“Nos va a costar mucho perdonarles”

José Arnaldo quería presentar a su novia a su familia el domingo 13 de enero. Fue a recogerla a la salida de la tienda del barrio con un amigo. Nunca regresó. Los vecinos aseguran que una camioneta oscura se los llevó. Dos semanas después su tío, pocos años mayor que él, Ivis Ocegueda, recibió un SMS: “José está muerto, y los próximos son ustedes”.

José habría cumplido ahora los 18 años y trabajaba vendiendo ropa en un mercado. Vivía en una de las colonias más bravas de San Pedro Sula, la Rivera Hernández, uno más de las decenas de asentamientos organizados por los campesinos que llegaron hace tres décadas a trabajar a las maquilas (factorías) de la ciudad más pujante del país. En un campo de fútbol cercano, 14 jóvenes fueron asesinados hace dos años y medio mientras jugaban con la pandilla rival. Es uno de los 51 barrios que permanecen bajo control de las bandas, según registros de la Unidad de Maras y Pandillas de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC).

En Tegucigalpa, la capital, se computan otras 60. “Los que gobiernan aquí son las pandillas”, espeta Rosa Xiomara Ocegueda, tía de José. Después del homicidio, todos los hombres de la casa decidieron emigrar. Solo quedaron el abuelo y las mujeres. La historia se repite en cientos de familias hondureñas.

El cese de la violencia prometido por las pandillas el martes desde el penal de San Pedro Sula es una puerta a la esperanza. Sin embargo, el recelo es inevitable. “Sería muy bueno que dejaran la violencia, pero nos va a costar mucho perdonarles”, confiesa Ocegueda. Honduras es el país con la tasa más alta de homicidios del mundo, y la región colindante a San Pedro Sula es uno de sus focos de violencia.

“No es el momento todavía, las maras y pandillas deben hacer primero una tregua entre ellas para que baje la violencia, y luego, con los hechos en la mano, planteársela a la sociedad”, resume Ernesto Bardales, de la asociación Hondureños Adelante Juntos Avanzamos (HAJA), que lleva 15 años de trabajo con jóvenes en situación de riesgo. Bardales explica que las pandillas han ido mutando en 20 años de vida, pasando de ser un “movimiento de jóvenes” en los noventa, una especie de tribu urbana, hasta convertirse en organizaciones que daban seguridad a sus barrios. En la actualidad, con Honduras convertida en centro estratégico de paso de la droga hacia al norte, se ocupan también del control de las rutas del narcotráfico en el país. Como subraya un estudio de Unicef, las pandillas “se han especializado en narcotráfico, secuestros, sicariato y extorsiones”. En el Valle de Sula, la Cámara de Comercio asegura que entre 15 y 30 empresas cierran cada semana a causa de las extorsiones de mareros. Una tienda de ultramarinos paga unos 15 dólares semanales a las organizaciones criminales en lo que se conoce como impuesto de guerra.

“Eso de la tregua es pura paja”, refunfuña un taxista de la ciudad que prefiere ocultar su nombre. Él y cada uno de los 10 taxis que conforman su agrupación pagan 10 dólares semanales a las pandillas. Y todo eso con la policía al tanto, que deja impunes el 80% de las denuncias y en la que varios de sus miembros están imputados por su vinculación con las pandillas y el narcotráfico. En Honduras, con ocho millones de habitantes, cada día mueren violentamente un promedio de 20 personas. Una cuarta parte de los casos se atribuyen a las maras.

“El Estado se encuentra en una situación excepcional de crisis de seguridad e institucional, así que cualquier avance hacia la paz y la estabilidad viene bien. El problema es que tampoco se ve a la par una recuperación de las instituciones de seguridad y justicia, ni una propuesta de estrategias juveniles. Un país que no tiene desarrolladas estrategias de prevención de la violencia y de oportunidades productivas, no puede llegar a buen puerto”, explica Arabeska Sánchez, coordinadora del Área de Seguridad del Observatorio de la Violencia.

El Gobierno, en cambio, ha celebrado la noticia. El presidente Porfirio Lobo ofreció “todo lo que necesite” al obispo Rómulo Emiliani, mediador con las pandillas, para sacar adelante el diálogo. “Si entre ellos llegan a un acuerdo y también con la sociedad civil, y es avalado por órganos como la Iglesia, me parece que el Estado debe intervenir para que tenga un grado de institucionalidad y de autoridad”, declaró el vicepresidente de la Comisión de Seguridad del Congreso, Germán Leitzelar.