El Gobierno ecuatoriano investiga espionaje y sospecha de la oposición

El despacho y la vivienda del asambleísta de oposición, Cléver Jiménez, y el piso de uno de sus asesores, Fernando Villavicencio, han sido allanados en las últimas 24 horas. Decenas de miembros de la Fuerza Pública y de la Fiscalía realizaron los procedimientos amparados por una orden emitida por el juez de la Corte Nacional de Justicia, Jorge Blum, quien ordena la incautación de todas las evidencias documentales y dispositivos electrónicos que guarden relación con los hechos que investiga la Fiscalía General del Estado. Pero ni las personas interesadas ni la opinión pública tienen información oficial sobre los hechos que se investigan.

El titular de la Fiscalía, Galo Chiriboga, acostumbrado a explicar todas las actuaciones del Ministerio Público vía Twitter, no se ha pronunciado este viernes sobre los allanamientos. Pero el presidente Rafael Correa le ha tomado la posta y ha aventurado una explicación a través de su cuenta de Facebook: “Hace meses hackeo de cuentas del Presidente y altos funcionarios. Investigaciones llevaron a Cléver Jiménez y su asesor, Fernando Villavicencio. Con orden judicial se han hecho allanamientos. Descubrimientos sorprendentes. Tenemos todo filmado, así que no les servirá de mucho victimizarse como de costumbre. Se han descubierto cosas realmente graves, que en su momento y de acuerdo al debido proceso en su momento las sabrá el país. ¡Es terrible lo que ha estado haciendo esa gente!”.

Esto tiene concordancia con lo que ya adelantó en noviembre el medio público El Telégrafo. Este diario se hizo eco de las declaraciones del Fiscal General del Estado sobre una denuncia presentada en contra del asambleísta Cléver Jiménez por supuestamente revelar información reservada sobre el caso Chevron, que habría salido del intercambio de correos electrónicos entre altos funcionarios del Gobierno. “Hemos recibido información y estamos haciendo los análisis de esos hechos. El caso lo está llevando en este momento la Fiscalía General para organizar exactamente cuál será el trámite jurídico que habrá que darle", dijo Chiriboga.

El caso de espionaje al Gobierno ecuatoriano quedó en evidencia porque Chevron trató de emplear las comunicaciones internas interceptadas en el proceso que inició en Nueva York por presuntas irregularidades en el millonario juicio que perdió en Ecuador por daños ambientales. El juez norteamericano, sin embargo, consideró que la información no era relevante y la desestimó antes de que pudiera ser revelada.

Jiménez se convirtió en sospechoso de espionaje porque desveló parte de esas comunicaciones internas y acusó al Gobierno de ocultar información. El asambleísta dijo que el bufete de abogados Foley Hoag fue contratado por el Gobierno ecuatoriano para la defensa de varios litigios internacionales, pese a que la firma había trabajado para Chevron. También reveló que algunos funcionarios del actual Gobierno fueron los que libraron de responsabilidad ambiental a Texaco-Chevron, cuando trabajaban en el Gobierno de Jamil Mahuad.

El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, instó a Jiménez a revelar quién le había entregado los mensajes interceptados al Gobierno y pidió a la Fiscalía que iniciara un proceso penal en contra del asambleísta. El pedido se hizo durante una de las cadenas nacionales que emite el Gobierno para informar de sus actividades, el pasado 9 de noviembre.

Los recientes allanamientos a los lugares de trabajo y residencia del asambleísta Cléver Jiménez y su asesor Fernando Villavicencio han sido la señal de que la investigación avanza, pero poco se puede averiguar en estos días porque este viernes se ha iniciado el puente de fin de año en Ecuador. Villavicencio, que es reconocido por sus investigaciones en torno a la industria petrolera, asegura que se vulneraron sus derechos y contó que la Policía ingresó de manera violenta a su domicilio y aterrorizó a su esposa y sus pequeños hijos, de año y medio y de seis. Además denuncia que no le hicieron firmar ninguna acta por las computadoras, la tableta y los teléfonos celulares que se llevaron. “Para mi es un robo del Estado y definitivamente aquí no hay democracia. Estamos reeditando lo que se vio en esa película que retrataba la vida en Alemania del este, 'La vida de los otros'”.

El allanamiento a la vivienda de Jiménez no fue muy diferente, excepto que él no estaba en casa. Los delegados de la Fiscalía forzaron a sus caseros a abrir el departamento. Una vez dentro revolvieron todo, hurgaron incluso en los tanques de agua de los servicios higiénicos, y se llevaron varios documentos del escritorio del asambleísta. Jiménez, que está repitiendo legislatura por el partido indígena Pachakutik, actualmente investiga las negociaciones del Gobierno en torno a la industria petrolera y de telecomunicaciones. Es uno de los políticos más descalificados por el Gobierno de Correa, sobre todo, porque acusó al presidente de haber fingido su secuestro y su liberación el 30 de septiembre de 2010, cuando hubo una sublevación policial con tintes de golpe de Estado. Esta denuncia, sin embargo, fue calificada de maliciosa y temeraria y Jiménez fue sentenciado a 18 meses de prisión por injurias. El caso todavía está en casación y la Comisión Interamericana de Derechos humanos ha solicitado medidas cautelares para el asambleísta.