Costa Rica vive una inédita apatía política a tres meses de las elecciones

San José. Había una vez un país centroamericano que hacía de sus campañas electorales una fiesta y no un parto. Se llama Costa Rica y, clavada en mitad de una región acostumbrada a los derrocamientos, las guerras y las dictaduras, se ufanaba de un sistema político vigoroso, estable y respaldado por la gente. En las campañas electorales los niños agitaban banderas de cualquier color al borde de una calle para ver cuántos coches sonaban la bocina. Algunos iban contando las banderas en los techos de las casas para pronosticar el resultado de los comicios. Era parte del juego.

Pero muchas cosas ocurrieron y ahora el sistema político costarricense echa mano de sus reservas democráticas aún fuertes para sobrellevar la actual campaña electoral en un clima de fastidio. Hay desconfianza en la clase política, una añeja apatía de participar en grupos organizados y un desencanto en los partidos políticos, en parte por los pecados de estos y en parte por una generación de jóvenes que representan un tercio de los tres millones del padrón electoral y son incapaces de matricularse en masa con las agrupaciones tradicionales.

Transcurrido un mes de la campaña política para escoger al sustituto de Laura Chinchilla (con su popularidad en el piso), la línea común de los candidatos presidenciales ha sido disimular sus banderas y llamar a los electores de cualquier color. El crecimiento del abstencionismo es un fantasma que amenaza los comicios presidenciales y legislativos del 2 de febrero, como lo previó el propio presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Luis Antonio Sobrado. Los cálculos de analistas, basados en elecciones anteriores y en la apatía popular, hacen prever que solo votarán dos de cada tres electores y eso, para la tradición histórica del voto en Costa Rica, es poco.

El candidato oficialista Johnny Araya aparece primero en las encuestas, aferrado a su fama de alcalde capitalino por 22 años, a la dispersión de sus opositores y a un discurso de autocrítica contra su Partido Liberación Nacional (PLN), que a pesar de todos tiene posibilidades de ganar un tercer período consecutivo. “Hemos puesto la prioridad en lo económico y hemos descuidado lo social. Por ratos perdemos la esencia socialdemócrata. Nos hemos equivocado”, decía este domingo ante decenas de personas en un mitin en la provincia de Puntarenas (costa pacífica), donde años atrás llegaban centenares. Costa Rica, con una clase media más robusta que el resto de países de Centroamérica, es el país donde la desigualdad más creció en los últimos diez años, según un estudio del Banco Mundial del 2012.

Araya compite contra propuestas de todos los ámbitos ideológicos. La derecha la empuña el Movimiento Libertario con el candidato Otto Guevara, quien se postula por cuarta ocasión. La derecha de centro la representa el otrora grande Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), con abogado llamado Rodolfo Piza, quien asumió la postulación después de la sorpresiva renuncia del candidato inicial. El centro izquierda lo representa el Partido Acción Ciudadana (PAC), segunda fuerza política del país en la última década, de la mano de un politólogo llamado Luis Guillermo Solís, que tiene el reto de darse a conocer en país que no quiere conocer nuevos políticos. Y más a la izquierda, un joven congresista llamado José María Villalta lleva el estandarte de Frente Amplio, con un apoyo electoral sorprendente para una agrupación que nunca ha tenido más de un solo diputado. Sin márgenes significativos en las encuestas aparecen otros siete aspirantes presidenciales.

Los partidos saben que van remando en seco. Solo dos de cada 10 ciudadanos costarricenses tiene interés en la política, indica el más reciente Latinobarómetro. Corren malos tiempos por causa de los cambios generacionales, pero sobre todo por las sospechas de corrupción que recaen sobre la clase política, en especial después de los escándalos que incriminaron en el 2004 a dos exmandatarios y líderes del PUSC, Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez. Encima, el gobierno de Laura Chinchilla despertó el malestar de múltiples sectores y acumuló más protestas que sus antecesores, según mediciones constantes del programa independiente Estado de la Nación. Ella enfrenta la dura crítica de una población insatisfecha con la gestión de los problemas de cada día, como la infraestructura vial, a pesar de que esta administración logró aquietar la preocupación popular por la inseguridad.

