El Gobierno desaloja a los maestros pero sabe que la resistencia continúa

El Gobierno de México desalojó a los maestros que desde hace más de tres semanas ocupaban el Zócalo, la principal plaza del país, con lo que la Administración no solo asegura la realización de las fiestas patrias sino que sienta un nuevo precedente, al usar la fuerza policial en contra de una protesta, una medida que en México resucita los temores surgidos de las represiones contra estudiantes en 1968 y en 1971, y la de 2006 contra pobladores de Atenco, en el Estado de México, cuando el hoy presidente Enrique Peña Nieto era gobernador de esa entidad.

El desalojo se ha convertido en el último capítulo de un pulso entre los profesores que rechazan la reforma educativa y un Gobierno que por un lado tramitó con celeridad y eficacia inauditas una nueva ley para la educación, al tiempo que sostenía negociaciones con los maestros inconformes.

Al final, y ante la inminencia de las celebraciones por la Independencia de México, cuya sede es el Zócalo, la Policía Federal echó mano de porras, gases lacrimógenos y tanquetas de agua para someter a grupos de maestros que se negaron a dejar la zona después de que este viernes al mediodía venciera un primer plazo puesto por la secretaría de Gobernación el jueves.

Hacia las cuatro de la tarde del viernes la Policía Federal entró al Zócalo, que miles de maestros ocupaban. Aunque la mayor parte de los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se había retirado por su propio pie a lo largo de la mañana del viernes —después de que la víspera la secretaría de Gobernación les había anunciado que tendrían que desalojar sí o sí la plaza— algunos docentes, integrantes de la sección 22 de Oaxaca y radicales infiltrados, resistieron hasta el último momento atrincherados tras improvisadas barricadas en calles aledañas al Zócalo.

Las autoridades extendieron el ultimátum para abandonar el campamento dos horas más y, hacia las cuatro de la tarde, policías y manifestantes se enfrascaron en varios choques en las calles del centro histórico; los agentes lanzaron gases lacrimógenos, mientras los partidarios de la protesta arrojaron cohetes, palos y petardos. Al final, según ha transmitido a los medios la Comisión Nacional de Seguridad, encargada del operativo policial, hubo un saldo de 31 detenidos (ningún docente entre ellos) y 11 policías heridos.

Ya por la noche, tras una reunión en la Secretaría de Gobernación a la que acudieron los líderes de las secciones 22, 9 y 18 de la CNTE, Rubén Núñez, Francisco Bravo y Juan José Ortega, respectivamente, y el Gobernador de Oaxaca (sureste del país), Gabino Cué, el titular de la cartera, Miguel Ángel Osorio Chong, ofreció una conferencia de prensa para expresar la postura del Gobierno.

El secretario de Gobernación ha explicado que el operativo se desplegó después de ofrecer alternativas a los líderes de la CNTE y de que una comisión liderada por el secretario de Gobernación capitalino, Héctor Serrano, intentara persuadir a los maestros a abandonar pacíficamente la plaza. Insistió en que la actuación de la policía ha estado apegada al respeto de los derechos humanos, con miembros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la del Distrito Federal siguiendo el proceso.

“El reclamo en las calles de una minoría no pueden cubrir las ausencias de una razón”, ha añadido Chong. “En el Gobierno somos conscientes de que en esta transformación se seguirán generando resistencias. Así son todos los procesos de profunda transformación”, ha indicado el ministro. “El proceso de reformas en que estamos inmersos dará beneficios a los ciudadanos, fortalece las instituciones y sienta las bases para una mejor sociedad mexicana”. El secretario ha reconocido que “los hechos de hoy no solucionan las pretensiones de este grupo de maestros”.

En distintos momentos de la negociación con el gobierno e incluso con el Congreso de la Unión, los profesores de la CNTE reclamaron desde errores e insuficiencias en la nueva ley, hasta la cancelación de la misma. La reforma educativa, reconocida como un gran paso por diversos sectores, fue la primera gran reforma del Pacto por México, un acuerdo entre el gobierno de Peña Nieto y los principales partidos de oposición. En su primer etapa fue aprobada en diciembre pasado, antes de que el nuevo presidente cumpliera un mes en el cargo. Y menos de 60 días después, la administración dio el golpe político más vistoso en décadas, al detener a Elba Esther Gordillo, la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y enemiga de la CNTE, que surgió precisamente para resistir liderazgos como el de Gordillo.

El desalojo de los maestros de la plaza se produce a tan solo dos días de que se celebren los actos conmemorativos por el Día de la Independencia, la fiesta nacional en México. El Zócalo es tradicionalmente el escenario de la verbena ciudadana, y desde un balcón del Palacio Presidencial el mandatario mexicano en turno da la noche del 15 de septiembre “el grito de independencia” –una arenga a los héroes mexicanos que es coreada por la multitud y que recuerda la proclama del cura Hidalgo en 1810, quien llamó a la rebelión desde una modesta plaza de Dolores Hidalgo, Guanajuato (centro del país)— y al día siguiente hay un desfile militar. Pese a que la plaza suele servir como sede de una multitud de manifestaciones no había precedente de que alguna protesta hubiese impedido la celebración de las fiestas o el desfile.

Los maestros, en la capital desde abril y en el Zócalo desde hace un mes, multiplicaron sus protestas en el mes de agosto, días antes de que fuera aprobada la ley General del Servicio Profesional Docente, una norma secundaria o la letra pequeña de la reforma educativa y uno de los puntos más conflictivos de la misma, al establecer que los profesores deben someterse a una evaluación para conservar su puesto de trabajo. El Congreso dio luz verde a la medida el 1 de septiembre, fue ratificada en el Senado cuatro días después y ha sido promulgada ya esta semana.

Durante todo este tiempo los maestros —principalmente provenientes de Oaxaca, Michoacán y Chiapas, donde el inicio escolar se ha visto retrasado— provocaron el caos en la capital del país al cortar calles, realizar dos bloqueos parciales al aeropuerto de la Ciudad de México y hasta sitiar las sedes del Congreso y el Senado, lo que obligó a los legisladores a trasladar sus sesiones. Aunque el desalojo de la plaza no supone el fin de las reivindicaciones magisteriales, resulta un alivio para el Ejecutivo de Peña Nieto, que vio durante semanas cómo los docentes, en un pulso como no había ocurrido igual desde 1989, trastocaron la vida de miles alumnos y de ciudadanos de la capital del país.