El Gobierno interino egipcio recorta libertades conquistadas en Tahrir

La estructura de la coalición de partidos políticos, movimientos sociales e instituciones públicas que se forjó contra el presidente islamista Mohamed Morsi, que fue derrocado por un golpe de Estado militar en julio, empieza a exhibir grietas gruesas. La reciente aprobación de una propuesta de ley muy restrictiva con el derecho a manifestarse ha hecho aflorar las tensiones en una alianza muy heterogénea, pues reúne tanto a movimientos liberales como a figuras y estamentos vinculados al antiguo régimen de Mubarak que apuestan por diseñar un nuevo sistema político de marcado carácter autoritario.

La proposición, presentada por el ministerio del Interior, ha suscitado fundados temores sobre un retroceso en las libertades conseguidas tras la revolución del 2011. El proyecto de ley introduce estrictos límites al derecho de manifestación, e incluso prohíbe las sentadas y la ocupación de espacios públicos. Por ejemplo, según el artículo 8, se deberá informar sobre el recorrido de la marcha con cinco días de antelación a las autoridades públicas, que tendrán la potestad de prohibirla. Además, se suprimirán las manifestaciones en las cercanías de los edificios oficiales, lo que podría vedar cualquier tipo de protesta en la simbólica plaza Tahrir.

No solo las organizaciones de derechos humanos han censurado la ley, sino también algunos partidos y movimientos que apoyaron con entusiasmo el golpe de Estado del pasado 3 de julio. “Cualquier ley que limite el derecho a manifestarse pacíficamente... es una ley injusta”, declaró en su página de Facebook Mohamed Abdel Aziz, uno de los fundadores de Tamarrud, la organización juvenil que lideró las movilizaciones contra Morsi.

El Consejo de Ministros aprobó la propuesta de ley el pasado 10 de octubre, y solo falta la firma del presidente interino Adli Mansur para que entre en vigor. No obstante, la cascada de críticas recibidas los días siguientes llevó al primer ministro, Hazem Beblawi, a declarar su disposición a enmendarla y a abrir un periodo de una semana de “debate social”. Y es que ni tan siquiera su Gabinete se ha librado de la profunda división que ha provocado la medida.

Según publicó un periódico local, el ministro del Interior, Mohamed Ibrahim, y el vice primer ministro, Ziad Bahaa el Din, mantuvieron una acalorada discusión al respecto. “Cada uno de nosotros debe recordar este día porque es el día que la opinión de la gente sobre nuestro Gobierno empezará a cambiar”, dijo el socialdemócrata Bahae el Din, contrario a la exclusión de los Hermanos Musulmanes de la vida política del país.

Las discrepancias dentro del gabinete entre “halcones” y “palomas” no son nuevas, y ya provocaron la renuncia del vice presidente Mohamed el Baradei a mediados de agosto, después del brutal desalojo del campamento islamista de Rabá al Audawiya.Estas diferencias suelen versar sobre cómo abordar el desafío que representa la sostenida ola de protestas lanzada por una coalición de partidos islamistas liderada por la Hermandad y que exige el retorno de Morsi. Desde el pasado 3 de julio, la represión policial se ha cobrado la vida de unas mil personas y otras 200 han muerto en ataques islamistas o terroristas.

El otro asunto que ha provocado turbulencias en la coalición favorable al golpe es el rol del Ejército en la nueva Constitución, que se encuentra en pleno proceso de redacción. Mientras los representantes de los militares quieren ampliar las prerrogativas que ofrecía a la institución la Carta Magna aprobada por los islamistas el año pasado, los grupos liberales pretenden restringirlas. En el ojo del huracán, la existencia de juicios militares para civiles, y el derecho de veto por parte de la Junta Militar al nombramiento del ministro de Defensa.

“Cuando hablamos con los representantes de la Asamblea Constituyente, nos sentimos bastante optimistas. Sin embargo, luego leemos en los periódicos que el borrador provisional dice otra cosa. Nos consta que el Ejército está ejerciendo unas presiones muy muy fuertes”, sostiene la conocida activista Mona Seif, fundadora de la asociación No a los juicios militares para civiles.

“Desde el principio se veía venir que la coalición entre mubarakistas y liberales no sería de muy larga duración. Sus intereses e ideología son contrapuestos”, sostiene el analista Mustafá Khalil, que no duda de que el llamado “Estado profundo” se impondrá en el pulso actual. “La narrativa de la “guerra contra el terrorismo” ha calado en buena parte de la población por lo que creo que se acabará imponiendo la política de mano dura. Ahora bien, al Ejército no le interesa acaparar todo el poder, necesita socios civiles y una fachada de apariencia democrática”, añade.

Así las cosas, la gran duda es durante cuánto tiempo se mantendrá unida la actual coalición en el poder, cementada sobre todo en su oposición visceral a los Hermanos Musulmanes. En los próximos días podría abrirse un nuevo capítulo de desavenencias con la presentación oficial de un proyecto de ley para luchar contra el terrorismo que endurece las penas contra los actos violentos, y amplia los delitos castigados con la pena de muerte y la cadena perpetua.

Por otra parte, el domingo por la noche la violencia sectaria llegó al corazón de El Cairo. Dos encapuchados subidos a una motocicleta abrieron fuego contra una multitud que salía de una iglesia después de celebrar una boda. El atentado se cobró la vida de cuatro cristianos y provocó heridas a cerca de 20 personas. Entre las víctimas figuran dos niñas, una de ocho años y otra de doce.