Bomberos y policías de todo Brasil acampan ante en el Congreso

La protesta la iniciaron los bomberos y este martes se les unieron policías civiles y militares de todos los Estados brasileños. Los funcionarios permanecen acampados frente al Congreso, en Brasilia, para exigir a los diputados que aprueben la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 300 que mejore sus sueldos, una medida a la que se opone el Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.

Los bomberos que intentaron entrar en la sala del plenario del Congreso fueron detenidos por los guardias de seguridad y solo se les autorizó a ocupar el conocido como Salón Verde. El presidente de la Cámara, Marco Maia, en ese clima de precaución que se ha creado entre los políticos y los ciudadanos que salen a protestar en las calles, les permitió a los bomberos colocar allí colchones y tiendas.

Los funcionarios recibieron agua pero del alimento tuvieron que ocuparse ellos mismos.  “No vamos a desistir de la aprobación de la PEC 300”, dicen los acampados, y añaden: “No saldremos de aquí hasta que la propuesta no sea aprobada”.

Hace tiempo que los bomberos y los dos ramos de la policía luchan para tener un techo salarial único y equiparado al que reciben los miembros de esas categorías en el Distrito Federal de Brasilia, que siempre han sido más altos. Esos salarios varían de categoría a categoría yendo de 15.350 reales (6.400 dólares) para el grado de coronel a 3.030 (1.200 dólares) para un soldado raso.

Para bomberos y policías, sin embargo, no será fácil conseguir su deseo de ver aprobado ese proyecto de ley al que se opone el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, que en este momento crítico para la economía no quiere forzar a los gobernadores a aumentar gastos. La presidenta tema, además, que los miembros de las Fuerzas Armadas su sumen a la petición. Los bomberos y policías insisten en que el proyecto debe ser aprobado en las próximas horas. El martes estaba prevista una reunión del Presidente de la Cámara Baja con una representación de bomberos y policías de los diferentes Estados del país.

La protesta de estas categorías crean un doble problema con el Gobierno, que está tenso con el Congreso que pretende poner a votación una serie de vetos de la presidenta Rousseff a otros tantos proyectos de ley ya aprobados por el Congreso. Las manifestaciones de la calle, la aproximación de las elecciones presidenciales y el deseo tanto de la Presidencia de la República como del Congreso de responder a las exigencias de los ciudadanos críticos de los políticos han creado una tensión entre el gobierno y los representantes del pueblo.

Por ejemplo, mientras Dilma ofreció la creación de un plebiscito nacional sobre la reforma política, los miembros del Congreso prefirieron hacer ellos mismos dicha reforma. La dinámica entre las instituciones políticas y la calle se ha complicado. Por una parte, los políticos quieren aparecer atentos al ruido de las plazas. La misma mandataria ha afirmado que ella “ha escuchado la voz de las protestas”. Por otra, las diferentes categorías de la sociedad aprovechan esa especie de miedo de los políticos a aparecer sordos a las reivindicaciones y se siente cada vez más fuertes y exigentes,como lo están haciendo los bomberos y los policías.