Cameron se centra en la inmigración por el ascenso de los eurófobos

Aún a riesgo de parecer más preocupado por su futuro y el de su partido que del país, David Cameron ha centrado en la inmigración el programa legislativo del Gobierno británico en el año parlamentario entrante. Intenta así aplacar al ala derecha de los conservadores y atraerse a los votantes del antieuropeo y antiinmigración Partido por la Independencia de Reino Unido (UKIP).

Isabel II leyó este miércoles el tradicional discurso de la reina en presencia, por primera vez desde 1996, del príncipe Carlos. Novedad significativa en un momento en que está reduciendo su actividad por su avanzada edad. El contenido, una quincena de propuestas dominadas por la inmigración, por la reforma del sistema de pensiones para introducir una pensión única y por la reforma de la normativa sobre el cuidado de personas imposibilitadas.

Casi tan destacado como eso fueron las ausencias. Como la renuncia del Gobierno a establecer un precio único para el alcohol y que el tabaco se venda en paquetes en blanco, que las malas lenguas atribuyen a que el líder del UKIP, Nigel Farage, es un conocido bebedor y fumador; ninguna referencia al referéndum sobre la permanencia de Reino Unido en la UE, que Cameron ha prometido para 2017 si es reelegido y que sus críticos quisieran que se convocará el año que viene; y las medidas que la ministra del Interior, Theresa May, quería introducir para que la policía pueda acceder a la lista de direcciones visitadas por los internautas y a quién han enviado correos electrónicos, que se ha caído por la oposición de los liberales-demócratas, socios de coalición.

El hecho de que esas propuestas legislativas no estuvieran en el discurso de la reina no significa, sin embargo, que el Gobierno no pueda llevarlas al parlamento si lo considera conveniente.

La batería de propuestas para reducir o dificultar la inmigración se dirigen tanto a la procedente de terceros países como a la del interior de la Unión Europea, con el objetivo sobre todo de evitar una hipotética avalancha de ciudadanos de Rumania y Bulgaria cuando en 2014 caduca el periodo transitorio que limita su derecho a trabajar en Reino Unido y otros Estados miembros.

Entre esas medidas destaca la controvertida idea de multar a los caseros si no comprueban si sus inquilinos residen legalmente en el país. En una entrevista en el programa Today de BBC Radio 4, el ministro de Sanidad Jeremy Hunt fue incapaz de explicar qué ha de hacer un casero para cumplir esa obligación.

Otra propuesta polémica es la de limitar el acceso de los inmigrantes -incluidos los de la UE- a los servicios y ayudas sociales, uno de los problemas a los que se ha agarrado el UKIP en su campaña contra los extranjeros. Cameron quiere que pierdan el derecho a cobrar el desempleo si están seis meses sin buscar trabajo, que tengan que esperar entre dos y cinco años para acceder a viviendas sociales o que entren en el país con un seguro médico o el país de origen pague sus facturas sanitarias. El Gobierno lleva meses preparando estas medidas, de difícil aplicación porque pueden ser contrarias a la legislación europea si discriminan por nacionalidad.