Holanda denuncia a Rusia por el arresto de los 30 activistas de Greenpeace

En la primera comparecencia de su historia ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, Holanda ha ido a por todas. Enfrentada a Rusia desde el pasado septiembre por la captura de la nave Artic Sunrise, de Greenpeace, y de sus 30 tripulantes, durante una protesta en el Ártico, la delegación holandesa ha asegurado que el abordaje ruso fue ilegal. “Por eso solicitamos tres cosas: la imposición de medidas cautelares que permitan la liberación temporal de personas y buque; que Rusia suspenda todos los procedimientos judiciales y administrativos relativos a la disputa, y que no la agrave ni tampoco prolongue”, en palabras de la jurista Liesbeth Lijnzaad, asesora del ministerio de Exteriores de su país. Los treinta del Ártico están acusados de vandalismo, pero antes lo estuvieron de piratería, por intentar subirse a una plataforma petrolífera de Gazprom, plantada en el mar de Pechora (entre la costa continental rusa y la isla de Nueva Zembla). El primer cargo conlleva una pena de siete años de cárcel. El otro puede ascender a 20 años. Moscú, que no reconoce la jurisdicción del Tribunal en este asunto, ha decidido ausentarse.

Con los asientos rusos vacíos en Hamburgo, sede de la corte, los tres enviados holandeses han presentado el caso como un abuso de las leyes internacionales que rigen el mar. Según Lijnzaad, el Artic Sunrise lleva bandera holandesa, de modo que “Moscú estaba obligado a pedir permiso a La Haya para abordar el barco (un viejo rompehielos) y conducirlo luego hasta el puerto ruso de Múrmansk. Lo mismo sucede con el arresto de la tripulación”. En Holanda, Greenpeace asegura disponer de pruebas que confirman “que navegábamos por aguas de libre tránsito”. No lo puede demostrar, sin embargo, “porque las autoridades rusas requisaron las grabaciones y el cuaderno de bitácora, donde consta lo sucedido”.

Los cargos que pesan contra los activistas, de 18 países, complican el litigio. La fecha del juicio en Rusia está por fijar, el régimen carcelario es muy duro, y Holanda no ha podido sacarlos de sus celdas por medios diplomáticos. De ahí que haya optado por pedir medidas provisionales urgentes al Tribunal del Mar. Aunque el contencioso así iniciado no se verá hasta 2014, una decisión intermedia favorable de sus 21 jueces, que es vinculante, ordenaría a Moscú la liberación del grupo, y de la nave. Otra cosa es que Moscú lo cumpla, al no reconocer su jurisdicción.

“Su arresto es arbitrario y vulnera los derechos y libertades protegidos por las leyes internacionales”, ha asegurado René Lefeber, otro jurista holandés adscrito al caso, que ha cerrado su discurso recordando los lazos entre ambos países. “Willem Barents, el navegante holandés, exploró la ruta marítima del norte y se vio obligado a pasar un invierno en la costa de Nueva Zembla. Convirtió el barco en una casa sobre el hielo, y los que sobrevivieron, regresaron a su hogar con ayuda de los rusos. El invierno se acerca, y Holanda pide ahora que vuelvan a casa Los Treinta. Antes de que el sol de Ártico se ponga y empiece el invierno”, ha dicho.

A la espera de que los jueces dicten las medidas cautelares el próximo 22 de noviembre, Albert Kuiken, un antiguo capitán que navegó con Greenpeace, ha sido menos poético. En su opinión, los cargos de piratería y vandalismo están fuera de lugar. “Pero hay una zona de seguridad alrededor de las plataformas petrolíferas. Haberla vulnerado podría ser punible”, ha advertido. Desde su celda, la holandesa Faiza Oulahsen, una de las activistas retenidas, ha buscado aún otra salida a la crisis. Ha pedido al rey Guillermo Alejandro que interceda por todos ellos el próximo 9 de noviembre, durante su visita de Estado a Rusia.