La justicia francesa retira los cargos contra Sarkozy en el caso Bettencourt
Los jueces instructores consideran "insuficientes" los indicios para enjuiciar al expresidente La acusación imputaba a Sarkozy haber abusado de la debilidad de la heredera de L'Oréal para obtener dinero
Después de largos meses de investigación, instrucción e interrogatorios coronados con la imputación de una docena de sospechosos, los jueces de Burdeos encargados del caso Bettencourt han decidido este lunes no enviar a juicio al expresidente de la República Nicolas Sarkozy. El auto estima que los “graves indicios” que señalan que el exlíder de la derecha francesa abusó de la debilidad de la anciana heredera del imperio L’Oréal, Liliane Bettencourt, para obtener dinero, no son suficientes para enjuiciar al exjefe del Estado. Otros diez imputados, entre ellos el exministro de Trabajo y extesorero de la UMP, Eric Woerth, el artista y dandy François-Marie Banier, y el exadministrador de la fortuna de los Bettencourt, Patrice de Maistre, se sentarán en el banquillo.
Los jueces de Burdeos han tomado la delantera al Tribunal Supremo, que aun debe decidir sobre la regularidad del procedimiento a raíz de un recurso presentado por los encausados, y han hecho pública una decisión que evitará la infamante imagen de un expresidente de la República sentado en el banquillo por abusar de la senilidad de una millonaria.
Nicolas Sarkozy fue imputado el pasado 21 de marzo tras un tenso y largo interrogatorio, en un movimiento que puso en serio peligro su posible regreso a la política. Los magistrados consideraban, y de hecho lo pusieron por escrito en el auto de imputación, que Sarkozy fue el cerebro y beneficiario de un “sistema oculto muy bien organizado” que permitió al entonces líder de la UMP -y a otros diez acusados más- obtener grandes cantidades dinero en contante de la anciana Bettencourt a través del administrador Patrice de Maistre.
Sarkozy aceptó ante los jueces haber visitado la casa de Bettencourt poco antes de las elecciones presidenciales de 2007, el 24 de febrero, pero aseguró que lo hizo a petición de la familia. Aunque dos empleados domésticos afirmaron haber visto en la casa una segunda vez al entonces candidato, quince días antes, Sarkozy lo negó y ninguno de los trabajadores de los Bettencourt pudo confirmar que hubiera recibido dinero.
Según señaló el Tribunal de Apelación de Burdeos el 24 de septiembre pasado, hay una gran diferencia entre los indicios “graves y concordantes” hallados contra un imputado y las pruebas de cargo; si las segundas no son suficientes, no se puede enviar a un imputado a juicio. La decisión de los jueces sigue al pie de la letra esa norma y afirma que no ha lugar al enjuiciamiento de Sarkozy porque las pruebas no son lo suficientemente sólidas.
Aunque esto no significa que el imputado no hiciera lo que los jueces creen que hizo, y de hecho el auto no equivale a su absolución sino que responde a una renuncia técnica, el carismático exlíder de la derecha francesa podrá dejar atrás este enojoso caso, desvelado a raíz de la publicación de unas cintas grabadas por el mayordomo de Liliane Bettencourt y de una denuncia posterior de su hija única, Françoise.
El auto de enjuiciamiento deja en muy mal lugar al partido que lideraba Sarkozy, y sostiene que el gestor De Maistre transfirió al menos cuatro millones de euros sospechosos desde las cuentas de su jefa entre 2007 y 2009 para beneficiar al entonces tesorero de la UMP, Eric Woerth, que tras recoger el dinero chez Bettencourt corría hacia la sede de la campaña presidencial o directamente a ver a Sarkozy.
Sarkozy comentó la decisión a través de su cuenta de Facebook. “La justicia acaba de declararme inocente”, se felicitó, acusando a “los responsables políticos” que han “cultivado la sospecha” y la calumnia contra él.
El mensaje se convirtió en tendencia de forma inmediata en las redes sociales, donde numerosos juristas recordaron a Sarkozy que el “no ha lugar” al enjuiciamiento no significa que los hechos que se le imputaban no sucedieran, sino que el juez no continúa con el procedimiento penal porque no ha podido encontrar las pruebas suficientes.
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