“Latinoamérica está avanzando en la democracia de ejercicio”

El jurista peruano Diego García-Sayán (Nueva York, 1950), presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), asegura que en estos últimos años hemos asistido a “una de las más grandes revoluciones jurídicas en América Latina”. Lo expresó en una frase el pasado 11 de noviembre el presidente de la Corte Suprema de Brasil, Joaquim Barbosa: “La Corte Interamericana no es una corte extranjera”, unas palabras de las que se felicita especialmente García-Sayán. Se trata del reconocimiento, cada vez más amplio en el continente, de que las resoluciones de la CIDH se deben incorporar a las jurisprudencias nacionales como propias, incluso aunque el país no haya sido parte en el caso. En países como México, Colombia y Perú este criterio ha sido establecido por sus altos tribunales. Es decir, que una sentencia sobre la obligación de consulta previa a los indígenas antes de explotar sus tierras en Ecuador, por ejemplo, es jurisprudencia válida en Perú. Y que una sentencia que condena la discriminación por la orientación sexual en Chile, como se ha dado, debe guiar cualquier proceso similar e cualquier otro país de Latinoamérica.

“Los jueces nacionales, que son aquellos con los que la gente tiene contacto, ya saben que tienen que utilizar los criterios de la Corte”, se felicita García-Sayán. En Latinoamérica “hay muchos problemas, inequidad, abuso policial, crimen organizado, pero en medio de eso se dan pasos muy sólidos para que la justicia se fortalezca con criterios internacionales. Latinoamérica está avanzada en la democracia de origen. Ahora está avanzando en la democracia de ejercicio”.

El presidente de la CIDH habla con especial satisfacción de México, un país con tal nivel de violencia “que puede dar lugar a restringir severamente los derechos democráticos, establecer una justicia sumaria, jueces sin rostro”. Y en vez de eso, “hicieron una reforma constitucional importante” en 2011 en materia cuyo lema central es que “siempre en una disyuntiva la autoridad debe favorecer los derechos humanos”, dice García-Sayán. A pesar de que “como buenos herederos de España, tenemos tendencia a tener muchas leyes que no se cumplen”, ahora, el material de la CIDH “no es una jurisprudencia que inspira, es obligatoria”.

Para que sea posible, se ha puesto en marcha una base de datos con toda la jurisprudencia de la Corte. Son 30.000 conceptos ordenados para que el autoridad judicial encuentre con facilidad “el párrafo preciso” sobre el problema que está tratando. “Yo mismo, como juez de la Corte tardaba en encontrar párrafos precisos de la propia Corte. Ahora me demoro unos 10 segundos”, asegura.

García-Sayán fue elegido presidente de la Corte hace cuatro años. El próximo 31 de diciembre finaliza mandato y el miércoles 18 presenta su último informe de gestión como presidente en la sede en Washington de la Organización de Estados Americanos (OEA), de quien depende el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Los retos de la CIDH para los próximos años pasan por una mejor financiación. “Hemos conseguido un aumento sin precedentes del 50% del presupuesto en los últimos cuatro años, pero aún estamos muy lejos de poder cubrir los gastos corrientes. Tenemos que recurrir a la cooperación de España, Noruega y Dinamarca”, explica el presidente. En el ámbito más institucional, considera importante que la Corte sea “más interamericana”, fundamentalmente que sea reconocida su jurisdicción en Estados Unidos y Canadá.

Además, García-Sayán no se cansa de advertir contra la tentación de eludir “el papel democrático y respetuoso del orden por parte de las autoridades” como consecuencia del crimen organizado. Se trata de “la permanente tentación que tiene la sociedad para acortar caminos y utilizar métodos expeditivos para aplicar justicia”.

García-Sayán se refiere a los países con las tasas de homicidios más grandes del mundo, en Centroamérica y México, antes citado. “Es un tema de enorme gravedad. Nadie puede pretender que un gobierno en México u Honduras resuelva la criminalidad [por sí solo]. Es una visión simplista, casi colegial. En los lugares donde se ha reducido el crimen, como Ciudad Juárez, ha habido otros elementos aparte de policía”.

Uno de los principales reveses en este tiempo ha sido el rechazo por parte del Gobierno bolivariano de Venezuela a la jurisdicción de la Corte y su salida de facto del Sistema de Derechos Humanos, con el argumento de sentirse injustamente fiscalizado por un órgano que considera politizado. Ecuador ha amenazado con seguir los mismos pasos, pero no lo ha concretado. “No avizoro que pueda haber un proceso de dominó de países que comiencen a retirarse del Sistema. Con un manejo claro y enérgico de las sus atribuciones y respetuoso con los países soberanos se puede tener un diálogo constructivo”.

Tras dejar la Presidencia, García-Sayán será magistrado de la CIDH por dos años más. “No sé si me voy a estresar por falta de adrenalina”, bromea. Aparte de lo institucional, su balance personal es completamente entusiasta. “Le he metido alma, corazón y vida para que la Corte estuviera presente en todos lados. El proyecto me ha fascinado. Yo salía del ámbito ejecutivo, y eso de trabajar en un órgano colegiado discutiendo sentencias voluminosas no iba conmigo. Pero acaba siendo un trabajo muy interesante de creación de derecho”. Insiste en esta idea: “Creación de derecho”. Se refiere a que “los tratados no llegan a toda la casuística. Ha habido una tarea de creación de derechos en temas que hasta hace cinco o seis años a nadie se le hubiera ocurrido que se iban a resolver”.