El PRI aprueba un retroceso en la ley de transparencia de México

La ley de transparencia de México, una de las más avanzadas del mundo, sufriría un serio golpe de aprobarse las modificaciones propuestas por los diputados del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), aprobadas la noche del lunes en la Cámara de diputados mexicana.

La propuesta contempla modificaciones que, según legisladores de oposición, contradicen lo que fue una de las principales promesas del presidente Enrique Peña Nieto (PRI) en su discurso de investidura: garantizar la transparencia del Gobierno. Una promesa que, además, es parte del Pacto por México, el ambicioso acuerdo político entre los tres principales partidos del país para aprobar reformas clave.

La propuesta votada por los diputados ha sorprendido a propios y extraños. El presidente había enviado un borrador que buscaba una mayor apertura de información y una propuesta acorde había sido redactada en el Senado para enviarse a la comisión de la Cámara baja para su aprobación. De ahí, las polémicas modificaciones fueron el resultado de un proceso “poco claro, cerrado, sin información disponible oportunamente y sin consultas públicas y abiertas”, según definieron las ONG México Infórmate y Colectivo por Transparencia en un comunicado.

Los cambios a la ley de transparencia restarían autonomía al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) en “seguridad, estabilidad económica y derechos humanos” lo que, en la práctica, significa que cualquier petición de información que se ajuste a alguno de estos temas puede ser llevada por la dependencia gubernamental a la Corte Suprema mexicana.

Ana Cristina Ruelas, de la ONG Artículo 19, cita como ejemplo una petición de su organismo para que el Gobierno mexicano difunda las primeras averiguaciones policiales tras la matanza de 72 inmigrantes centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas (noreste del país) en agosto de 2010. “Esta investigación podría caer en el rubro de 'seguridad', porque así de ambigua es la modificación”.

En este caso, la Procuraduría (Fiscalía) de México podría negarse a dar la información bajo este argumento e incluso llevar a quien la pidió, en este caso la ONG, a la Suprema Corte mexicana para evitar dársela. “Así un ciudadano, para obtener información, debería de pagar un abogado para defender su derecho. Son muchos más candados”, explica.

Para que los cambios se produzcan, falta que las reformas aprobadas por la comisión de la Cámara de diputados destinada al tema (modificaciones propuestas por el PRI y votadas por algunos miembros del PRD, izquierda) sea ratificada en el Senado. Alejandro Encinas, senador del PRD, dijo este martes que su grupo parlamentario no había sido notificado de las modificaciones.

“Estas modificaciones dejarían solamente el cascarón del IFAI. Es pura demagogia, una simulación para decir 'ya cumplimos con este compromiso del pacto por México' y es emblemático porque es la primera iniciativa que el presidente Peña Nieto envió al Senado”, explica la senadora Ana Laura Rojas del Partido Acción Nacional (PAN, conservador). “El mensaje que envían es gravísimo desde muchos puntos de vista. Es decir que no creen realmente en reformas que generen un mayor controle en el Gobierno ni en la rendición de cuentas y eso dice mucho en pleno debate de reformas económicas”. El presidente Peña Nieto presentó la semana pasada su propuesta de Reforma Energética que permitiría la inversión privada en Petróleos Mexicanos (Pemex).

Aprobada en la Cámara de Diputados mexicana en abril de 2002, un año y medio después de que la victoria de Vicente Fox pusiera fin al Gobierno ininterrumpido por 71 años del PRI, la ley de transparencia y acceso a la información de México había servido de ejemplo a otros países de la región por su avance. La legislación actual ocupa el sexto puesto en un listado de 95 países, según un estudio del Centro para la Ley y Democracia de Canadá difundido este año.