Las relaciones entre la Mafia y el Estado italiano llegan a los tribunales

Hace 20 años, entre la primavera de 1992 y el invierno de 1993, mientras los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino eran asesinados junto a sus guardaespaldas, altos personajes del Estado italiano y de la Mafia siciliana estaban negociando. ¿Quiénes? ¿Para qué? ¿A cambio de qué? Son algunas de las respuestas que, desde este lunes, trata de responder un tribunal de Palermo. En el banquillo de los acusados, por primera vez en la historia, se sientan juntos representantes del Estado, sicarios, mafiosos arrepentidos y grandes jefes de la Cosa Nostra. Los fiscales que desde 2009 investigan la misteriosa “trattativa Stato-Mafia” (la negociación entre el Estado y la Mafia siciliana) también han llamado a declarar a 176 testigos. El número 63 es el mismísimo Giorgio Napolitano, actual presidente de la República.

Napolitano está citado porque, a lo largo de 2011, Nicola Mancino, ministro del Interior entre 1992 y 1994, supo que estaba siendo investigado por los fiscales de Palermo, se sintió acorralado y decidió pedir ayuda al presidente Napolitano. Llamó varias veces al palacio del Quirinal y en unas ocasiones habló con el asesor jurídico Loris D’Ambrosio y otras con Napolitano. Lo que no sabía Mancino era que su teléfono ya estaba siendo intervenido por orden judicial. Las conversaciones con D’Ambrosio –que murió de infarto el verano pasado-- fueron publicadas enseguida, mientras que Napolitano apeló a la inviolabilidad del jefe del Estado y las cintas fueron destruidas. Mancino, que ya ha pasado su primera mañana en el banquillo, ha pedido ser juzgado por separado. “No puedo estar en el mismo proceso junto a miembros de la Mafia”. A modo de respuesta, el fiscal Nino Di Matteo ha dicho: “El Estado no puede esconder su responsabilidad”.

Pero lo cierto es que la lleva escondiendo dos décadas. La teoría de los fiscales sicilianos es que a finales de 1992, después de los asesinatos del político Salvo Lima —cercano a la Cosa Nostra y colaborador de Giulio Andreotti— y del juez Giovanni Falcone, altos representantes políticos y policiales del Estado italiano tuvieron conocimiento de que la Cosa Nostra tenía una larga lista negra de objetivos entre los que se encontraban algunos ministros. Según esa versión, y con el fin último de salvar el pellejo, el Estado propuso a Salvatore Totò Riina, jefe del sanguinario clan de los Corleonesi, un pacto. A cambio de frenar los atentados, el Estado estaría dispuesto a suavizar las duras condiciones carcelarias de 400 detenidos y a otros privilegios legales. De ahí que, pese a las protestas del exministro Mancino, ahora se encuentren sentados en el mismo banquillo personajes tales como el senador Marcello Dell’Utri, gran amigo de Berlusconi y su presunto contacto con la Mafia; los generales Antonio Subranni y Mario Mori junto a mafiosos como Giovanni Brusca —uno de los asesinos del juez Falcone— o el mismísimo Totò Riina, el último capo dei capi (jefe de jefes).

También está imputado Massimo Ciancimino, hijo de Vito, alcalde de Palermo, quien aportó a la justicia una serie de documentos heredados de su padre gracias a los cuales los fiscales han podido armar la acusación. En uno de esos documentos estaban las 12 peticiones que al parecer hizo Totò Riina al Estado para dar la orden de alto el fuego. Salvo el exministro Mancino —acusado de falso testimonio— y Ciancimino —de asociación mafiosa—, el resto está acusado de violencia contra el Estado y de favorecer a la Cosa Nostra. El juicio se reanudará el viernes. Italia se enfrenta con la ley en la mano a uno de sus más dolorosos misterios.