El nuevo juicio contra Mubarak por la represión es aplazado

El inicio del nuevo juicio al ex dictador egipcio Hosni Mubarak deberá esperar como mínimo varias semanas. El sábado por la mañana, Mustafá Hassan Abdulá, juez del tribunal penal de El Cairo, recusó presidir el proceso y lo traspasó a la corte de apelación de la capital egipcia. En enero, un tribunal había anulado el juicio y la condena a cadena perpetua que fue impuesta al ex presidente por la represión de los manifestantes durante la revolución y ordenó su repetición.

Tanto Mubarak como el resto de procesados en esta causa, sus hijos Alaa y Gamal, su último ministro del Interior, Habib al-Adly y seis altos cargos del ministerio del Interior volvieron a comparecer en la jaula de los acusados. La sesión, que se celebró en una academia de policía situada a las afueras de El Cairo, duró tan sólo unos minutos, el tiempo que necesitó el juez Abdulá en justificar su inhibición.

El ex dictador llegó a la Academia Policial en helicóptero desde el hospital militar de Maadi, donde fue ingresado en diciembre tras una caída en el baño. Si bien en los últimos meses su estado de salud ha sido objeto de numerosos rumores en los medios de comunicación egipcios, Mubarak presentaba el sábado un buen aspecto. Durante la vista, ha permanecido sentado en una camilla, ha conversado con sus dos hijos, y en diversas ocasiones ha saludado a sus partidarios presentes en la sala.

La confusión en torno al juicio a Mubarak pone de manifiesto el fracaso de las autoridades

“El pueblo quiere la ejecución del ex presidente!”, corearon los detractores del ex raïs presentes en la sala justo después de conocerse la decisión del magistrado, lo que provocó una pequeña escaramuza con los defensores del antiguo régimen. A las puertas de la academia, custodiada por una fuerte presencia policial, también se dieron cita decenas de personas de ambos bandos, separados por un cordón de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, a diferencia del primer juicio, éste no ha despertado una auténtica fiebre entre los egipcios, más preocupados por la delicada situación económica del país, y su inestabilidad política y social.

La inhibición del juez Abdulá fue bien recibida por los familiares de las víctimas, pues dudaban de su imparcialidad. El magistrado presidió la causa contra 21 altos cargos del régimen acusados de organizar la llamada “Batalla de los camellos”, una violenta ofensiva contra los manifestantes que ocupanan la plaza Tahrir el 2 de febrero del 2011.

“Soy uno de los abogados que solicitó la recusación del juez: él fue el juez de la “Batalla de los camellos”, en la que todos [los acusados] fueron absueltos. Esto nos preocupaba, temíamos que no sería imparcial, y que su presencia impediría un juicio justo”, declaró al periódico Al Ahram el abogado Amer Ahmed Saad. “Al final, se ha retirado porque se siente “avergonzado”. Y esto satisfecho con ello. Es la decisión correcta”, añadió.

La confusión en torno al juicio a Mubarak pone de manifiesto el fracaso de las autoridades a la hora de aplicar un plan para la justicia transicional. Hasta ahora, ningún alto cargo ha sido condenado por la represión de la población y las violaciones de los derechos humanos durante el antiguo régimen. El presidente Morsi ordenó la creación de una comisión de investigación sobre la represión de la revolución. A pesar de haber recibido sus conclusiones hace más de tres meses, no ha tomado ninguna decisión al respecto.

Inmerso en una agria batalla con la oposición laica, Morsi no se ha querido enfrentar a la policía y el ejército, dos de los grandes poderes fácticos del Estado. Esta semana, el diario The Guardian ha filtrado partes del informe, en el que se detallan casos de tortura y asesinatos cometidos por parte del ejército durante los 18 días de la revuelta. El texto desmiente el supuesto rol neutral de las Fuerzas Armadas en el histórico pulso entre Mubarak y los manifestantes que terminó con la renuncia del raïs que gobernó Egipto con puño de hierro durante cerca de 30 años.

Tras la breve sesión, Mubarak volvió al hospital militar donde se encuentra recluido. Sin embargo, sus abogados argumentan que debería ser puesto en libertad provisional, pues ya hace más de dos años que se encuentra en prisión preventiva, el periodo máximo que permite la legislación del país. De momento, las autoridades van renovando su arresto por periodos de 15 días con el objetivo de interrogarle por otras causas abiertas por apropiación indebida de fondos públicos.