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), destinó 145 millones de dólares al organismo. Para 2014, el Gobierno de Fausto Vallejo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha contemplado 165 millones. Ha sido un aumento de 20 millones de dólares en cuatro años. A pesar de esto los homicidios en el Estado han pasado de 1.349 en 2006 a 2.368 en 2013.

“No hay una relación entre mayor gasto y disminución de la violencia", explica Edna Jaime, de México Evalúa, un centro de estudios de políticas públicas. “A través del SUBSEMUN y el FASP se ha estado invirtiendo mucho dinero en Estados y en municipios y basta con ver la incidencia delictiva para ver que no hay una correlación favorable”, asegura.

El problema no es de recursos, sino de ideas. “Es más importante que haya proyecto y voluntad política. Que haya liderazgo. Así como tenemos claro un liderazgo para promover reformas en materia económica yo creo que necesitamos al presidente involucrado en estos temas. Necesitamos el liderazgo presidencial, necesitamos a Peña haciendo un posicionamiento, involucrándose en Michoacán”, asegura Jaime.

En febrero de 2010 Felipe Calderón lanzó el programa Todos somos Juárez, que tenía como objetivo rescatar la ciudad fronteriza del Estado de Chihuahua de las manos de la delincuencia. Las autoridades federales, junto a los gobiernos estatales y municipales se aliaron con la sociedad civil para tratar de reconstruir el tejido social. El esfuerzo llevó programas de salud, activación económica, educación, cohesión social y comunitaria. “La inversión en dinero fue muy costosa, pero sí marcó un parte aguas”, dice Jaime. "Aunque los ejemplos son distintos, la situación en Michoacán amerita una intervención, un rescate multifacético”, agrega.

Las inversiones en seguridad han adolecido de falta de transparencia

Suhayla Bazbaz asegura que el problema no es “cuánto se gasta sino cómo se invierten los recursos”. La presidenta de la ONG Cohesión Comunitaria e Innovación Social AC asegura que la mayoría del dinero se destina a gastos por inseguridad (cámaras de vigilancia, armas, patrullas, botones de pánico) en lugar de invertir en seguridad y que esta solo se puede hacer construyendo ciudadanía. “Si nosotros mejoramos esto suceden varias cosas: bajan los delitos violentos y no violentos y reduce los factores de violencia y delincuencia en el mediano y largo plazo”. Recordó que en 2011 un análisis del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana determinó que el 20% de los recursos del FASP se utilizaban en botargas, panfletos y otros materiales que tenían poco impacto en la seguridad de las comunidades

La falta de transparencia en el uso de recursos destinados a seguridad también es un problema. En un informe de 2011 elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, el organismo que investiga el uso y destino de cada peso que sale del presupuesto federal a las entidades, se señala que Michoacán “no proporcionó la comprobación de los pagos” de 238.728.900 millones de pesos (18.2 millones de dólares). Además detectó “errores y omisiones” en la información financiera de otros 12 millones de dólares.

Bazbaz asegura que la prevención de la inseguridad debe de cobrar fuerza en este sexenio a diferencia del pasado, donde la mayoría de las reacciones del Estado significaban el aumento de policías y militares en las zonas de conflicto. “No habíamos invertido en la seguridad, habíamos gastado en la inseguridad, que es diferente. Se reacciona ante los focos rojos y no se invierte en la reducción del riesgo”, afirma.

Para 2013 el Gobierno de Enrique Peña Nieto destinó 191 millones de dólares (2.500 millones de pesos) para prevención de los delitos en 57 municipios del país. La cifra aumentó casi siete millones de pesos para 2014 y se espera que crezca a lo largo del sexenio.