La doble sentencia (de muerte) para los jóvenes criminales

Edgar Jiménez está a ocho semanas de obtener su libertad y paradójicamente, podría encontrarse más cerca que nunca del final de su corta vida. Apodado El Ponchis, este menor de 17 años adiestrado desde niño por el narco, lleva casi 36 meses encerrado en un centro para adolescentes de Morelos por posesión de armas de fuego exclusivas del Ejército y su participación en secuestros, torturas y homicidios. En los últimos dos años, 12 jóvenes han sido asesinados al volver a pisar la calle después de cumplir condena y no hay garantías ni medios para que esto no vuelva a pasar.

"Es complicado, saben demasiado y a nadie le conviene eso", dice una fuente del Tribunal. Ante estadísticas tan dramáticas Ana Virginia Pérez Güemes, presidenta del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA) de Morelos, considera necesario que el Gobierno estatal diseñe políticas públicas que ayuden a proteger la vida de estos adolescentes, que generalmente quedan en desamparo al salir. "Son jóvenes en un estado vulnerable: de muy escasos recursos económicos, con poco apoyo familiar, con apenas instrucción -muchos de ellos tan solo llegaron a los primeros años de primaria-, y que no cuentan con ingresos económicos suficientes como para poder apartarse de las conductas delictivas, por lo que son frecuentemente acosados por las células criminales", explica la magistrada en su despacho del Tribunal, en el centro de Cuernavaca, una ciudad situada a menos de dos horas en coche de la capital de México. "Las atribuciones y obligaciones que la institución tiene terminan cuando los jóvenes completan su medida sancionadora", dice Pérez Güemes. En este sentido la Defensoría del Estado, con una actitud radicalmente opuesta, echa balones fuera: "Si las familias nos dicen que todo está bien, que no que necesitan protección, nosotros no podemos hacer nada", afirma una funcionaria en la capital de Morelos.

La vuelta a la realidad para El Ponchis puede ser una pesadilla: "Su vida, un historial de abandono tras abandono desde el momento del parto, justifica su integración a las células del crimen organizado", asegura Pérez Güemes. El joven solicitó cumplir el final de su condena en Estados Unidos, donde se encuentra su madre, que emigro cuando él tenía cinco años, pero las autoridades norteamericanas nunca dieron respuesta. Consciente por los precedentes que existen, de que su puesta en libertad es un riesgo para la vida de Edgar, la presidenta asegura que llevan “meses trabajando” con la familia, “mujeres”, para que la reinserción sea un éxito.

“Aunque su caso saltó a los medios por la forma en que fue detenido, hay otros muy similares al suyo, algunos de delitos del fuero común igualmente impactantes y otros de jóvenes implicados también con células criminales", explica la presidenta del TUJA. Como el, otros 65 adolescentes cumplen sanción en el CEMPLA (Centro de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes) por delitos contra la salud, lo que supone más de la mitad de los 120 internos.

Pérez Güemes propone que el Estado ofrezca una residencia a jóvenes que salen del CEMPLA para que puedan retomar su vida en libertad con seguridad. "Morelos no tiene ningún albergue destinado a menores en conflicto con la ley penal. El DIF (entidad benéfica pública que se encarga del desarrollo integral de la familia) sí cuenta con albergues, pero no conviene mezclar a estos jóvenes, porque no se puede aplicar el mismo trato a niños que son huérfanos o han sufrido maltrato familiar que a niños que están involucrados con organizaciones criminales". La magistrada insiste en que el Estado debe destinar recursos públicos para implementar un albergue o casa donde reciban "educación y apoyo alimentario".

El 3 de diciembre de 2010, Edgar Jiménez, de 14 años de edad, fue detenido por los militares en el aeropuerto de Cuernavaca, justo antes de volar a Tijuana. Desde ahí y junto a una de sus hermanas pretendía trasladarse a San Diego, California, para encontrarse con su madre, a quien no veía desde 2001 y de quien entonces no recordaba nada. El caso de El Ponchis, sobrenombre que le puso su familia porque de pequeño estaba gordo, cuenta la prensa de la época, es el primero documentado de un niño adiestrado en México por el crimen organizado. Bajo las órdenes de Julio de Jesús Hernández Radilla, El Negro, jefe del extinto cártel del Pacífico Sur y hoy en la cárcel por el asesinato del hijo del poeta Javier Sicilia, Edgar Jiménez reconoció haber matado a cinco personas. Los expedientes del joven revelan crueldad y conductas antisociales y las descripciones, dantescas, del modo en que asesinaba y torturaba a sus víctimas han sido publicadas al detalle en todos los medios de comunicación.

En unos dos meses, no se conoce públicamente el día y el hermetismo de las autoridades al respecto es absoluto (“no lo sabemos pero aunque lo supiéramos no podemos decirlo”), El Ponchis volverá a pisar la calle. Han sido tres años de sanción, terapia psicológica e instrucción académica. Un proceso en el que el joven ha "madurado", en palabras de la presidenta Pérez Güemes. En estos años, Edgar ha aprendido a leer y escribir, sabe que aceptar la terapia es la única forma de protegerse y es "tan consciente" de su situación que pide a la familia que no vaya a visitarle para "no ponerla en peligro".

A las puertas del CEMPLA, un complejo construido en medio del campo frente a un cuartel de la Policía Federal, en Alpuyaca, a unos 30 kilómetros del centro de Cuernavaca, un agente describe a El Ponchis como un muchacho común, "chaparrito" (bajo), que "no parece peligroso". Dice que él fue el encargado de traerlo arrestado. "Me comentaba que su jefe -padre- le robaba las grapas-cocaína-". El antiguo tutorial de menores está protegido por altos muros de piedra, enrejados arriba, que impiden adivinar nada de lo que ocurre allí dentro. Apenas cuando entran y salen camiones uno alcanza a ver a las dos mujeres que custodian la entrada, la cancha de baloncesto, la de fútbol o la piscina sin agua. "Las habitaciones son amplias, compartidas entre varios, con las camas sobre planchas de cemento", dice un proveedor. “Aquí viven bien, nada que ver con la cárcel de adultos. Además estos chicos son mañosos y saben que no se les puede tocar un pelo”, asegura el agente. Entrar en el CEMPLA es misión imposible y hacerlo para hablar con Edgar todavía más. "Se enfada cuando sabe que sale algo de él publicado en la prensa, no le gusta", dice el Tribunal, que se guarda cualquier detalle del proceso de liberación del joven: cuándo saldrá, donde irá, con quién... "La información es muy delicada y puede ponerlo en peligro".

Muchos menos detalles ofrece la Defensoría: "El Estado protege a los menores. Por ley podemos decir muy poco". Un argumento que se vuelve en su contra si la falta de información, el que no se conozca el peligro al que se enfrentan estos jóvenes al salir del CEMPLA y que el Estado no elabore programas de protección, es un factor que les resta seguridad. La violencia en el Estado de Morelos, ruta tradicional del narcotráfico, se radicalizó hace cuatro años, explica el investigador Alejandro Hope: "El control ejercido por Beltrán Leyva se perdió tras su muerte en diciembre 2009 y se generó una fragmentación de bandas que luchaban por el control de la plaza". Pero la situación es más compleja, "además de grupos que puedan venir del narcotráfico, hay estructuras criminales que han operado allí desde hace décadas. En los noventa, Cuernavaca ya era la capital nacional del secuestro", señala Hope. En este contexto la liberación de Edgar Jiménez podría ser la 'Crónica de una muerte anunciada', la decimotercera en dos años.