Crispación por la anulación de la orden de captura contra el expresidente Serrano

La decisión de una Sala de Apelaciones de Guatemala, que el martes 25 anuló las órdenes de captura y extradición que pesaban sobre el expresidente Jorge Serrano, quien el 25 de mayo de 1993 intentó replicar en Guatemala el auto golpe perpetrado un año antes por Alberto Fujimori en Perú, ha vuelto a crispar el ambiente político local y ha puesto de nuevo en entredicho el funcionamiento de la justicia guatemalteca, considerada corrupta e inoperante.

“Las órdenes de captura y persecución penal dictadas contra Jorge Serrano son ilegítimas e ilegales”, reza la sentencia, que deja sin validez todo el procedimiento seguido contra el exmandatario. El fallo, inapelable, fue dividido. Uno de los tres magistrados, Manuel Romero Gerardi, votó en contra.

Los abogados de Serrano argumentan vicios de forma en el proceso y, señalan, entre otros, que no se respetó la inmunidad que le garantizaba su investidura como presidente de la República

Para Cyntia Fernández, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), la decisión de la Sala impacta directamente en las instituciones de justicia, particularmente en la Fiscalía y el Organismo Judicial, que dejaron de lado si Serrano podía o no ser sujeto de un proceso de “antejuicio” (figura que localmente se refiere al proceso de despojo de la inmunidad), “error que se paga muy caro 20 años después”.

La experta puntualiza que judicialmente el caso está ahora en punto muerto, y habrá que establecer previamente si en el momento de su imputación había sido ya anulado el Estatuto Fundamental de Gobierno (con el que Serrano pretendía gobernar tras anular la Constitución), y era ya aplicable la figura de abandono del cargo para el que había sido investido.

En ese sentido también se pronuncia Ileana Alamilla, del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), quien califica la resolución de lamentable. “El antejuicio es un privilegio del cargo. En este caso, de la Presidencia de Guatemala, no de la persona”. Subraya que la resolución de la Sala de Apelaciones violenta el concepto de esa figura política. ¿Por qué después de 20 años?, se pregunta, para concluir en que guarda plena confianza en que las acciones ya anunciadas por la Fiscalía permitan la restitución de la petición de extradición y el enjuiciamiento del exmandatario, “dadas las características y el alto impacto de su intento de romper el orden legal”.

El abogado Manuel Conde Orellana, quien fuera secretario privado de la Presidencia y, posteriormente, negociador de la paz durante el Gobierno de Serrano, dijo que invocar a la inmunidad del cargo “es algo alejado del derecho y de la realidad”. Para Conde, lo procedente sería que el exmandatario venga a Guatemala, como el ciudadano común que ahora es, “se presente a los tribunales y demuestre su inocencia o, por el contrario, el Estado compruebe la existencia de los delitos por los que lo reclama.

“La sentencia ha provocado un impacto negativo en la credibilidad del sistema de justicia, porque 20 años después de ocurridos los hechos se viene a decir que todo lo actuado no se apega al derecho. Que se tarde 20 años en reconocer un fallo en el debido proceso es una muestra innegable de la debilidad de la justicia guatemalteca, que queda muy mal parada”, concluye.

En el otro plato de la balanza se encuentra el analista Edgar Gutiérrez, quien señala que la resolución “ha liberado la justicia”, en el sentido de que ha puesto al descubierto una debilidad del procedimiento que se siguió para pedir la extradición de Serrano Elías. “No se puede iniciar un procedimiento sin previamente levantar la inmunidad del acusado. La decisión puede ser controversial, pero los juzgadores actuaron al margen del debido proceso”, señala.

Añade que un eventual retorno de Jorge Serrano a Guatemala “aumentará la confrontación política, entre otras razones porque en los dos libros escritos por el expresidente para analizar su mandato y desenlace, señala al actual mandatario, Otto Pérez, de formar parte de una conspiración que terminó con su régimen” y lo obligó a salir del poder, el 31 de mayo de 1993.

Entrevista con Jorge Serrano 

Desde su exilio en Panamá, donde buscó refugio en junio de 1993 tras su fallido auto golpe de Estado del 25 de mayo de ese año, Jorge Serrano Elías, de 68 años, dijo telefónicamente a EL PAÍS que lo más importante de la decisión de la Sala de Amparo que anuló los cargos en su contra ha sido evidenciar que todo lo actuado por el Estado guatemalteco ha sido ilegal. “Se violaron todos mis derechos constitucionales y se me negó el debido proceso”, afirma.

Añade que a lo largo de 20 años, la Fiscalía guatemalteca fue incapaz de presentar un solo documento incriminatorio en su contra, “lo que permite tipificar mi caso como una persecución política que se prolongó por 20 años”. Esto, añade, tiene un aspecto positivo para Guatemala: “La justicia llegó. Tarde, pero llegó”.

El tono de voz del exmandatario permite adivinar que su estado de ánimo es triunfal, lo que aprovecha para mandar un mensaje político: “No podemos seguir esperando que toda la gente tenga que esperar dos décadas para que se le haga justicia. Eso es lo que tiene a mí país como paradigma mundial de ingobernabilidad y con un 98% de impunidad. Así las cosas, nadie confía en la justicia y la gente acude a procedimientos al margen de la ley para cobrarse las ofensas”.

Serrano, que tiene estatus de refugiado político, señala que en cuatro oportunidades el Estado panameño determinó que “no existían causales jurídicas para acceder a la extradición solicitada por Guatemala”. Añade que sabe que en dos oportunidades, “el departamento jurídico del ministerio guatemalteco de Exteriores hizo ver a las autoridades que la petición de extradición no podía progresar, porque no había pruebas que apuntalaran los delitos que se me imputaban”.

“Ya estoy de regreso en la política de mi país”, responde a la pregunta acerca de su futuro a mediano plazo, y alude a la publicación de dos libros, La guayaba tiene dueño y El desmadre tiene nombre, que representan, en palabras del autor, “una denuncia contra el secuestro del Estado y todas las arbitrariedades que los grupos de poder comenten en Guatemala”. En este contexto, Jorge Serrano afirma que su lucha “va mucho más allá de defender mi nombre y el de mi familia y pretende defender el sistema de justicia guatemalteco”.

Serrano dice estar consciente de la crispación que su caso ha despertado en Guatemala. “Estoy absolutamente consciente de que esta resolución ha partido el ambiente político en Guatemala. Eso es lo que yo quería. Porque mi propósito es que los guatemaltecos tomen conciencia de que no podemos seguir viviendo como esclavos de señores feudales que manejan el país como se les da la gana”.