Un tribunal ordena levantar el estado de emergencia en Egipto

El Ejecutivo, apoyado por el Ejército, está en el poder desde el golpe del 3 de julio contra los Hermanos Musulmanes

Una mujer levanta un cuchillo en una protesta conta Mohamed Morsi.
Una mujer levanta un cuchillo en una protesta conta Mohamed Morsi.AMR ABDALLAH DALSH (REUTERS)

El Gobierno de Egipto planea levantar el estado de emergencia tan pronto como reciba una notificación oficial por parte del tribunal que ha fallado la tarde del martes que su plazo de aplicación ya ha expirado. El veredicto judicial ha anticipado dos días una acción que el ejecutivo tenía previsto realizar el próximo jueves, cuando se cumplirán tres meses de la imposición del estado de emergencia a raíz de los violentos enfrentamientos que tuvieron lugar al desalojar las fuerzas de seguridad el campamento islamista de Rabá al-Audawiya.

Según la declaración constitucional que gobierna el actual periodo interino, emitida por el presidente Adly Mansur pocos días después del golpe de Estado del pasado 3 de julio, el Gobierno solo puede prolongar el estado de emergencia durante más de tres meses si la ciudadanía lo aprueba previamente en un referéndum. El estado de emergencia fue una de las herramientas legales que utilizó el ex dictador Hosni Mubarak para gobernar Egipto con puño de hierro durante más de tres décadas, periodo en el que el estado de emergencia estuvo en vigor de forma ininterrumpida.

El presidente interino, Adli Mansur, decretó el estado de emergencia el 14 de agosto

“El Gobierno está comprometido a ejecutar el veredicto, y está esperando a recibir una copia del veredicto para ejecutarlo”, declaró el ejecutivo en un comunicado. Durante los tres meses que ha estado en vigor el estado de emergencia, se han producido protestas casi a diario y las fuerzas de seguridad han arrestado al menos a 2.000 simpatizantes y miembros de los Hermanos Musulmanes, incluida la práctica totalidad de su cúpula dirigente. De hecho, el pasado lunes se inició el juicio contra el ex presidente Mohamed Morsi, perteneciente al histórico movimiento islamista.

El Gobierno decretó el estado de emergencia el pasado 14 de agosto por un periodo de un mes, que luego fue renovado para dos meses más. “La corte argumenta que el anuncio de la extensión fue el 12 de septiembre, por lo que la fecha que expira debe ser el martes y no el jueves 14 de noviembre”, ha informado una fuente judicial a la agencia de noticias Reuters. El estado de emergencia permite a las fuerzas de seguridad el arresto y el registro de viviendas privadas sin necesidad de autorización judicial.

La imposición del estado de emergencia fue acompañada del toque de queda, que en un primer momento estuvo en vigor desde las 19.00 de las tarde hasta las 6.00 de la mañana. Progresivamente, el toque de queda se ha ido acortando hasta iniciarse a las 1.00 de la madrugada excepto los viernes. Esta limitación ha transformado el quehacer cotidiano de la capital egipcia, donde buena parte de la vida social transcurre de noche, provocando pérdidas importantes en restaurantes y locales de ocio.

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El levantamiento del estado de emergencia coincide con la discusión de dos controvertidas propuestas de ley: la antiterrorista y la del derecho a la manifestación. Esta última, aprobada por el ejecutivo el pasado 10 de octubre, fue duramente censurada por las organizaciones de derechos humanos al considerarla muy restrictiva, pues entre otras provisiones, prohibía las concentraciones frente a edificios gubernamentales. Ante el aluvión de críticas, incluidas las de algunos partidos laicos que forman parte del Gobierno, el presidente Adly Mansur está estudiando introducir modificaciones al borrador antes de estampar su firma y convertirlo en ley.

Una fuente de presidencia negó al periódico Al Ahram que la aprobación de la ley que regula el derecho a manifestarse estuviera vinculada al final del estado de emergencia, tal como se ha especulado en los medios de comunicación egipcios. El otro proyecto legislativo estrella del ejecutivo, la ley antiterrorista, aún está en proceso de discusión, pero se ha filtrado ya su contenido a la prensa local. El borrador amplia los delitos castigados con pena de muerte y permite a las autoridades un mayor control sobre las comunicaciones en internet.

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