Bruselas avisa a Edimburgo de que debe pedir la adhesión si se divorcia de Londres

Los votantes escoceses decidirán en septiembre de 2014 si Escocia sigue formando parte de Reino Unido o se convierte en un estado independiente. Después de más de tres siglos de unión política, los partidarios de romper dieron a entender este martes que se trataría de un corte limpio, sin costes: no hay por qué preocuparse ni de la moneda (la libra, con el Banco de Inglaterra como ventanilla de último recurso) ni de la jefatura de Estado (la reina Isabel II) ni de la Unión Europea. Escocia seguiría formando parte de la Unión, aunque para ello requeriría la autorización de los Veintiocho, sin un solo veto. Bruselas trató ayer de echar balones fuera, tal y como ha hecho a menudo con Cataluña. "La Comisión no se pronunciará hasta que no haya un escenario real", dijo escuetamente un portavoz, para luego repetir la fórmula catalana: si aparece un nuevo país en el continente, quedaría automáticamente fuera de la UE, tendría que pedir su inclusión, negociar el tratado de adhesión y que el resto de Estados miembros lo aceptaran.

La Comisión considera que el tratado (en su artículo 49) es claro en lo que respecta a un tercer país que solicite la adhesión a la UE. Pero los nacionalistas escoceses lo ven de otra manera: Escocia es un territorio que ya está dentro de la UE y en caso de una independencia pactada bastaría con alterar los tratados, siempre con el acuerdo de cada uno de los Veintiocho. Eso emparenta directamente a Escocia con Cataluña: Alex Salmond ha tratado de desligar por todos los medios la cuestión escocesa de la catalana —con el argumento de que Escocia no sentaría ningún precedente para Cataluña, repetido una y mil veces en Edimburgo— para evitar un eventual veto español, mientras que los políticos catalanes tratan de hacer todo lo contrario.

Bruselas va y viene: tiende a lavarse las manos, aunque —a menudo regañadientes— siempre acaba recordando que una Escocia o una Cataluña independiente tendrían que pedir el ingreso en la UE. Esa fue la respuesta en su día del presidente Romano Prodi, y es el punto de vista de los juristas más reputados en Bruselas, como Jean-Claude Piris, la máxima autoridad legal en la capital europea durante más de una década. Pero la primera respuesta de la Comisión es siempre más ambigua: para Bruselas, Escocia es "un asunto interno del Reino Unido", al igual que Cataluña es un asunto de España.

En ambos casos sucede exactamente lo mismo: los partidarios de la independencia explican que ni Escocia ni Cataluña tendrían mayores problemas con la UE porque ya forman parte, virtualmente, de ella. Los contrarios —y con calculadas medias tintas también la Comisión— explican que ambos territorios tendrían que negociar su adhesión y enfrentarse a diversos problemas, más allá de los posibles vetos, como la cuestión en torno a la adopción o no de la libra o el euro. Para quedarse con la libra, Escocia necesita el plácet de Londres. Y para el euro, Cataluña necesita la luz verde de Madrid. En caso de una independencia pactada eso es relativamente más fácil, indican fuentes diplomáticas.