Decenas de sin papeles detenidos inician una huelga de hambre en Holanda

Cerca de un centenar de solicitantes de asilo mantienen desde hace una semana una huelga de hambre en el aeropuerto internacional de Ámsterdam-Schiphol y en Rotterdam, sedes de los principales centros de internamiento de extranjeros en situación irregular en Holanda. Todos piden lo mismo: un trato más humanitario. Si bien varios huelguistas abandonaron la protesta el lunes, otros se unieron a ella poco después. De los 19 que llegó a haber en Schiphol, lo dejaron 10. Uno fue hospitalizado y luego rechazaron la comida otros 10. En Rotterdam, el grupo sumaba 73, según la sección holandesa de la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Esta forma de protesta es poco frecuente en el país, pero la actual política de asilo, con centros más parecidos a una cárcel que a un local de internamiento temporal, ha sido criticada por el Consejo de Europa, el Tribunal Europeo de Justicia y la propia ONU. En particular llama la atención que el Gobierno no diferencie entre menores y adultos. Los niños son encerrados con sus familias mientras se estudia el caso.

La huelga de hambre comenzó el pasado 30 de abril en el aeropuerto, y el Gobierno intenta lograr desde entonces que depongan su actitud. Los protagonistas son extranjeros que responden al modelo de asilado que llega en avión y es retenido automáticamente. Ni siquiera sale del recinto aéreo mientras se revisa su situación. En principio, en 14 días deberían saber si tienen alguna posibilidad de que su expediente sea admitido a trámite. En la práctica, los plazos son más lentos. Varios de los 250 detenidos allí ahora llevan seis meses esperando. “Hay otros dos tipos de asilado. De un lado, los que entran por tierra y deben saber en seis semanas si podrán pedir asilo y apelar en caso de rechazo. Comparten el mismo internamiento que los llegados por vía aérea. Muchas horas dentro y nada que hacer. El año pasado hubo un caso extremo. La persona en cuestión pasó 178 días esperando. La otra modalidad son los que han perdido el caso y serán deportados”, dice René Bruin, jefe de la oficina de ACNUR en Holanda. “Si bien todos buscan asilo y sus historias son distintas, no tienen por qué permanecer en estas condiciones. Solo si fueran un peligro para la seguridad nacional”, añade. El grupo de asilados que puede residir de forma provisional en Holanda con libertad de movimiento suele ser pequeño, según la misma organización.

Pese a las críticas internacionales recibidas, el punto de inflexión en la política holandesa de asilo puede marcarlo la muerte del disidente ruso Alexander Dolmatov. Arrestado en mayo pasado durante una manifestación contra el presidente, Vladímir Putin, el activista huyó a Holanda y pidió asilo político. No lo consiguió y en enero se suicidó en Rotterdam, donde aguardaba la deportación. El informe elaborado tras el fallecimiento criticó la falta de comunicación entre todas las instancias legales holandesas que vieron su caso. La conclusión es que no debieron haberle internado. A partir de entonces, la postura oficial ha cambiado. Donde antes se citaba solo el acuerdo de Schengen de movimiento de personas entre los países firmantes (22 de la UE más Islandia, Suiza y Noruega) para justificar el encierro, ahora se habla de “alternativas a la detención”. Es el lenguaje empleado por Justicia, cuyo secretario de Estado, Fred Teeven, espera presentar en junio “un plan de seguridad estricto, aunque más humano”.

La rígida situación holandesa no es única. ACNUR señala leyes similares en Reino Unido, Grecia, Malta, Bélgica o Hungría. Suecia sí utiliza centros en régimen abierto dentro del país. En estos momentos, los únicos asilados con derechos inapelables en Holanda son los sirios que han huido de la guerra de su país.