El PLN de Johnny Araya, de Chinchilla y del premio Nobel Óscar Arias (2006-2010) es el partido más grande del país y el más tradicional de ellos. Carga con parte de la culpa en el reclamo ciudadano de que “los partidos no escuchan a la gente”. En este punto, el país del “pura vida” aparece de último al comparársele con el resto de naciones de América Latina, según un estudio del Proyecto de Opinión Pública para América Latina (Lapop, por sus siglas originales en inglés), basado en la Universidad de Vanderbilt, Estados Unidos. Este factor y otros hacen que la legitimidad del sistema político costarricense sea la más baja en 34 años, según este estudio.

“Están desenchufados de la colectividad”, resumió el presidente del Tribunal electoral, que tampoco exime a los medios de comunicación de su responsabilidad en la erosión del respaldo popular al sistema político. El desprestigio toca a agrupaciones tradicionales y nuevas, de derecha y de izquierda. Es tanto, que un diputado, presidente del Congreso en el 2012, se atrevió a consultar a la Sala Constitucional la posibilidad de que los ciudadanos puedan postularse a elecciones legislativas o presidenciales sin necesidad de pertenecer a agrupaciones políticas.

Pese a los partidos desacreditados y a una ciudadanía poco participativa (solo 4 de cada diez están en grupos organizados), el proceso electoral en Costa Rica se permite alardes. Aquí los cinco principales candidatos pueden reunirse sin problemas una mañana cualquiera en una de las esquinas más transitadas de la capital. Aquí nadie presupuesta actos de violencia motivados por los comicios y los organismos internacionales en general reconocen la pureza de los resultados electorales, aunque señalan inequidades financieras entre los partidos. También se ufana este país de incorporar a mujeres, pues por ley el 45% de los escaños legislativos quedará en manos de ellas.

La desmotivación y el descreimiento alcanza todos los sectores, pero el reto está en los jóvenes, como publicó en su última edición el semanario Universidad, un periódico no oficial adscrito a la Universidad de Costa Rica. Un tercio de los electores tiene menos de 29 años. Son más escépticos, enfrentan dificultades de acceso a empleo y están lejos de sentirse identificados con los partidos y sus orígenes. Incluyen también los 50.000 jóvenes “ninis” (que no estudia ni trabaja) registrados en el país.

Estos jóvenes poseen también un mayor acceso a las redes sociales, donde la campaña electoral se mueve con un ritmo más explosivo. Este es uno de los factores del sorpresivo apoyo que ha obtenido el candidato José María Villalta, diputado de 36 años de edad, representante de Frente Amplio y abanderado de la izquierda en un país donde “izquierda” es casi una mala palabra en el electorado adulto. Villalta ha logrado acercarse al grupo de cuatro aspirantes que pelean por ser “el segundo”, el contendor de Johnny Araya y su posible adversario en una eventual segunda ronda (en abril), algo que también depende del porcentaje de participación electoral.

“Tiene un discurso directo, contestatario. El candidato Villalta ha sabido leer la coyuntura de unos partidos políticos desinflados y las reglas del juego para poder figurar en una campaña”, dijo a El PAÍS el politólogo Gustavo Araya, profesor en la Universidad de Costa Rica. Villalta, sin embargo, tiene un techo, reconoció el analista. “El mercado de los jóvenes de clases medias y de las redes sociales es un mercado corto”, agregó el politólogo, tras atribuir a las plataformas en línea una ventaja: resultan casi gratis en momentos difíciles para conseguir dinero con qué financiar la publicidad. En Costa Rica no existen las franjas electorales obligatorias.

En contra de las redes sociales juega la credibilidad de las informaciones, el portón abierto para las acusaciones anónimas y su incapacidad de incluir a sectores de bajos recursos y poca educación. Este sector es el más propenso al abstencionismo en estas elecciones, según una encuesta de la empresa Unimer publicada en setiembre por el diario La Nación.