Leonarda: “Quiero volver a Francia, aquí no puedo ir al colegio”

“Eran las 7.30 cuando el exalcalde de Levier me llamó al teléfono y me preguntó dónde estaba. Le pasé el teléfono a la profe, habló con ella, el autobús se paró en el aparcamiento del colegio Aubrac, y bajé del bus con la profe, en pleno llanto, abrazada a ella. Me dio mucho dolor abandonar a mis amigos, el colegio, a todo el mundo, y además sentí vergüenza porque la policía estaba allí y los compañeros me preguntaban: ‘¿Por qué la policía? ¿Qué has hecho, has robado?’ Y yo les dije ‘No puedo contestaros ahora’, y la policía decía ‘No hay tiempo, nos tenemos que ir”.

Este es el testimonio de Leonarda Dibrani, la estudiante kosovar de 15 años y etnia romaní que fue detenida y expulsada de Francia con sus cinco hermanos y su madre el 9 de octubre pasado, mientras participaba en una excursión a la fábrica de Peugeot de Sochaux con sus compañeros del instituto André Malraux de Pontarlier (este de Francia).

La adolescente kosovar hablaba desde Mitrovica (Kosovo) para la emisora de radio France Inter, entrevistada por la periodista Géraldine Hallot, y puso finalmente una voz, una cara y un nombre al drama invisible que viven muchos de los diez millones de gitanos que residen en Europa, y en particular los 17.000 instalados en Francia.

En un francés más que correcto, Leonarda explicó en un minuto que en Kosovo no tiene “derecho a ir al colegio” porque es romaní, explicó que su familia estaba durmiendo “en los bancos de la calle”, y concluyó: “Yo todo lo que quiero es volver a Francia con mi familia. Para retomar mis clases, para tener un futuro. La cosa más importante es el colegio”.

El ministro del Interior, Manuel Valls, que el martes por la noche defendió a través de un comunicado la actuación policial y su “firmeza en la aplicación de las órdenes de alejamiento”, se vio obligado a recular el miércoles y anunció la apertura de una investigación interna. Valls evitó utilizar la palabra romaní, y prefirió resaltar el origen kosovar de los deportados. “No duden un solo instante que las reglas de derecho público son aplicadas con inteligencia, discernimiento y humildad por mis servicios”, dijo. Luego llamó a “todo el mundo a mantener la sangre fría”.

En realidad, la investigación se abre a petición del primer ministro, Jean-Marc Ayrault, que prometió que los resultados estarán listos en 48 horas y que el Gobierno anulará la expulsión de la familia si se demuestra que se cometió algún error: “En ese caso, la familia volverá para que su situación sea examinada en función de nuestro derecho, nuestras prácticas y nuestros valores”, prometió Ayrault.

Poco a poco, entre la indignación de los ciudadanos que dieron la voz de alarma en las redes sociales y la hipocresía de una clase política que prefirió mirar hacia otro lado durante casi dos días, los medios y los políticos franceses empezaron a reaccionar ante la deportación de una menor que llevaba escolarizada más de tres años en el país.

El primero fue el Partido de Izquierda de Jean-Luc Mélenchon, que criticó la “política inhumana” del ministro del Interior, Manuel Valls, al que acusó de “contar el cuento de que los gitanos no quieren integrarse para después ir a perseguirlos hasta los colegios”. El político añadió: “La lepenización de los espíritus ha llegado a los cuarteles de la plaza Beauvau”, sede del ministerio.

El asunto se ganó también un hueco en la primera página de Le Monde, cuya crónica omitía la información sobre el origen étnico de la familia Dibrani (los padres, seis hermanos de entre uno y 17 años) y daba fe de la “consternación” que el caso ha causado entre los colaboradores de Valls.

La deportación de Leonarda, sucedida el 9 de octubre y dada a conocer por sus profesores el lunes pasado, sembró gran discordia en la mayoría de Gobierno y mostró la aguda división que genera en el Partido Socialista la política migratoria del ministro más popular del Ejecutivo.

El portavoz del PS, David Assouline, definió como “chocantes” las condiciones de la detención de la adolescente, y exigió al ministerio que aclare “las circunstancias y responsabilidades que llevaron a la prefectura a tomar esa decisión”. “Hacer bajar de un autocar por las fuerzas del orden a una alumna ante sus compañeros es intolerable e inaceptable”, dijo Assouline.

Los líderes de los grupos parlamentarios socialista en la Asamblea Nacional, Bruno Le Roux, y ecologista del Senado, Jean-Vincent Placé, también pidieron explicaciones y acusaron al prefecto de la provincia de Doubs, Stéphane Fratacci, de haber tomado una decisión equivocada.

Fratacci fue mano derecha de Eric Besson, un socialista que acabó siendo ministro de Inmigración, Integración e Identidad Nacional con Nicolas Sarkozy. Placé pidió que el prefecto sea sancionado, mientras Le Roux subrayó que “la familia kosovar estaba en vías de integración, instalada, escolarizada, y a solo unas semanas de poder ser regularizada”.

Los Dibrani llevaban cuatro años y diez meses residiendo en Francia, y les faltaban solo dos meses y medio para cumplir el plazo legal que permite a los extracomunitarios acceder al permiso de residencia si cumplen determinadas condiciones, como dominar la lengua o estar escolarizados durante tres años. La familia había solicitado su permiso hace dos meses, pero la prefectura lo rechazó aduciendo que no reunían los requisitos de residencia (haber pasado cinco años en el país) y por sus “insuficientes perspectivas de integración social y económica”.

Los profesores de Leonarda y Maria, su hermana mayor, de 17 años, y la ONG Red de Educación sin Fronteras (RESF) recordaron que los hijos mayores hablan “perfectamente francés”, y que la menor, llamada Medina, nació en Francia el año pasado. En la carta donde denunciaron la deportación, los docentes contaban que las dos hermanas habían obtenido el diploma DELF de francés, nivel B1, que es uno de los requisitos que exige el Gobierno socialista para otorgar la residencia.

La detención de Leonarda sucedió la mañana del 9 octubre, un día después de que el padre de la familia Dibrani fuera deportado a Kosovo desde Colmar, donde había sido retenido por la policía por no haberse presentado a las autoridades de Levier, la ciudad donde residía toda la familia, cada dos días, según exigen las órdenes de expulsión de extranjeros.

Desde que llegó a Francia en 2009, la familia kosovar había solicitado hasta tres veces el asilo político, pero las autoridades administrativas y judiciales se lo negaron repetidamente, y a cambio les comunicaron dos órdenes de expulsión forzosa. Según explicó la prefectura, la idea era enviar en el mismo avión hasta Pristina a toda la familia, o al menos en un plazo de tiempo más próximo, y por eso la deportación de la madre y los seis hijos se fijó para el día 9.

Cuando los agentes de la Policía de Fronteras de Doubs y de la Gendarmería llegaron al domicilio de la madre para conducir a la familia al aeropuerto de Lyon, supieron que Leonarda había dormido en casa de una amiga porque esa mañana tenían que salir de excursión a Sochaux para visitar una fábrica de Peugeot. Entonces, los agentes procedieron a llamar al móvil de la niña para sacarla del autobús y llevarla con sus hermanos y su madre.