La Loya Jirga afgana examina el acuerdo de seguridad con EE UU

Kabul acoge desde la mañana de hoy jueves un nueva Loya Jirga, o Gran Asamblea tradicional, para debatir el acuerdo sobre la presencia de fuerzas internacionales a partir de 2014. El preacuerdo alcanzado con Washington por el Gobierno de Hamid Karzai abre el camino para que varios miles de soldados estadounidenses y de la OTAN permanezcan en Afganistán hasta diez años más. Aunque se desconoce la redacción exacta del texto, al parecer limita la entrada en combate de las fuerzas extranjeras, pero también les exime de responsabilidad ante la justicia afgana (una excepción que no se extiende a los contratistas).

“Nos hemos puesto de acuerdo en la redacción que va a someterse a la Loya Jirga, pero son [sus miembros] quienes deben de aprobarlo”, anunció ayer el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, citado por las agencias de noticias. EE UU no ha hecho público cuántos soldados quiere mantener en Afganistán, pero declaraciones de sus funcionarios hablan de entre 8.000 y 12.000 entre fuerzas propias y de otros miembros de la OTAN.

Durante casi un año, los negociadores estadounidenses y afganos han chocado sobre el asunto de la jurisdicción. Washington deseaba blindar a sus nacionales sobre posibles acciones contra ellos ante la justicia afgana. Kabul, por su parte, aducía su soberanía para negarse a esa exigencia, la misma que impidió un acuerdo similar de EEUU con Irak hace dos años.

Sin embargo, las dos partes parecen haber llegado a un punto intermedio, según una copia del borrador colgada en la web del Ministerio afgano de Exteriores. El artículo 13 del propuesto Acuerdo de Seguridad Bilateral (BSA, en sus siglas inglesas) da a Estados Unidos jurisdicción sobre los soldados y los civiles que trabajen para el Departamento de Defensa, pero señala que los contratistas (empleados de las controvertidas empresas de seguridad) estarán sujetos al derecho afgano.

Respecto a la entrada de soldados estadounidenses en casas afganas, otro de los puntos delicados, el texto estipula que los extranjeros no podrán “tener como objetivo a civiles afganos, incluidos sus hogares, de acuerdo con la ley afgana y las normas de combate de las fuerzas estadounidenses”. El pacto también establece que las operaciones antiterroristas de EEUU tendrán que coordinarse con y ser dirigidas por las fuerzas afganas. Las tropas estadounidenses no podrán llevar a cabo operaciones de combate a menos que sean “acordadas de forma mutua” entre ambas partes.

Ahora ese texto va a ser discutido y votado por la Loya Jirga, antes de ser enviado al Parlamento. La persistencia de esta tradición cuando se trata de implantar un sistema político moderno pone de relieve las contradicciones del proceso afgano. Los cerca de 3.000 notables participantes tienen un gran poder de decisión ya que, en teoría, pueden socavar la autoridad de las instituciones y poner en peligro los avances constitucionales realizados desde 2003. Sin embargo, a diferencia de los diputados, no han sido elegidos sino convocados por el Gobierno entre los jefes de tribus o personas relevantes de las 34 provincias.

“Karzai sólo busca protegerse de las críticas”, estimaba Thomas Ruttig, codirector del Afghanistan Analysts Network (AAN) en una reciente entrevista con esta corresponsal. En su opinión, el recurso a la Loya Jirga, definida en la Constitución como representante de la voluntad de los afganos, permite dar respetabilidad a decisiones delicadas a la vez que la designación de sus miembros por parte del Gobierno asegura que toman la opción deseada. No obstante, Ruttig recordaba que “siempre existe un grado de incertidumbre, en especial si ocurre algún incidente con víctimas civiles poco antes de su reunión”.

Amnistía Internacional sugiere a los participantes en la Loya Jirga que aprovechen la ocasión para pedir responsabilidades por el comportamiento de las fuerzas estadounidenses en Afganistán.

“El propuesto acuerdo de seguridad bilateral ofrece a los afganos una oportunidad crucial para exigir mayor transparencia y responsabilidad por los crímenes de guerra presuntamente cometidos por los soldados de EE UU”, ha declarado Horia Mosadiq, investigadora para Afganistán de esa organización de derechos humanos. Mosadiq recuerda que los familiares de cientos de civiles afganos muertos en bombardeos aéreos y ataques nocturnos de las tropas extranjeras no tienen acceso a información alguna sobre las investigaciones de esos casos que llevan a cabo los militares. En su opinión, la Gran Asamblea, debiera insistir en que el BSA incluyera una mención a la protección de los civiles de acuerdo con la ley internacional.