Rusia aprueba una amnistía para Greenpeace y las Pussy Riot

De forma unánime la Duma Estatal de Rusia (cámara baja del parlamento) aprobó el miércoles con algunas correcciones el proyecto de amnistía presentado por el presidente Vladímir Putin con motivo del 20 aniversario de la Constitución. La medida, según dijo el jefe del Comité de Legislación de la Duma, Pavel Krashenínnikov, puede afectar a unas 12.000 personas, (la mayoría de ellas todavía no sentenciadas), entre ellas las componentes del grupo punk Pussy Riot, y entra en vigor a partir de su publicación oficial esa misma noche en el portal de información jurídica oficial. A partir de ese momento, las autoridades tienen 6 meses de plazo para liberar a todos los favorecidos por la medida.

La amnistía es prerrogativa de la cámara baja del Legislativo y, gracias a varias enmiendas introducidas por la Duma en el proyecto presidencial, podrán ser liberados, --sin esperar a ser juzgados--, los 30 ecologistas del buque Artic Sunrise de Greenpeace, que fueron arrestados el pasado septiembre en el Ártico por intentar ocupar una plataforma de perforación petrolífera. También podrán ser liberados varios de los participantes en los desordenes ocurridos en la plaza de Bolótnaiya de Moscú el 6 mayo de 2012, en vísperas de la tercera toma de posesión de Putin como presidente de Rusia.

La amnistía también afectará a las dos activistas del grupo punk Pussy Riot que están acabando de cumplir su condena de dos años de prisión por intentar cantar canciones en contra de Putin en la catedral ortodoxa de Cristo Salvador de Moscú. Eso significa que Nadezhda Tolokónnikova y María Aliójina saldrán a la calle tres meses antes de que concluya su plazo de reclusión.

El documento de amnistía, un texto muy selectivo, afecta de forma desigual a diversos delitos tipificados en el código penal y favorece a las categorías de ciudadanos considerados socialmente vulnerables o con méritos especiales para con la patria (entre ellos militares participantes en combates).

Los analistas se hacen cábalas sobre cómo se verá afectado el exministro de Defensa Anatoli Serdiukov, que está acusado de negligencia, un delito menor, sobre el telón de fondo de los escándalos provocados por las ventas a precios rebajados de propiedades inmobiliarias militares. El exministro no figura como acusado en los procesos incoados a causa de estos escándalos que, en cambio, si alcanzan de lleno a sus antiguas ayudantas. Ni Mijáil Jodorkovski, el oligarca fundador del imperio petrolero Yukos, en prisión desde 2003 y condenado por estafa y lavado de dinero, ni Alexéi Navalni, condenado a una pena de libertad provisional de cinco años por robo, se verán beneficiados por la medida de gracia. Tampoco se verán favorecidos los acusados de organizar o instigar los desordenes de la plaza de Bolótnaya ni quienes se enfrentaron a la policía en aquellos incidentes.

En opinión de expertos y diputados, de haberse aprobado sin correcciones tal como se presentó, el proyecto de amnistía de Putin hubiera puesto en la calle a los policías que causaron la muerte de un detenido violándolo con una botella de champaña en la ciudad de Kazán. Las enmiendas de los diputados, sin embargo, han evitado esa eventualidad.

En 1994, el entonces presidente de Rusia, Borís Yeltsin, decretó una amplia amnistía que puso en libertad a varias decenas de miles de personas, entre ellas a sus máximos adversarios políticos, incluido el exvicepresidente, Alexandr Rutskói, y el jefe del parlamento, Ruslán Jazbulátov, a los que sometió cañoneando la sede del Legislativo en octubre de 1993.

A favor de una ampliación sustancial de la amnistía han recogido firmas los activistas de derechos humanos. El diputado Dmitri Gudkov, del partido Rusia Justa, señaló que según distintos peritajes, los sucesos de mayo de 2012 en la plaza de Bolótnaya no pueden ser calificados de desordenes. Gudkov opinó que vísperas de la Olimpiada de invierno de Sochi se pretende mostrar al mundo que en Rusia no hay presos políticos, ya que, de lo contrario, podría suceder que algunos salieran a la pista con camisetas estampadas con fotografías de los reclusos.

En la segunda lectura del proyecto se amplió la categoría de los delitos a los que no se aplicará la amnistía, entre ellos quienes forzaron a menores a mantener relaciones sexuales y delitos relacionados con el terrorismo. Sin embargo, mantienen la posibilidad de ser amnistiados los policías que torturaron y utilizaron la violencia para obtener confesiones, en el caso de que hayan participado en acciones de combate u otras actividades de defensa de la patria.