La condena por genocidio a Ríos Montt reabre la división en Guatemala

El 11 de mayo de 2013 es una fecha que pasará a la historia de Guatemala: 29 años, nueve meses y tres días después de ser apartado del poder, el anciano José Efraín Ríos Montt, el hombre que gobernó este país centroamericano con mano de hierro entre el 23 de marzo de 1982 y el 9 de agosto de 1983, vio el amanecer desde una celda. El general de la Biblia y la espada es el reo número 19 del cuartel de Matamoros, habilitado como cárcel para prisioneros vulnerables, aquellos que es necesario mantener lejos de los centros penitenciarios comunes.

La lectura de la sentencia, el viernes en una sala abarrotada de público, fue interrumpida por un fuerte aplauso en el momento en que la juez que presidía el tribunal, Jazmín Barrios, anunció que Ríos Montt, de 86 años, es culpable de genocidio y delitos de lesa humanidad. Recibió sendas condenas de 50 años por el primero y 30 más por los segundos: 80 años inconmutables. “Los jueces consideramos que el acusado tuvo conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo y no lo detuvo, pese a tener el poder para hacerlo”, se lee en la sentencia.

En su primera declaración a la prensa tras conocerse el fallo, Ríos Montt calificó la pena como “un show político internacional” y dijo que va a la cárcel sin sufrir ninguna angustia. “Siempre he cumplido con la ley”, dijo.

Ríos Montt calificó la pena como “un show político internacional”

La condena sorprendió al mundo. Pero internamente provoca sentimientos encontrados en una sociedad que, 17 años después de la firma de la paz que puso fin a casi cuatro décadas de una cruenta guerra civil (más de 250.000 muertos), sigue profundamente dividida. Durante el proceso de paz, hubo un momento en que la Comisión de Reconciliación simplemente fue disuelta y salió de la agenda política. Nadie trabajó en la necesidad de sentar las bases para una reconciliación.

“La ley de amnistía, dictada por los militares antes de entregar el poder a los civiles, tuvo la virtud de calmar los ánimos en la medida en que nadie —guerrilleros o militares— se sentía amenazado. Esto favoreció una transición sin asesinatos políticos selectivos”, explica el analista Manuel Conde, exnegociador de la paz.

Para Conde, la sentencia de Ríos Montt hace que muchos militares sientan ahora el peligro de ser juzgados, lo que explica la forma granítica en que han reaccionado en apoyo a Ríos. “Es la unidad frente a la amenaza”, dice, fortalecida por la decisión de la juez Barrios de ordenar que se amplíen las investigaciones en torno a los autores de las barbaries de la guerra. Los siguientes en la lista esbozada por la juez son militares de la línea dura, en un Ejército donde todos eran halcones.

El peligro de una involución, de la vuelta a la violencia, ha sido señalado por la derecha económica, y ahora cobra verosimilitud. Conde recuerda que en estos momentos Guatemala afronta 125 “conflictos de mecha corta” en las zonas rurales por la minería a cielo abierto, reclamaciones de tierras o el acceso al agua, sin que el Gobierno dé muestras de prestarles la menor atención ni de capacidad para encontrar soluciones. En estas condiciones, según el analista, “cualquier gesto de agresión, provenga de donde provenga, puede ser la chispa que nos devuelva a la violencia política”.

Rigoberta Menchú espera que la condena traiga más integración racial

Esta preocupación es compartida por el Defensor del Pueblo, Jorge De León Duque, quien hizo un llamamiento a la sensatez “y a que se respeten los fallos”, y recordó que se puede apelar .

El general José Luis Quilo Ayuso, un duro donde los haya, no ocultó su frustración por el fallo condenatorio. “Me siento frustrado. No había ningún argumento para juzgar al general por genocidio. Creo que el tribunal ya tenía una consigna. El daño y la ofensa son muy duros. Me siento decepcionado”, dijo al diario elPeriódico.

En nombre de las víctimas indígenas Rigoberta Menchú Tum, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1992, no podía ocultar este sábado en conversación con EL PAÍS su satisfacción.

Para ella, la sentencia puede ser importante para introducir cambios en la relación entre indios y ladinos (mestizos), para dar paso a un país igualitario. “Esperamos que esa sentencia contribuya a ese acercamiento igualitario”, dijo. Menchú cree que en el juicio quedó claro que no se trata de una persecución política, lo que se demuestra con la absolución del exjefe de inteligencia militar de Ríos Montt, el también general retirado Mauricio Rodríguez.

El panorama abierto tras la sentencia tiene aristas que pueden alterar el futuro político guatemalteco. Uno de los riesgos, de acuerdo a Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, es que ocurra un fractura en el interior del Organismo Judicial, donde el enfrentamiento entre las dos juezas del proceso ha creado filias y fobias gremiales, y donde las simpatías estarían mayoritariamente a favor de la juez Patricia Flores, partidaria de anular todo lo actuado y empezar desde cero.

El desarrollo del juicio también despierta sospechas acerca de una inclinación de la sala de apelaciones en favor de las tesis de los militares.

Para Ibarra, el caso Ríos Mont podría motivar un terremoto político en Guatemala, dada la orden del tribunal de continuar hasta las últimas consecuencias con la investigación del genocidio. Esto abre incógnitas comprometedoras para las estructuras tradicionales de poder, como qué estructuras sociales, políticas, económicas y militares hicieron posible el surgimiento de un Estado contrainsurgente.