“La lucha contra los corruptos debe ser una batalla a muerte”

Al frente de la campaña anticorrupción del Gobierno chino, se encuentra Wang Qishan, un historiador reciclado en economista con reputación de modestia y honestidad, que dirige la Comisión Central de Inspección de la Disciplina. Este hombre de 65 años, miembro del Comité Permanente del Politburó —el órgano de máximo poder del país, compuesto por siete dirigentes—, ocupa el sexto lugar en la jerarquía del Partido Comunista Chino (PCCh), aunque algunos analistas políticos creen que es la segunda persona más poderosa del país, tan solo detrás del presidente, Xi Jinping. Otros aseguran que los esfuerzos para que los funcionarios se comporten de forma más austera llevan su sello.

Wang Qishan ha urgido a los miembros del partido a que pongan fin al “hedonismo y la extravagancia”, que, según dice, han infectado a la sociedad china. Ha insistido que deben vivir de forma frugal y rechazar los estilos de vida decadentes, que, en definitiva, están ligados a la corrupción. En marzo pasado, afirmó que “la guerra contra la corrupción necesita ser firme y de larga duración, debe ser una batalla a muerte”.

Fue él quien propuso que el PCCh abandonara la regla no escrita que excluía a los miembros actuales y jubilados del Comité Permanente del Politburó de cualquier investigación por corrupción, según fuentes citadas por Reuters. La decisión fue aprobada este año. Wang también ha reorganizado la Comisión y ha añadido dos departamentos para profundizar las investigaciones a los líderes provinciales.

“Wang Qishan es un político serio, muy inteligente, que comprende la sociedad moderna china”, asegura Hu Xingdou, profesor en la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales en el Instituto de Tecnología de Pekín. Hu cree que Wang hará avanzar las cosas una vez que consolide su posición.

Jean-Pierre Cabestan, director del departamento de Gobierno y Estudios Internacionales en la Universidad Baptista de Hong Kong, es menos optimista. “Se trata de una misión imposible. Wang sabe de economía, conoce las grandes empresas estatales y SASAC [la comisión que supervisa a las compañías públicas], y los privilegios acumulados por sus gestores, así que puede ser más eficiente”, señala. Pero, según añade, Wang podría no estar limpio él mismo, y cita las denuncias de la prensa disidente sobre supuestas propiedades inmobiliarias de su esposa, Yao Mingshan, en Estados Unidos.

El Gobierno quiere llevar la batalla contra la corrupción a Internet, y ha prometido que protegerá contra represalias a quienes denuncien la corrupción por esta vía, pero solo cuando lo hagan a través de la página web oficial de la Comisión de Disciplina creada con este fin; no a quienes lo hagan a través de Weibo —un servicio de mensajes cortos similar a Twitter, muy popular en China—, por temor a que generen inestabilidad social.

Los intentos de animar a la población a revelar casos ocultos se han visto obstaculizados por las sospechas de la gente de que las quejas serán ignoradas, y por las detenciones y ataques de que han sido objeto quienes han desvelado algunos casos.

Si en el pasado Pekín ha puesto en marcha investigaciones sobre prácticas corruptas aireadas por delatores en la Red, en los últimos meses ha endurecido la represión de “los rumores en línea”, que, según algunas estimaciones, ha afectado a cientos de empresas, blogueros y periodistas.