La movilidad laboral ahonda la polarización en la UE

Algo más de 27 millones de rumanos y búlgaros, el 5% de la población de la UE, tienen desde esta semana derecho a ganarse la vida en cualquiera de los 28 Estados miembros. La afirmación sugiere grandes cambios en la movilidad interna del continente, pero en la práctica las novedades son mínimas. Porque de todos los miembros del club comunitario, solo nueve aplicaban restricciones a estas dos nacionalidades. Y las trabas afectaban exclusivamente a los empleados por cuenta ajena, que necesitaban permiso de trabajo para establecerse. Además, la mayoría de los que querían emigrar a otro país comunitario ya lo han hecho (más de tres millones de personas, según la Comisión).

Con este escenario de fondo, solo el oportunismo político explica la desproporción entre los pequeños cambios que implica el fin de la moratoria y la gran controversia suscitada, especialmente cuando el calendario de libre circulación se conocía desde hace casi 10 años.

La posibilidad de cerrar temporalmente el acceso a los nuevos europeos se fijó en las condiciones de adhesión de Rumanía y Bulgaria, que ingresaron en la UE en 2007. El objetivo era proteger los mercados laborales de los miembros más antiguos del club frente a unos ciudadanos cuyas condiciones de vida distaban mucho de las de la Europa próspera. Excepciones similares, poco compatibles con el llamado espíritu comunitario, se habían establecido también para algunos de los países de la gran ampliación que Europa hizo hacia el Este en 2004. Y, mucho antes, para españoles, portugueses y griegos. En ninguno de esos casos la apertura definitiva de puertas generó un malestar similar al que se ha creado con rumanos y búlgaros. Y ello a pesar de que el número de emigrantes potenciales era mayor.

Crisis económica y populismo han radicalizado el debate sobre inmigración

Aunque seguramente nadie calibró las consecuencias, esas prácticas abrieron la puerta a observar a los recién llegados como ciudadanos de segunda en la UE. La crisis y la demonización a la que someten los populismos todo lo que suene a extranjero, aun con la ciudadanía europea en el pasaporte, han radicalizado el debate y la polarización entre ricos y pobres. Paradójicamente, los más pasivos en este proceso han sido los más afectados: rumanos y búlgaros. Salvo para contrarrestar algún exceso verbal de los gobernantes británicos, Bucarest y Sofía no han movido ficha para orientar el debate hacia sus intereses, aseguran fuentes comunitarias.

El motivo hay que buscarlo en la firmeza que ha mantenido la Comisión Europea en este proceso. A pesar de las quejas, temores e incluso amenazas veladas que han lanzado algunos países ricos en los últimos meses, Bruselas no ha cedido. Al principio su reacción fue defensiva, recordando cada vez que había ocasión que la libre circulación es un pilar básico de la UE y que las restricciones terminaban sin posibilidad de prórroga el 1 de enero de 2014. A medida que el debate subía de tono, el Ejecutivo comunitario pasó a la ofensiva con estudios que demostraban que el impacto del nuevo escenario era mínimo y que rumanos y búlgaros habían traído prosperidad a los grandes países de la UE desde que se convirtieron en sus socios.

Bruselas se opuso a prórrogas en las restricciones a búlgaros y rumanos

Según esos trabajos, el PIB de la UE crece a largo plazo un 0,3% adicional al año gracias a la aportación de los rumanos y búlgaros desplazados (una décima más en el caso de los países más antiguos y ricos del club). Si se amplía el foco a todos los ciudadanos que se desplazan por el territorio comunitario sin un empleo de por medio (no solo rumanos y búlgaros), la Comisión reduce su peso al 1% de la población de la UE. Y la movilidad intracomunitaria (la inmensa mayoría, por razones laborales) solo afecta al 2,6% de todos los ciudadanos. Unas cifras bastante modestas para la polvareda que han suscitado.

Con esos mensajes oficiales, Rumanía y Bulgaria han preferido ponerse de perfil en un debate dominado por las incongruencias: España e Italia, con alrededor de un millón de rumanos y búlgaros cada uno en su territorio —y una grave crisis a cuestas— no se han pronunciado en contra de la libre movilidad. Reino Unido, con 149.000 ciudadanos de esos dos países y una situación económica mucho más holgada, lo interpreta como una amenaza a su Estado de bienestar.

Estas piezas solo encajan cuando se incorpora el populismo como factor que extrema las posturas. El país más beligerante ha sido Reino Unido, que se lanzó a pedir una extensión de las medidas temporales y amenazó con restringir el acceso a las prestaciones sociales a los nuevos europeos. Le siguieron Holanda, Austria y Alemania, que estamparon su firma junto a la británica para pedir a Bruselas que frenara lo que consideraban abusos de la libre movilidad. La última voz altisonante ha sido la del territorio más acaudalado de Alemania, el Estado de Baviera. El partido hegemónico allí, la CSU (hermano de la CDU de Angela Merkel), ha propuesto limitar la seguridad social para los rumanos y búlgaros en la región.

Hartos de agravios, algunos de los países que se sienten indirectamente aludidos por las sospechas de abusos en el Estado de bienestar de la Europa más desarrollada decidieron responder. Poco antes de final de año, Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia enviaron una carta a sus socios comunitarios en la que recordaban que la riqueza generada por sus ciudadanos en territorio británico superaba con creces el gasto en prestaciones. Rumanía y Bulgaria apoyaron el escrito. Y la mayoría de los Estados miembros rehusaron respaldar el alarmismo de Londres, cuya voz suena más pero está, al menos de momento, en minoría.