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Guerra total contra los Hermanos Musulmanes en Egipto

La designación de la hermandad como "organización terrorista" aleja una solución negociada a la crisis desatada en julio

Después de que el miércoles designase como una “organización terrorista” a los Hermanos Musulmanes, organización vencedora de las primeras elecciones libres celebradas tras la revolución de 2011 que acabó con Hosni Mubarak, el Gobierno egipcio ha declarado una guerra total contra el histórico movimiento islamista, alejando de forma definitiva cualquier atisbo de solución política a la crisis que vive el país árabe. El Ejecutivo renovó este jueves sus promesas de aplicar mano dura ante la amenaza terrorista después de un atentado contra un autobús en El Cairo que provocó cinco heridos. La acción constituye el primer ataque con explosivos dirigido contra la población desde el inicio de la última ola de violencia.

Según Hani Abdelatif, portavoz del Ministerio del Interior, el Código Penal contempla la condena a la pena de muerte para los líderes de la Hermandad, como dirigentes de una organización terrorista, y sentencias de hasta cinco años de cárcel por la simple pertenencia al grupo. “Todo aquel que la promocione con sus acciones o de palabra, o que participe en las publicaciones o grabaciones de la organización terrorista, también será castigado con una pena que no excederá los cinco años”, añadió el portavoz.

Más allá de las consecuencias legales, la decisión del Gobierno entierra cualquier esperanza de una solución negociada al sangriento pulso que libran los Hermanos Musulmanes y las autoridades, apoyadas por el Ejército. Desde el golpe de Estado que derrocó el 3 de julio al rais islamista Mohamed Morsi, diversas personalidades e instituciones habían intentado mediar de manera infructuosa entre ambos actores. La medida representa una victoria dentro del Gabinete de los halcones que apuestan por la erradicación de la cofradía, pues hace valer su apuesta represora frente a la vía del diálogo que defiende el sector liderado por el vicepresidente Ziad Bahai el Din.

La declaración gubernamental se produjo tras el brutal atentado frente a la comisaría de policía de Mansura (norte del país) que causó la muerte a 16 personas y heridas a más de un centenar el pasado martes. A pesar de que el grupo yihadista Ansar Bait al Maqdis reivindicó la acción, tanto el Ejecutivo como los medios de comunicación insisten en atribuir su autoría a la Hermandad.

El bloguero Big Pharaoh encontró una explicación a tal incongruencia: “El Gobierno está utilizando la sangre de las víctimas de Mansura para su batalla política contra los Hermanos”. La cofradía es el único movimiento político robusto, capaz de disputar el control del país a la renacida red de instituciones e intereses que sostenía al régimen de Mubarak. A pesar del endurecimiento de la represión, la Hermandad anunció públicamente que continuará movilizando a sus seguidores en las calles contra “las autoridades golpistas”.

Por otro lado, Egipto padeció este jueves un nuevo ataque terrorista. Una bomba estalló en un autobús público a las 9.15 de la mañana en el barrio cairota de Medina Nasser. En aquel momento, el vehículo se encontraba medio vacío, por lo que la explosión provocó solo cinco heridos. La policía desalojó y rastreó la zona, encontrando otros dos artefactos explosivos que procedió a desactivar. Las dos bombas eran de fabricación casera y contenían clavos y trozos de mármol.

A pesar de no haber provocado víctimas mortales, el atentado estimuló el furor con el que los medios de comunicación atacan a la Hermandad. En un intento de desencadenar una auténtica caza de brujas, la televisión CBC facilitó a sus telespectadores varios teléfonos del Ministerio del Interior para que denunciaran a miembros de la cofradía. El periódico Youm al Sabaa aún fue más lejos con una de sus portadas, titulada “El pueblo quiere la ejecución de los Hermanos”. La única excepción a la demonización de la cofradía en los quioscos era el periódico Hurriya ual Adala, propiedad del brazo político de la Hermandad, pero ayer fue prohibido.

Entre tanta histeria anti-Hermanos, pocos entraron a debatir la legalidad de la decisión gubernamental de calificar a la cofradía de grupo terrorista, aplaudida también por los partidos laicos. “El recurso al artículo 86 [del Código Penal] no es legal, ya que los tribunales son los únicos capacitados para aplicarlo, y no una institución ejecutiva”, declaró al diario Al Shuruk Tareq al Bishri, un veterano profesor de Derecho que también censuró que se estableciera la identidad del autor del atentado de Mansura sin esperar siquiera a que la fiscalía finalizara sus pesquisas.

Uno de los principales frentes de la guerra contra la Hermandad hace referencia al futuro de sus ONG. En aplicación de la sentencia judicial que en septiembre disolvió al movimiento, el Ejecutivo ha ordenado la congelación de los activos de más de un millar de asociaciones islámicas sospechosas de pertenecer o colaborar con la Hermandad, entre ellas hospitales y organizaciones caritativas. Varios de sus responsables han negado cualquier vínculo con la cofradía, y han denunciado que la medida puede afectar gravemente a miles de ciudadanos pobres.

“Perder su red de ONG representaría un golpe muy duro para los Hermanos, pues a ella deben su popularidad entre los más pobres”, explica Mohamed Faiz, analista del centro Al Ahram. Durante la dictadura de Mubarak, todas estas actividades sociales eran toleradas, pues los Hermanos Musulmanes era una organización alegal.