Estrasburgo declara ilegal el sistema inglés de cadena perpetua

El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha declarado contrario a la Convención Europea de Derechos Humanos el sistema de sentencias a cadena perpetua de Inglaterra y Gales que niega a los condenados el derecho a una revisión de su condena. La sentencia, dictada este martes, apenas tiene efectos prácticos pero supone una bomba política porque intensificará la campaña que se vive en Reino Unido desde hace tiempo proponiendo que el país se retire de la convención.

Estrasburgo se ha pronunciado contra el cambio legal introducido en 2003 por el entonces Gobierno laborista, obligando a que la cadena perpetua sea efectivamente reclusión de por vida, salvo que el ministro de Justicia decida la puesta en libertad por razones humanitarias. Es decir, si el reo está a punto de morir. La sentencia solo afecta a Inglaterra y Gales porque en Escocia no hay cadena perpetua y en Irlanda del Norte sí que hay un sistema de revisión de las condenas de por vida.

La decisión, que es inapelable, ha sido tomada por 16 votos contra uno por la llamada Gran Cámara, que revoca así la tomada en enero de 2012 por el tribunal a favor de la ley inglesa con el apoyo de cuatro jueces y el voto contrario de tres.

El tribunal argumenta que “si un prisionero es encarcelado sin ninguna perspectiva de ser puesto en libertad y sin ninguna posibilidad de que su sentencia a perpetuidad sea revisada, existe el riesgo de que nunca se arrepienta de su crimen”. “Haga lo que haga en prisión, por muy excepcionales que sean sus avances hacia la rehabilitación, su castigo es inamovible y no se puede revisar”, razonan los jueces. El problema de fondo, argumentan, es que un sistema como el que existe en Inglaterra y Gales se aleja del objetivo que se supone que tienen las políticas penales modernas: rehabilitar al criminal.

La sentencia es consecuencia de la demanda interpuesta por tres de los 49 asesinos que han sido condenados a perpetuidad. Se trata de Jeremy Bamber, condenado por el asesinato de cinco miembros de su familia en Essex en 1985 aunque siempre ha mantenido su inocencia; Douglas Vinter, que se declaró culpable del asesinato de su mujer en 2008; y Peter Moore, que mató “por placer” a cuatro homosexuales en Gales en 1995.

En la práctica, la sentencia difícilmente supondrá la puesta en libertad de estos reos porque el tribunal no niega el derecho de los Estados a imponer sentencias de cadena perpetua ni el derecho a mantener a los condenados en prisión toda la vida si considera que siguen siendo peligrosos para la sociedad. Lo que exige es la posibilidad de que puedan tener derecho a ser excarcelados si el Estado considera que se han rehabilitado. Esa decisión puede ser tomada por jueces o por el Gobierno directamente, argumenta el tribunal. Londres tiene seis meses para adoptar las medidas que considere necesarias para cumplir con el dictamen del tribunal.

Pese a ello, la sentencia está provocando una intensa tormenta política en Reino Unido y refuerza a quienes defienden ya desde hace tiempo juna profunda reforma de la legislación europea sobre derechos humanos o incluso la retirada británica del tribunal. “Discrepo profundamente con el tribunal y esto no hace más que reforzar mi determinación de restringir el papel del Tribunal de Derechos Humanos tiene en Reino Unido”, ha declarado el ministro británico de Justicia, Chris Grayling. “Lo que está diciendo el tribunal es que un juez ya no le puede decir a los más terribles criminales que nunca estarán en libertad. Creo que quienes redactaron la Declaración de Derechos Humanos original estarían revolviéndose en sus tumbas con esta sentencia”, añadió.