El Supremo venezolano allana el camino a Maduro

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha decidido acercar más a la realidad el deseo del presidente Nicolás Maduro de tener poderes especiales para legislar durante un año. Este jueves la Sala Plena en una reunión extraordinaria admitió el antejuicio de mérito solicitado por el Ministerio Público contra los parlamentarios opositores Juan Carlos Caldera y María Mercedes Aranguren.

Es casi un hecho que ese deseo se concrete más temprano que tarde, pero antes deberán cumplirse con algunas formalidades. En el mismo comunicado distribuido por la oficina de prensa se recuerda que al admitir la querella el Supremo convocará a una audiencia en la cual la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, y los parlamentarios expondrán sus argumentos. Sólo entonces los 32 magistrados –todos chavistas- decidirán si hay o no méritos para enjuiciarles dentro de los cinco días siguientes a la vista. Luego comunicará su decisión a la Asamblea Nacional que a su vez constituirá una comisión. Esa instancia será finalmente la encargada de formular la recomendación política a la plenaria.

El Parlamento necesita tres quintas partes de la cámara para poder honrar la petición del Ejecutivo, que desea dictar leyes en el marco de su pretendida lucha contra la corrupción y la guerra económica que dice estar enfrentando, y a la que obedecería la generalizada carestía en el país. Pero por un solo voto el gobierno no ha podido llegar al número mágico -99- para avanzar en sus planes. De 165 curules 98 pertenecen al gobierno y 67 a la oposición.

Los juicios contra Caldera y Aranguren buscan despejar ese camino. Caldera, miembro de Primero Justicia, el partido del líder opositor Henrique Capriles, quedó en entredicho en la última campaña presidencial de Hugo Chávez cuando fue grabado sin su consentimiento recibiendo dinero de un empresario petrolero chavista. Después de ese escándalo la oposición le quitó el piso. Perdió la nominación unitaria para la alcaldía de Sucre, uno de los municipios más importantes del país, y la Asamblea Nacional inició una investigación. Poco después se reintegraría a sus funciones. Al conocer la decisión dijo en su cuenta de Twitter que enfrentaría el proceso y que era una razón más para sufragar en las elecciones municipales del 8 de diciembre.

Aranguren, mientras tanto, era militante del Partido Socialista Unido de Venezuela y se separó del chavismo en 2012 al apoyar al líder de un partido disidente, el entonces gobernador José Gregorio Briceño. Hace un par de semanas, y tras solicitar su antejuicio de mérito, la fiscal general dijo que Aranguren había delinquido cuando administraba una compañía encargada de manejar el estadio Monumental de Maturín, en el estado Monagas, al contratar con artistas extranjeros y pactar pagos en divisas sin la autorización del Estado. En una entrevista con el diario El Nacional Aranguren calificó su caso como una persecución a la disidencia. “No hay tal política de Estado contra la corrupción”, dijo.

La atención está puesta ahora en los suplentes de ambos parlamentarios, José Antonio España y Carlos Flores. Parafraseando el clímax de los concursos de belleza tan admirados en este país, “uno de ellos dos será el diputado 99”. Flores parte como favorito. Se ha mantenido dentro de las filas del Psuv y la oposición ha denunciado que ya su voto está comprado. Al parecer, según esas versiones, tierras de su familia fueron expropiadas por el gobierno y él estaría dispuesto a dar su voto a cambio de una reconsideración. España fue un viejo dirigente del Movimiento Al Socialismo que ahora forma parte de Avanzada Progresista, una tolda con partida de nacimiento reciente que tiene como su figura más representativa al gobernador del estado Lara Henri Falcón, uno de los más enconados adversarios del gobierno.

El martes pasado se distribuyó entre los parlamentarios el texto de la Ley Habilitante. La oposición dice que si se aprueba Maduro tendría un margen muy amplio para legislar en distintas materias, lo que lesionaría desde su punto de vista la autonomía de poderes. Le permitirían al gobierno, por ejemplo, legislar en materia penal e incluso podría decidir sobre el financiamiento de los partidos políticos, que la Constitución de 1999 ya prohíbe.